Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y llamó autos al acuerdo, abriendo la instancia extraordinaria sólo en el alcance admitido. La discusión llegó por el examen preliminar de admisibilidad del recurso concedido por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche. El Tribunal sostuvo que, según ese control inicial, estaban cumplidos la Acordada 9/23-STJ y, en principio, los requisitos formales del art. 255 y concordantes del CPCyC, aplicables por remisión de la Ley P N° 5631. La decisión no resuelve el fondo del reclamo laboral: sólo habilita parcialmente el tratamiento del recurso en sede extraordinaria.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

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El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la demandada, anuló la sentencia laboral que había reconocido una relación de dependencia y reenvió la causa al tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte un nuevo fallo. Costas por su orden. La discusión se centró en si la Cámara acreditó válidamente el vínculo laboral previo a la registración, sobre la base de la presunción del art. 23 LCT y el principio de primacía de la realidad. El Tribunal no resolvió el fondo: consideró que la sentencia era arbitraria por déficit de fundamentación, al enunciar extremos fácticos sin analizar rigurosamente la subordinación jurídica, técnica y económica ni correlacionar la presunción legal con el régimen vigente al momento del cese. La causa quedó abierta a un nuevo pronunciamiento.

El Superior Tribunal de Justicia declaró la competencia de la Cámara Primera del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial para entender en la ejecución de aportes promovida por la Caja Forense de la Provincia de Río Negro contra la Municipalidad de Chimpay, y ordenó remitir allí la radicación para continuar el trámite. Sin costas. La discusión se originó por la declaración de incompetencia del Juzgado de Paz y la cuestión de competencia remitida al STJ. El Tribunal sostuvo que la interpretación armónica del art. 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del art. 29 de la Ley D 869 conduce a atribuir la ejecución de aportes al fuero laboral, porque el cobro sigue la vía prevista para honorarios. También señaló que omitir normas aplicables compromete la fundamentación y genera dispendio jurisdiccional.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja interpuesto por la aseguradora de riesgos del trabajo, con lo que quedó firme la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y consolidada la condena laboral dictada en su contra. Impuso costas y declaró perdido el depósito. La discusión de fondo apuntaba al reconocimiento de incapacidad psicológica del trabajador, que la ART consideraba improcedente por no haber sido denunciada en sede administrativa. El Tribunal no ingresó en ese fondo: sostuvo que la queja no refutó el argumento central de la denegatoria, referido a la extemporaneidad del planteo porque la aseguradora consintió el objeto litigioso y no se opuso a la pericia psicológica. Al reiterar agravios sin crítica concreta y autosuficiente del auto denegatorio, la vía extraordinaria quedó cerrada.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja del actor y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la sentencia laboral que había rechazado su reclamo contra La Segunda ART por enfermedad vinculada al trabajo. Impuso costas. La discusión se centró en si la queja demostraba error en la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley, especialmente por el apartamiento de informes periciales psicológico y psiquiátrico. El Tribunal sostuvo que el escrito no cumplía la Acordada 9/23-STJ porque no refutaba de manera precisa todos los fundamentos autónomos de la denegatoria. Agregó que insistía en la valoración probatoria sin demostrar violación legal ni arbitrariedad, y que las diferencias con el precedente invocado impedían usarlo como base suficiente para abrir la instancia extraordinaria.

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El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja de la demandada y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la sentencia laboral que había rechazado íntegramente la demanda, pero también había desestimado la pluspetición inexcusable y la sanción del art. 275 LCT pedidas contra el actor. Impuso costas y declaró perdido el depósito. La discusión se centró en si la denegatoria del recurso principal impedía indebidamente revisar una cuestión de derecho sobre temeridad, malicia y sanciones procesales. El Tribunal sostuvo que la queja no refutó todos los fundamentos autónomos de la denegatoria, como exige la Acordada 9/23-STJ, y que la apreciación de la conducta procesal, costas y sanciones pertenece en principio al ámbito valorativo de los tribunales de mérito. Por eso no abrió la casación.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja de la actora y cerró la vía extraordinaria contra la decisión laboral-contenciosa que había desestimado su pretensión de reincorporación. Impuso costas. La discusión se centró en el cómputo del plazo para pedir la reincorporación al cargo docente luego del retiro transitorio por invalidez y en la alegada arbitrariedad del fallo de Cámara. El Tribunal no revisó el fondo: sostuvo que la quejosa reiteró su interpretación de los hechos y del derecho, pero no demostró una falla lógica grave ni refutó de modo concreto los fundamentos de la denegatoria. También destacó que la doctrina de arbitrariedad es excepcional y no corrige sentencias meramente discutibles o desfavorables.