Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la actora y mantuvo cerrada la vía de casación en el proceso de daños y perjuicios, con costas. La recurrente cuestionaba el encuadre del reclamo, el cómputo de la prescripción y la supuesta omisión de agravios por la Cámara. El Tribunal sostuvo que la presentación era formalmente insuficiente según la Acordada 9/23-STJ y que no refutaba de manera concreta los fundamentos independientes de la denegatoria. También remarcó que los agravios se apoyaban en cuestiones fácticas, de derecho común y procesal, especialmente vinculadas con la prescripción, cuya revisión extraordinaria exige una demostración contundente de absurdidad que no fue desarrollada.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la parte demandada y de integrantes de la comunidad indígena demandada, cerrando la vía de casación en el proceso de desalojo, con costas. La queja buscaba reabrir agravios sobre la suspensión vinculada a la Ley 26.160, la competencia de la Cámara y la ausencia de sentencia firme para ordenar el desahucio. El Tribunal sostuvo que el recurso tenía una deficiencia técnica insalvable: dirigía sus críticas contra decisiones anteriores y no contra la sentencia interlocutoria que denegó la casación, que era el objeto propio de la queja. También señaló incumplimientos de admisibilidad y falta de refutación precisa de los fundamentos de la denegatoria.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor y cerró la vía extraordinaria en el reclamo contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro, con costas. El recurrente cuestionaba la liquidación aprobada y sostenía que el trabajador percibiría una porción mínima del valor real de los salarios adeudados, con afectación de principios laborales. El Tribunal sostuvo que la queja no cumplía las exigencias de la Acordada 9/23-STJ ni refutaba de manera concreta la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley. La decisión se mantiene en el plano procesal: no revisa la liquidación de fondo, sino que confirma el cierre por defectos de admisibilidad y falta de crítica eficaz.

El Superior Tribunal de Justicia declaró bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la parte actora y llamó autos al acuerdo. La decisión abre la instancia extraordinaria en el litigio contencioso administrativo laboral promovido por agentes policiales contra la Provincia de Río Negro, sin resolver todavía el fondo de los agravios. La discusión procesal se limitó a verificar si el recurso reunía las condiciones formales y sustanciales suficientes para ser tratado por el STJ. El Tribunal entendió que la vía estaba correctamente habilitada, por lo que dispuso avanzar al examen de los planteos en la etapa correspondiente. La clasificación se mantiene en admisibilidad porque el fallo sólo habilita el tratamiento posterior.

No pudimos hacer la síntesis ÍTERA: no hay contenido oficial suficiente disponible en el PJ de Río Negro para este fallo.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado, revocó el párrafo de la sentencia que imponía costas a Ipross y dispuso costas por su orden; además, formuló un llamado de atención a la jueza de amparo por la tramitación dilatada del expediente. El caso se había tornado abstracto por el fallecimiento de la amparista, que reclamaba cobertura de radioterapia y quimioterapia. El Tribunal sostuvo que no había vencidos ni derrotados y que la decisión de costas carecía de base normativa suficiente. También señaló una anomalía grave: el amparo permaneció más de un año sin actividad útil pese a su naturaleza urgente, y la sentencia consignó erróneamente la fecha de fallecimiento.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia que había ordenado a Ipross evaluar una derivación y eventual cobertura de tratamiento ortopédico para una niña con discapacidad. Las costas fueron impuestas por su orden y se dejó sin efecto la regulación de honorarios de la asesora de la obra social. El Tribunal sostuvo que no estaba acreditado un acto lesivo manifiesto ni la urgencia propia del amparo, porque no se había completado el circuito administrativo de derivación. También indicó que la elección de prestadores corresponde en principio al sistema de la obra social, salvo prueba excepcional de insuficiencia, no demostrada en el caso.

El Superior Tribunal de Justicia declaró improcedente el habeas corpus intentado por D.T.S. y ordenó remitir copia al Juzgado de Ejecución Penal N° 10 para el seguimiento de su salud y el tratamiento de lo pedido en el proceso correspondiente. El interno solicitaba traslado y alojamiento en enfermería para favorecer la recuperación de una cirugía maxilar y ser operado del hombro izquierdo. La jueza sostuvo que no surgían elementos que justificaran apartarse del principio de improcedencia del habeas corpus cuando existe un cauce judicial específico ante el juez competente. A la vez, preservó el canal de control de ejecución penal mediante la remisión al juzgado a cuya disposición se encuentra el interno.