Sumarios del STJ

Se observa que el recurso no satisfaceel requisito de debida fundamentación que establece el art. 286 del CPCyCcomo condición de accesoa esta instancia extraordinaria. La quejosa debió demostrar en forma cabal los errores y arbitrariedades en la motivación de la sentencia que impugna.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado y Dr. Apcarian sin disidencia)

El recurso de hecho interpuestocarece de chances de prosperar, pues incumple losrequisitos de admisibilidad dispuestos en la Acordada 9/23-STJ, en vigencia a partir del 01-09-23.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado y Dr. Apcarian sin disidencia)

El recurso de queja omite observar la pauta establecida en el art. 1° B.1 de la Acordada 9/23-STJ, al superarel escrito la extensión máxima de diez (10) páginas, lo que de por sí permite desestimar el recurso de acuerdo con lo previsto en el art. 2° de la mencionada Acordada.En tal sentido, es pertinente recordar que el incumplimiento de este solo recaudo, también presente en el art. 1 del Reglamento dictado por la Corte Suprema mediante Acordada 4/07, ha sido motivo suficiente para que el Máximo Tribunal del País declare mal concedido el recurso.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado y Dr. Apcarian sin disidencia)

La queja evidencia la ausencia de una crítica jurídica formalmente apta para revertir las razones que andamiaron la denegatoria y los planteos remiten indefectiblemente a valorar nuevamente cuestiones de hecho y prueba, razón por la que resulta inexorable el rechazo de la vía de hecho intentada.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado y Dr. Apcarian sin disidencia)

La quejosa no hace más que insistir en planteos genéricos y dogmáticos, cuyo contenido es la simple alusión a los derechos y la doctrina legal presuntamente violada,sin establecer una conexión crítica y directa con los fundamentos de la sentencia.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado y Dr. Apcarian sin disidencia)

Se constata en la quejala insuficiencia recursiva en orden a rebatir los argumentos de la denegatoria, cuya finalidad es demostrar el cumplimiento de los recaudos formales y sustanciales para acceder a la excepcional instancia de control de legalidad.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado y Dr. Apcarian sin disidencia)

La recurrente no hace más que insistir en los agravios desarrollados en oportunidad de interponer el recurso principal pero no realiza en forma directa y eficaz una demostración acabada de la sinrazón del auto denegatorio.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado y Dr. Apcarian sin disidencia)

La recurrente no hace más que insistir en los agravios desarrollados en oportunidad de interponer el recurso principal, limitándose a reiterarlos y a manifestar su discrepancia con la resolución de la Cámara, pero no realiza en forma directa y eficaz, una demostración acabada de la sinrazón del auto denegatorio, circunstancia insoslayable para habilitar su procedencia.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado y Dr. Apcarian sin disidencia)

No se advierte una verdadera cuestión de derecho revisable en casación, por el contrario, la recurrente, insiste en discutir la procedencia y cuantificación del daño punitivo, cuya aplicación, ponderación y graduación recae en el Juez -acorde a la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso-, sin lograr demostrar que el fallo puesto en crisis incurra en violación o errónea interpretación de la ley o la doctrina legal, únicas causales casatorias -en principio- que habilitarían a este Cuerpo a ingresar en el control excepcional de legalidad.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado y Dr. Apcarian sin disidencia)

Este Superior Tribunal de Justicia ha señalado la improcedencia del hábeas corpus cuando ello implica desplazar sin más al Juez competente ante quien se encuentra a disposición tanto el condenado como el procesado (cf. STJRNS4 Se. 133/23 "AMULEF", Se. 3/24 "A.").Asimismo, se tiene presente que: "los Magistrados de esta Provincia, a cuya disposición se encuentran las personas privadas de libertad, por condena o cautelarmente, deben velar por la operatividad de las normas constitucionales en la ejecución de la restricción a la libertad de esos internos, en el marco de sus respectivas competencias y en orden a las acciones ante ellos incoadas".Es esta competencia definida la que permite al Poder Judicial alcanzar los objetivos propuestos dentro de la política criminal y respecto de la cual corresponde, Juez por Juez e interno por interno, el control judicial a los fines de asegurar el éxito de dicha política. (Voto del Dr. Ceci sin disidencia)