Sumarios del STJ

La Ley 2938 establece el procedimiento administrativo en la Provincia de Río Negro y pone a disposición de las personas una serie de recursos y reclamaciones que pueden articularse frente al actuar positivo u omisivo de la administración y/o -en su caso- del organismo responsable de la declaración -Título VII arts. 88 al 94-.(Voto del Dr. Ceci sin disidencia)

La acción deducida no reúne los recaudos esenciales que habilitan la viabilidad del amparo previsto en el art. 43 de la Constitución Provincial, razón por la que debe declararse la improcedencia formal.(Voto del Dr. Ceci sin disidencia)

En el derecho público rionegrino existen canales adecuados para el encauzamiento de este tipo de conflictos y salvo aquellos supuestos de excepción, el amparo resulta en principio improcedente contra decisiones adoptadas por las autoridades públicas en ejercicio de sus funciones. Ello es así, en la medida que tales actos o resoluciones permiten su progresivo cuestionamiento hasta el agotamiento de la vía administrativa y, producido éste, quien acciona cuenta también con la facultad de ejercer sus derechos a través de la instancia jurisdiccional contencioso administrativa.(Voto del Dr. Ceci sin disidencia)

Existe la posibilidad de requerir la revisión judicial posterior de la decisión que recaiga en el ámbito administrativo, mediante la acción contencioso administrativa, de acuerdo con la Ley 5106 que aprueba el Código Procesal Administrativo, el cual admite el dictado de medidas cautelares -cap. III-, siempre que se reúnan los recaudos formales previstos para su procedencia.(Voto del Dr. Ceci sin disidencia)

Este Superior Tribunal de Justicia ha señalado la improcedencia del habeás corpus cuando ello implica desplazar sin más al Juez competente ante quien se encuentra a disposición tanto el condenado como el procesado (cf. STJRNS4 Se. 37/22 "FERNÁNDEZ" y Se. 53/24 "ETCHEGARAY").Se tiene presente que: "los Magistrados de esta Provincia, a cuya disposición se encuentran las personas privadas de libertad, por condena o cautelarmente, deben velar por la operatividad de las normas constitucionales en la ejecución de la restricción a la libertad de esos internos, en el marco de sus respectivas competencias y en orden a las acciones ante ellos incoadas".Es esta competencia definida la que permite al Poder Judicial alcanzar los objetivos propuestos dentro de la política criminal y respecto de la cual corresponde, Juez por Juez e interno por interno, el control judicial a los fines de asegurar el éxito de dicha política. (Voto del Dr. Ceci sin disidencia)

El recurso insiste en cuestiones de valoración de la prueba abordadas en la instancia precedente y que no pueden revisarse en esta instancia de legalidad, salvo arbitrariedad.(Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Barotto y Dr. Apcarian sin disidencia)

Se advierte la improcedencia formal del hábeas corpus en los términos de la normativa que la regula -Ley 3368 y art. 43 de la Constitución Provincial-, en atención a que la presentación efectuada por el condenado no encuadra en el art. 1 de la ley citada que reglamenta el habeas corpus en jurisdicción de la Provincia. (Voto del Dr. Ceci sin disidencia)

El recurso incumple con la pauta establecida en el art. 1° B.1 de la Ac.09/23-STJ,en relación con la cantidad de renglones por página. Se constata que, en la mayoría de sus páginas, excede el límite de 26 renglones permitidos. En tal sentido, es pertinente recordar que el incumplimiento de este solo recaudo, también presente en el art. 1 del Reglamento dictado por la Corte Suprema mediante Acordada 04/07, ha sido motivo suficiente para que el Máximo Tribunal del País declare mal concedido el recurso.(Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Barotto y Dr. Apcarian sin disidencia)

La casacionista, en relación al único agravio por el cual se concediera el recurso, se limita a citar un precedente de este Cuerpo y enunciar que se trata sobre las cargas probatorias dinámicas. No se expide sobre las condiciones de aplicabilidad del precedente y, menos aun, respecto a la solución que cabe dar al presente en el supuesto de aplicar el criterio que, conforme a su perspectiva, emergería de"COLIÑIR"(cf. STJRNS1 Se. 145/19).(Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Barotto y Dr. Apcarian sin disidencia)

La recurrente insiste en discutir temáticas de hecho y prueba, ajenas a esta instancia de legalidad, sin un análisis jurídico idóneo que demuestre que el fallo puesto en crisis incurre en violación o errónea interpretación de la ley o la doctrina legal, únicas causales casatorias -en principio- que habilitarían a este Cuerpo a ingresar en el control excepcional de legalidad.(Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Barotto y Dr. Apcarian sin disidencia)