Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de la defensa de N.A.B. en una causa por abuso sexual con acceso carnal, con costas. La decisión cerró el acceso a la Corte Suprema y no reabrió la condena ni la valoración probatoria del proceso penal. La defensa pretendía federalizar cuestionamientos ya tratados al rechazarse la queja local. El tribunal sostuvo que el recurso no satisfacía los recaudos formales y sustanciales de admisibilidad federal, no demostraba cuestión federal suficiente ni arbitrariedad excepcional, y volvía sobre agravios vinculados con prueba y derecho procesal penal local. Por la materia sexual e identidad abreviada, queda sujeto a revisión humana.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación del partido Primero Río Negro contra la sentencia del Juzgado Electoral Provincial que había desestimado la demanda de revocación de mandato contra un legislador. La decisión mantuvo el rechazo de la acción y no impuso costas por la naturaleza de la cuestión. El partido sostenía que el cambio de pertenencia política afectaba el mandato representativo y habilitaba la revocación. El tribunal recordó que la apelación queda delimitada por los agravios y que la carga recursiva exige una crítica concreta y razonada. Concluyó que el recurrente no rebatió eficazmente los fundamentos de la sentencia electoral ni demostró error en el análisis de la plataforma y sustancia programática.

El Superior Tribunal de Justicia declaró que la competencia para ejecutar la sentencia principal corresponde al juez natural de la causa, Juan Pedro Puntel, del Foro Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, y remitió allí las actuaciones. La decisión es instrumental y ordena el órgano que debe continuar con la ejecución contra IPROSS. El conflicto había llegado por una declaración de incompetencia y remisión de una jueza civil. El STJ sostuvo que la ejecución de la sentencia debía seguir ante el magistrado que intervino en el proceso principal, evitando desplazar la competencia natural. Por eso ordenó remitir el expediente y cambiar la radicación para dar continuidad al trámite. Por involucrar ejecución de una prestación de salud, queda en revisión.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible la acción intentada por el interno Diego Tomás Serafini y remitió copia al Juzgado de Ejecución Penal N° 10 para que tramite los planteos de salud por la vía correspondiente. La resolución no sustituyó al juez competente ni abrió una vía directa de amparo o habeas ante el STJ. El accionante pretendía obtener respuestas vinculadas con su estado de salud durante la detención. El tribunal sostuvo que el planteo buscaba desplazar al órgano natural, pese a existir un cauce hábil para tratar la petición. Por eso declaró inadmisible la acción y ordenó la remisión para seguimiento sanitario en ejecución penal.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de Richard Joel González Conrado en una causa por homicidio en grado de tentativa. La decisión cerró la vía extraordinaria y no modificó la pena ni la condena. La defensa invocaba arbitrariedad en la determinación punitiva y cuestionaba que el Tribunal de Impugnación hubiera tratado sus agravios como reiterativos. El STJ sostuvo que la queja incumplía la Acordada 09/23 porque no refutaba, de manera precisa y fundada, los argumentos independientes de la denegatoria. También señaló que la defensa no se hacía cargo de las razones dadas por el Tribunal de Impugnación para negar el control extraordinario. Queda en revisión por tratarse de una causa penal grave.

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal de Gustavo Guerra Labayen, con costas, en el marco de un enjuiciamiento. La decisión cerró el acceso a la Corte Suprema y mantuvo la validez del pronunciamiento local. El recurrente intentaba plantear cuestión federal sobre la sanción de destitución y el encuadre de su conducta. El STJ sostuvo que, en asuntos de enjuiciamiento, las quejas sobre mal desempeño y proporcionalidad de la sanción remiten a materias no revisables judicialmente salvo supuestos excepcionales no demostrados. También consideró insuficiente la invocación federal y aplicó los recaudos de admisibilidad de la Ley 48 y la Acordada 4/2007. Por el carácter institucional del caso, queda identificado como público institucional.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de H.M.P. en una causa por abuso sexual agravado. La decisión cerró la vía extraordinaria y no reabrió la condena ni la discusión probatoria. El tribunal señaló que, aun tomando el cómputo más favorable, el plazo para interponer la queja había vencido el 19 de marzo y la presentación se realizó el 7 de abril. Agregó que los agravios eran una discrepancia subjetiva sobre hechos y prueba y no mostraban un caso de arbitrariedad conforme el art. 242 inc. 2 del CPP. Por la materia sexual, la identidad abreviada y el cierre por extemporaneidad, queda sujeto a revisión.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación del amparista Leandro Osorio contra la sentencia de primera instancia, sin costas por las particularidades del caso. La decisión no reconstruyó fundamentos propios extensos, sino que remitió al Dictamen N° 38/26 del Procurador General, cuyos fundamentos y conclusiones compartió. El recurso buscaba revertir el rechazo del amparo, pero el STJ entendió que correspondía mantener lo decidido por las razones desarrolladas en ese dictamen. Por tratarse de una remisión externa, el extracto debe leerse de modo estrecho: sólo refleja el resultado operativo, la referencia al dictamen y la ausencia de costas. La publicación requiere revisión humana del dictamen citado antes de ampliar fundamentos.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó sin sustanciación la queja de la defensa de Gerardo Iván Pazos en una causa por defraudación, con costas. La decisión cerró la vía extraordinaria y mantuvo sin reapertura la condena dictada tras la revisión del Tribunal de Impugnación. La defensa alegaba exceso formal, inversión de la carga probatoria, arbitrariedad, inmediación insuficiente y valoración conjetural de la prueba. El tribunal sostuvo que el recurso no superaba los defectos formales señalados por la Acordada 09/23 y que, aun en el plano sustancial, la defensa no demostraba yerro en el análisis del Tribunal de Impugnación. La crítica se limitaba a discrepar con la valoración de hechos y prueba, sin configurar arbitrariedad.