Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Familia dispuso el levantamiento de la medida razonable que suspendía el carnet de conducir de [DEMANDADO_1]. La decisión tuvo en cuenta el pedido del alimentante, los argumentos expuestos, las constancias del expediente y la conformidad de la parte actora. También ordenó librar oficio para comunicar la medida y notificó a las partes conforme la Acordada 36/2022 STJ.

El Juzgado Civil homologó judicialmente el acuerdo alcanzado en la audiencia del art. 34 del CPCC en un proceso simplificado de daños y perjuicios vinculado a la Ley 24.240. La resolución reguló los honorarios profesionales en la forma acordada, ordenó oficiar al Banco Patagonia para abrir la cuenta judicial y dio vista a la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.

El Juzgado de Familia homologó con fuerza de sentencia el acuerdo alcanzado entre [ACTOR_1] y [DEMANDADO_1] sobre alimentos y cuidado compartido de [FAMILIAR_1]. El acuerdo fijó una cuota mensual desde julio de 2026 equivalente a 1 y 1/2 SMVM hasta que [ACTOR_1] perciba la pensión del niño; luego quedará en 1 SMVM. También impuso al alimentante el 100% de los gastos derivados de terapias y actividades recomendadas, con pago del 1 al 10 de cada mes en la cuenta judicial.

El Juzgado de Familia fijó una cuota alimentaria provisoria a cargo de [DEMANDADO_1] en favor de sus hijos menores. La decisión estableció como prestación razonable el 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil, a depositar del 1 al 10 de cada mes en una cuenta judicial del Banco Patagonia. La medida se dictó con carácter cautelar, antes de la audiencia prevista por el CPF y sin perjuicio de lo que se resuelva cuando las partes aporten prueba.

El Tribunal de Impugnación rechazó la impugnación de la defensa de H. M. Ñ. y mantuvo la condena por lesiones graves agravadas, con pena de cinco años de prisión efectiva. La defensa había pedido revocar la sentencia y recalificar el hecho como lesiones graves culposas, alegando falta de dolo, valoración errónea de la prueba y una hipótesis accidental o imprudente. El tribunal consideró que el dolo fue inferido de la conducta exterior, el contexto de violencia, el conocimiento técnico del arma, la manipulación voluntaria y la incompatibilidad de la hipótesis accidental con la prueba pericial. También impuso las costas a H. M. Ñ. como parte vencida.

La Unidad Jurisdiccional hizo lugar a la medida cautelar de Carina Daniela Beroisa contra el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. Ordenó al ministerio arbitrar los procedimientos para ajustarse al Decreto Ley 6754/43 y abstenerse de realizar descuentos salariales por encima de los topes legales, con acreditación de cumplimiento en cinco días y astreintes de $ 100.000 por cada día de demora. La actora cuestionó retenciones bajo los conceptos AMSER y MEPUC que, según los recibos analizados, dejaron haberes netos muy inferiores al salario mínimo vital y móvil. El juzgado se declaró competente por la vinculación con el proceso de consumo iniciado ante la misma unidad y consideró acreditados la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora por el carácter alimentario del salario.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

El Juzgado Civil de Cipolletti declaró ampliada la declaratoria de herederos en la sucesión de Ricardo Sobarzo y Sebastiana del Carmen Canales. Incorporó a María Mabel Sobarzo y declaró que por el fallecimiento de Ricardo Sobarzo lo suceden sus hijos Claudia Elizabeth, María Alejandra, Eduardo Ricardo, Nancy Miriam, Alberto Marcelo, Ceferino Jorge Rafael, María Mabel y Bruno Gustavo Sobarzo, junto con la cónyuge supérstite respecto de bienes propios y derechos gananciales. También declaró a esos hijos herederos de Sebastiana del Carmen Canales.

El Juzgado Civil de Cipolletti ordenó llevar adelante la ejecución de sentencia contra Sandra Daniela Leiva, Pablo Hernán Martinet y Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada. Ordenó el pago a Carlos Luciano Giovana del capital reclamado de $ 29.050.476,00, con más intereses desde la mora y costas. La monitoria se apoya en una sentencia definitiva ya confirmada y en la liquidación aprobada. También fijó provisoriamente $ 4.400.000,00 para intereses y costas, difirió la regulación de honorarios de ejecución y otorgó CINCO (5) días para pagar u oponer excepciones.