Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Paz dictó medidas cautelares provisorias en una denuncia de violencia familiar. Prohibió al denunciado acercarse a la denunciante o ingresar a su domicilio en un radio de 200 metros, y le ordenó abstenerse de actos de violencia, perturbaciones, reclamos personales, persecución, intimidación, amenazas, vigilancia o publicaciones por redes sociales. Las medidas rigen hasta que la jueza de familia disponga lo contrario y su incumplimiento puede dar intervención fiscal por desobediencia judicial correspondiente.

La Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso de la parte actora Jessica Romina Reali y revocó la interlocutoria que había rechazado ampliar la ejecución de alquileres. En consecuencia, admitió la ampliación por los alquileres devengados hasta el 21/08/2025, de modo que la ejecución continúa por ese período adicional. También revocó costas y honorarios de origen, impuso las costas de ambas instancias a los demandados vencidos y reguló honorarios de primera instancia sobre una base de $12.778.428. Para la alzada fijó los honorarios en el 35% de lo regulado por la intervención en origen. La decisión se apoyó en la procedencia de extender la ejecución por alquileres vencidos durante el trámite.

El Juzgado de Familia tuvo presentes las medidas preventivas ya dispuestas y fijó una audiencia para revisar la situación denunciada. Las medidas vigentes prohíben a J.D.G. realizar actos de violencia o comunicarse con C.A.K. por cualquier vía, y le impiden acercarse a menos de 300 metros hasta el 05/10/2026. La audiencia del 15 de julio de 2026 busca tomar mayor conocimiento del caso, informar a las partes y evaluar si corresponde ampliar o modificar esas medidas.

El Juzgado de Familia dispuso dejar sin efecto la sentencia de restricción de capacidad dictada respecto de [ACTOR_1] y designó como apoyos definitivos a sus hijos [APOYOS_Y_FAMILIARES_O_TERCEROS_1] y [APOYOS_Y_FAMILIARES_O_TERCEROS_2]. La decisión consideró innecesario mantener una revisión judicial periódica cuando la persona no posee bienes propios, cuenta con acompañamiento familiar y requiere apoyos para la administración de su pensión, atención de salud y traslados. También ordenó comunicar al Registro Civil y a ANSES que la ausencia de restricción no puede impedir beneficios previsionales o sociales.

El Juzgado de Familia fijó una cuota alimentaria provisoria equivalente al 120 % del SMVM a cargo del progenitor demandado. La medida se dictó al inicio del proceso sumarísimo, como anticipo hasta la sentencia definitiva y con base en las necesidades alimentarias invocadas. Ordenó depositarla del uno al diez de cada mes en Banco Patagonia y aclaró que asignaciones familiares, ayuda escolar y escolaridad deben aportarse además del monto fijado. También dio intervención a la Defensoría de Menores.

El Juzgado ordenó llevar adelante la ejecución fiscal promovida por la Municipalidad de El Bolsón contra Gloria Hermosilla hasta el pago del capital reclamado de $ 1.494.929,09, con más intereses y costas. Reguló honorarios profesionales en $ 609.749,00 y fijó $ 1.052.339,04 como suma presupuestada provisoriamente para intereses y costas. También ordenó notificar a la ejecutada el plazo de 5 días para oponer excepciones.

El Juzgado de Paz dispuso medidas protectorias provisorias frente a una denuncia de violencia familiar. Ordenó al denunciado mantener una distancia no menor a QUINIENTOS (500) metros de la denunciante, abstenerse de incidentes, hostigamientos o reclamos por cualquier medio, y realizar tratamientos psicoterapéuticos obligatorios. También dispuso asistencia médica o psicológica para la denunciante, dio vista al Ministerio Público Fiscal y elevó las actuaciones al juzgado de familia. La vigencia fue fijada por NOVENTA (90) DÍAS.

El Juzgado de Familia homologó el acuerdo alimentario alcanzado entre [ACTOR_1] y [DEMANDADO_1] a favor de [FAMILIAR_1]. El convenio fija una cuota equivalente al 25 % de los haberes del alimentante, con descuentos de ley, proporcional de SAC, ayuda escolar o asignaciones, y un piso del 60 % del SMVM. También tuvo presente el consentimiento para retención por la empleadora, impuso costas al alimentante y ordenó requerir recibos para regular honorarios, sin objeciones de la Defensora de Menores.

El Juzgado de Familia fijó una cuota alimentaria provisoria equivalente al 70 % del SMVM a cargo del progenitor demandado. La medida se dictó al iniciar el aumento de cuota, porque la cuota anterior del 40 % del SMVM había quedado desactualizada frente a los índices inflacionarios. Ordenó el depósito del uno al diez de cada mes en Banco Patagonia y aclaró que asignaciones familiares, ayuda escolar y escolaridad deben aportarse por separado. También dispuso intervención de la Defensoría de Menores e Incapaces.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa dictó sentencia monitoria en una ejecución fiscal de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche contra Sebastian Jesus Fuhr. Ordenó llevar adelante la ejecución hasta el pago del capital reclamado de $ 105.080,00, con más intereses y costas. También reguló honorarios profesionales en $ 609.749,00 y presupuestó provisoriamente $ 357.414,50 para intereses y costas, sujeto a liquidación definitiva.