Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación de Fiscalía de Estado y mantuvo el amparo contra IPROSS a favor de C.C.E., con costas por su orden. La decisión confirmó la cobertura ordenada frente a una prestación sanitaria vinculada con una persona identificada como B. La Provincia cuestionaba la procedencia de la vía, el alcance de la orden y la incidencia presupuestaria o administrativa. El tribunal sostuvo que los agravios no desvirtuaban la sentencia, que el amparo resultaba idóneo ante la urgencia y que la obra social había autorizado sólo parcialmente la prescripción médica sin razones suficientes. También destacó el interés superior de B. y el principio de progresividad. Por sensibilidad sanitaria y niñez, requiere revisión.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la Provincia y confirmó la sentencia contencioso laboral, pero ordenó que en la etapa de liquidación el tribunal de origen trate expresamente la capitalización de intereses del art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial conforme la doctrina Machin. La demandada cuestionaba la procedencia del adicional por zona desfavorable y la capitalización. El STJ sostuvo que la Cámara había receptado la doctrina legal vigente, que la deuda era determinable y que los agravios expresaban disconformidad subjetiva. Aun así, exigió un pronunciamiento concreto de razonabilidad y proporcionalidad en liquidación. Por la brecha taxonómica sobre capitalización, queda en revisión.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de los letrados, revocó en lo pertinente la sentencia de grado y ordenó una nueva regulación de honorarios, sin costas. La decisión no resolvió el fondo laboral entre Valdez y Resagos Cipolletti, sino la cuestión arancelaria planteada por los profesionales por derecho propio. El tribunal sostuvo que, aunque la materia honoraria suele estar excluida de la vía extraordinaria, el caso habilitaba tratamiento por involucrar la correcta aplicación del art. 10 de la Ley G 2212. Remitió a doctrina legal reciente sobre la diferencia entre abogado y procurador y la función de la regulación. En consecuencia, devolvió la causa al tribunal de origen para recalcular honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de Daniel Alejandro Rojas en una causa por robo agravado con armas, en poblado y en banda, y amenazas calificadas. La decisión cerró la vía extraordinaria penal. La defensa pretendía superar la denegatoria de la impugnación extraordinaria, pero el tribunal sostuvo que no rebatía el argumento central sobre la falta de un supuesto del art. 242 inc. 2 del CPP. También recordó que la queja exige demostrar el error concreto de la denegatoria y que no basta reeditar agravios ya tratados. En consecuencia, consideró formalmente insuficiente el recurso y mantuvo cerrado el acceso al STJ.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la queja de Fiscalía de Estado y concedió con efecto suspensivo la apelación que había sido denegada en la ejecución de una sentencia de amparo. La decisión abrió la vía apelatoria contra el pronunciamiento del 25 de febrero de 2026, sin resolver todavía el fondo de la ejecución. La Provincia pretendía obtener la concesión del recurso deducido en subsidio de revocatoria. El tribunal sostuvo que, de acuerdo con las constancias acompañadas, estaban cumplidos la autosuficiencia de la queja y los requisitos formales de admisibilidad de la vía intentada. Por tratarse de ejecución de amparo y por identidad abreviada, el extracto queda sujeto a revisión.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de Raúl Sebastián Verón en una causa por homicidio simple, con costas. La decisión cerró la vía extraordinaria penal y no reabrió la condena ni la determinación de la pena. La defensa alegaba arbitrariedad en la valoración de la prueba, legítima defensa y defectos en la respuesta luego de un reenvío. El tribunal sostuvo que los agravios reiteraban planteos ya descartados, que no demostraban un error manifiesto en el análisis probatorio y que tampoco identificaban con precisión un vicio en la individualización de la sanción. Por la gravedad penal del caso, el extracto queda marcado para revisión editorial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación de Pablo Nicolás Mario Pavón, nulificó la providencia que había denegado la casación en el beneficio de litigar sin gastos y remitió las actuaciones para un nuevo análisis de admisibilidad. La decisión no resolvió el fondo del beneficio, sino que corrigió la forma en que la instancia de origen había cerrado el acceso casatorio. El tribunal sostuvo que las deficiencias señaladas por el recurrente afectaban la validez de la providencia, porque los órganos de grado deben fundamentar adecuadamente la concesión o denegación de remedios extraordinarios. Sin costas, ordenó a la Unidad Jurisdiccional Civil N° 3 realizar el examen conforme el art. 255 del CPCyC.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible la acción de habeas corpus intentada por el interno D.M.P. y remitió copia al Juzgado de Ejecución Penal N° 8 para que trate el pedido por la vía correspondiente, con intervención de su defensor. La resolución no sustituyó al juez de ejecución ni abrió una instancia originaria ante el STJ. El accionante formulaba un reclamo vinculado con su situación de detención. El tribunal sostuvo que no se acreditaba un supuesto que justificara la vía excepcional y que existía un cauce hábil ante el órgano competente. Por eso declaró inadmisible la acción, ordenó remitir la presentación y notificó al Procurador General.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de Luis Ricardo Lira en una investigación por homicidio culposo vial, con costas. La decisión cerró la vía extraordinaria penal y no reabrió el análisis de la dinámica del siniestro. La defensa enumeraba múltiples agravios contra la denegatoria y contra la valoración de velocidad, señalización, pericia y conducta de la víctima. El tribunal sostuvo que la queja fue presentada fuera de término y que, además, los planteos reproducían discusiones de hecho y prueba sin demostrar incidencia decisiva ni error extraordinario. En consecuencia, mantuvo cerrado el acceso al STJ. Por la gravedad del resultado fatal, queda en revisión editorial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó el pronunciamiento dictado en la ejecución de una sentencia de amparo. La decisión dejó sin efecto la respuesta jurisdiccional impugnada, con costas por su orden. La controversia giraba en torno a la imposición de medidas coercitivas mientras el Ministerio de Salud informaba que se encontraba en trámite la contratación directa de un centro terapéutico para brindar el tratamiento indicado. El tribunal entendió que correspondía atender ese estado administrativo y que la decisión recurrida no había valorado suficientemente los informes acompañados por la Provincia al contestar la intimación. Por eso admitió la apelación, sin resolver de modo amplio el fondo sanitario original.