Sumarios del STJ

En este caso, no se acreditó que se hayan tomado los recaudos para que goce de su licencia anual ordinaria conforme la previsión del art. 2º, 1er. párrafo de la Ley L Nº 2448, […] esa actividad le correspondía al empleador. […] [La] renuncia fue aceptada el mismo día que fuera puesta a disposición de los miembros de ese Órgano de Control Externo, sin que se haya acreditado por parte de la demandada ninguna actividad de dichas autoridades tendiente a garantizar el derecho al goce efectivo de las vacaciones que le correspondían, en cumplimiento a la manda constitucional del art. 14 bis de la Constitución Nacional y art. 40 inc. 7 de la Carta Magna Provincial, y la improcedencia del enriquecimiento sin causa que, como principio general del derecho, informa todo el sistema jurídico. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Es el Estado empleador el que debe tomar las medidas necesarias referidas en el art. 2° de la Ley L N° 2448 para que a la fecha de cese los agentes o funcionarios de los tres Poderes del Estado hayan utilizado las licencias anuales ordinarias por vacaciones correspondientes. (Voto del Dr. Apcarián por sus fundamentos)

La prohibición del pago de licencias no gozadas -art. 2° Ley L N° 2448- buscó terminar con una práctica disfuncional pero frecuente en la Administración de admitir la sustitución del goce efectivo de la licencia anual por dinero, inclusive permitiendo la acumulación de vacaciones no usufructuadas durante varios años hasta el cese del agente en su cargo, en perjuicio tanto de su salud como de las arcas públicas. En la causa bajo análisis nos encontramos sin dudas ante una situación de excepción, en tanto el vínculo fue interrumpido por la Administración, que aceptó la renuncia puesta a su disposición sin adoptar el mínimo recaudo para que el empleado hiciera uso de la licencia anual proporcional correspondiente al último año trabajado, en forma previa a la finalización del vínculo. (Voto del Dr. Apcarián por sus fundamentos)

El a quo abordó debidamente la pretensión de la antigüedad computable a los fines indemnizatorios y la rechazó dando razones suficientes para ello. Por un lado sostuvo que es manifiestamente improcedente pretender computar la antigüedad acumulada en cargos enmarcados en diferentes regímenes de derecho público y de características totalmente disímiles al último empleo - de carácter privado -, así como también, por otro lado, destacó la naturaleza política de todos los cargos desempeñados por la actora, los cuales carecen, por sus características, de estabilidad y de derechos indemnizatorios por el cese en sus funciones, lo que evidencia que el tribunal de mérito no omitió pronunciarse respecto de su argumento principal, que la actora entendía como esencial para la resolución del caso, como son la aplicación de los arts. 18, 19 y 245 de la LCT. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)