Fallos jurisdiccionales

La jueza subrogante dictó declaratoria de herederos en la sucesión intestada de Jorge Gabriel Arce Gutierrez. Declaró herederas universales a sus hijas ARCE, MARGARITA DEL CARMEN y ARCE, NOELI GRACIELA, y a su cónyuge supérstite VICTORINA DEL CARMEN VALDEBENITO SALAZAR respecto de los bienes propios, si los hubiere, sin perjuicio de sus derechos sobre los gananciales. La decisión se apoyó en la defunción, el vínculo matrimonial, las partidas de nacimiento, el informe testamentario negativo y el vencimiento de edictos.

La jueza de Familia aprobó la rendición de cuentas presentada el 1/Jul/26 en el proceso de capacidad de G.M.I., tras constatar que no recibió objeciones de la Defensora de Incapaces ni del Dr. Suarez. Además ordenó librar oficio al Banco Patagonia para pagar por ventanilla $300.000, fondos depositados en la cuenta judicial, en concepto de pago mensual de vivienda. Dispuso que, una vez abonado el inmueble, se rindan cuentas de los fondos.

La UPF 7 dispuso prorrogar por un año la guarda de [FAMILIAR_1] y [FAMILIAR_2] a cargo de su bisabuela paterna, [ACTOR_1]. La jueza tuvo por no modificadas las condiciones que habían originado la guarda y siguió el dictamen favorable de la Defensora de Menores e Incapaces. También otorgó a la guardadora función de protección de la persona y bienes, con facultades de representación para decisiones de educación, salud, esparcimiento y percepción de asignaciones mientras dure la guarda o hasta nueva orden judicial.

La UPF 11 homologó el acuerdo de régimen de comunicación entre [ACTOR_1], abuela paterna, y la niña [FAMILIAR_1]. El esquema fija contactos los lunes y miércoles, fines de semana alternados y reglas especiales para recesos, cumpleaños y festividades. La decisión mantiene expresamente la restricción de contacto de la niña con su progenitor y pone en cabeza de [ACTOR_1] garantizar su cumplimiento durante los encuentros. Impuso costas por su orden y reguló honorarios de las letradas intervinientes.

La Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 15 dictó sentencia monitoria en la ejecución fiscal promovida por la Municipalidad de Cipolletti contra Yolanda Beatriz Valdebenito. Ordenó llevar adelante la ejecución hasta el pago del capital reclamado de $ 435.373,52, con más intereses y costas. También reguló honorarios profesionales en conjunto en $ 609.749 y fijó provisoriamente $ 522.561,26 para responder por intereses y costas, sujeto a la liquidación definitiva. La sentencia dispuso notificar a la ejecutada el plazo de cinco días para oponer excepciones.

La Cámara del Trabajo homologó el acuerdo agregado a autos en una conciliación laboral entre Godoy y Bonade S.A., con costas a cargo de la requerida. Admitió los honorarios pactados para el letrado del actor por $900.000, para la letrada de la demandada por $450.000 y para las conciliadoras en conjunto por $450.000, sobre un monto base del acuerdo de $4.500.000. También fijó reglas para pago y eventual ejecución por falta de cumplimiento.

El Juzgado de Familia modificó medidas cautelares de violencia familiar, dejó sin efecto las ratificadas el 10/06/2026 y dispuso una prohibición recíproca para [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y [DENUNCIANTE_1]. Ambas partes tienen prohibido ejercer actos de violencia o episodios molestos, perturbadores, persecución, intimidación, amenazas, vigilancia o publicaciones por redes sociales, bajo apercibimiento de intervención fiscal por desobediencia. También ordenó que ambos inicien tratamiento psicoterapéutico individual e informen su evolución, y requirió a dependencias policiales tomar razón de la morigeración.

El Juzgado de Familia amplió una resolución previa y ordenó una medida protectoria y preventiva a favor del hijo [FAMILIAR_1]. Dispuso que [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] se abstenga de producir actos molestos o perturbadores y de efectuar reclamos fuera de la vía legal en cualquier lugar público o privado donde el niño se encuentre o transite. El incumplimiento podrá dar intervención a la justicia penal por desobediencia, bajo apercibimiento del art. 154 CPF, y la medida debe notificarse personalmente al denunciado.

El Juzgado de Paz rechazó la denuncia radicada por [DENUNCIANTE_1] porque las acciones denunciadas no encuadraban dentro de la Ley Provincial D 3040. Indicó que la parte deberá concurrir por la vía judicial pertinente para los fines pretendidos. También puso lo resuelto en conocimiento de la Unidad Procesal de Familia de Cipolletti, informó la necesidad de patrocinio letrado para continuar el trámite y ordenó elevar las actuaciones con cambio de radicación correspondiente. ante el organismo competente.

El Juzgado de Paz ratificó medidas cautelares provisorias en una denuncia de violencia familiar. Ordenó la exclusión del hogar de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1], prohibió su acercamiento a [DENUNCIANTE_1] en el hogar, estudio, esparcimiento o cualquier lugar donde se encuentre, y le prohibió actos molestos o perturbadores, incluidas llamadas, mensajes, redes sociales, persecución, intimidación, amenazas, vigilancia o publicaciones que afecten su integridad moral y emocional. Las medidas deben ser cumplidas por ambas partes y las actuaciones serán elevadas al Juzgado de Familia de Luis Beltrán.