Fallos jurisdiccionales

El juzgado ordenó medidas de protección en una denuncia de violencia familiar. Hizo saber a C.G.F. que debe cesar toda conducta violenta contra L.E.G. y dispuso una prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros del domicilio de la denunciante, su lugar de estudio o trabajo y demás espacios indicados en la orden. La decisión se mantiene en el plano preventivo: no declara probado el fondo de los hechos denunciados, sino que fija restricciones cautelares y apercibimientos.

La unidad jurisdiccional llevó adelante la ejecución ejecutiva promovida por Finanpro S.R.L. contra Carlos Ernesto Chavero. Ordenó ejecutar hasta el pago del capital reclamado de $3.934.000,00, más intereses pactados sujetos al límite de la doctrina legal 'Machín' y costas, con una estimación provisional de $7.000.000 para intereses y costas. También imprimió al trámite las reglas del juicio ejecutivo y tuvo por abonadas tasa de justicia, sellado y contribuciones.

La Cámara del Trabajo homologó con fuerza de sentencia el acuerdo celebrado en el reclamo laboral de Orlando Oscar Ortega contra Martín Ángel Landaburu. Dispuso que la falta de pago en término del capital homologado o de una cuota provocará la caída de los plazos restantes y habilitará la ejecución de la deuda impaga. Impuso las costas a la demandada y admitió honorarios pactados para la Dra. Betiana Patricia Caro por $300.000, regulando además los del Dr. Andrés Puiatti en $300.000.

La unidad jurisdiccional ordenó llevar adelante la ejecución fiscal promovida por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro contra Sergio Gabriel Salvo. Ordenó el pago del capital reclamado de $ 3.904.805,67, con más intereses y costas. Reguló en conjunto los honorarios de los Dres. Leandro Lescano, Luciano Minetti Kern y José Luis Malaspina en $ 595.462,00, fijó provisoriamente $ 2.250.133,84 para intereses y costas y notificó al ejecutado el plazo de cinco días para oponer excepciones.

El tribunal dispuso en el proceso [DENUNCIANTE_1] C/ [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] S/ VIOLENCIA. La decisión encuadra el caso en materia familia y resuelve el punto central planteado por las partes según el alcance del trámite. El dispositivo ordenó: el dispositivo oficial cargado en la sentencia. La síntesis queda limitada a esa resolución oficial y a sus consecuencias procesales inmediatas, sin extenderse a cuestiones ajenas al texto de la sentencia. La intervención se presenta como una respuesta jurisdiccional específica, con efectos acotados al expediente y a las medidas dispuestas.

El Juzgado ordenó llevar adelante la ejecución de sentencia del amparo de [C.M.V] contra el Ministerio de Salud de Río Negro. La ejecución alcanza $ 69.865.632,42.- en concepto de capital, equivalente al presupuesto de la medicación, más $ 10.000.000 fijados provisoriamente para intereses y costas. La sentencia firme había condenado a proveer medicamentos y el Ministerio informó que el trámite seguía aprobado pero sin proveedor asignado. También trabó embargo sobre el 20% de partidas de Rentas Generales, con exclusiones legales, hasta cubrir capital e intereses, costos y costas.

El Juzgado de Paz rechazó la denuncia de violencia presentada por [DENUNCIANTE_1] contra [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_2]. Consideró que el hecho relatado no encuadraba en la Ley 3040 ni en los artículos 136 y siguientes del Código Procesal de Familia, y que los problemas familiares expuestos excedían las medidas urgentes y cautelares de protección de personas. La denunciante quedó habilitada a recurrir por la vía legal correspondiente con patrocinio particular o de la Defensoría de Pobres y Ausentes.

El Juzgado dispuso mantener las medidas cautelares recíprocas en una denuncia de violencia entre '[DENUNCIANTE_1]' y '[DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]'. La exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento y la prohibición de contacto quedaron vigentes por 90 DIAS y con radio de 500 mts, bajo apercibimiento de intervención fiscal por desobediencia. También ordenó tratamiento psicológico para ambas partes y dejó sin efecto la intervención de SENAF porque no surgía de la denuncia una situación de riesgo o violencia respecto de los niños.

El Juzgado de Familia decretó el divorcio vincular de [ACTOR_1] y [DEMANDADO_1] y tuvo por disuelta la sociedad conyugal. También homologó el acuerdo presentado por las partes sobre cuidado personal, prestación alimentaria y régimen de comunicación respecto de los hijos en común, con el alcance del art. 440 del CCyC. La sentencia ordenó expedir testimonio y oficio al Registro Civil para la nota marginal, impuso las costas por su orden y reguló honorarios de los abogados de ambas partes en 30 JUS para cada uno.

El Juzgado de Familia dispuso ratificar y ampliar una medida protectoria recíproca entre [DENUNCIANTE_1] y [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]. Ordenó la prohibición recíproca de actos molestos, de violencia y perturbación, y un abordaje socioterapéutico para ambas partes, con acreditación del inicio dentro de quince días hábiles e informes mensuales de evolución. La resolución se apoyó en el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario y previó apercibimiento por desobediencia. También requirió intervención de la unidad preventora y del Servicio de Salud Mental del Hospital de Chimpay para acompañar a las partes.