Sumarios del STJ

No hay objeción alguna en establecer que la emisión del decreto de determinación delobjeto de la investigación es uno de los actos que el titular de la acción penal elabora al tomarconocimiento directo de la probable comisión de un delito de acción pública en pos dedelimitar su acusación e identificar a las personas involucradas, para posteriormente llevar acabo todas aquellas medidas de investigación que le permitan adoptar una de las alternativasprevistas en la ley procesal.Es uno de los pasos documentados en el legajo para el inicio de la investigación que,como su denominación lo indica, es una etapa provisoria y preliminar del proceso, en la que elMinisterio Público Fiscal, si cuenta con el sustento necesario de acuerdo con su política depersecución penal, irá construyendo y robusteciendo su acusación hacia una formulación decargos y posterior requerimiento de apertura a juicio. Es decir, la etapa consiste en eldesarrollo de la investigación y la delimitación, cada vez más precisa, de los contornosfácticos, probatorios y jurídicos de su actividad persecutoria.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado, Dr. Apcarian y Dr. Ceci sin disidencia)

Se ha acreditado objetivamente que el decreto de determinación de objeto de lainvestigación fue dictado casi dos meses después de recibida la denuncia que individualizabaa las personas imputadas, esto es, casi un tercio del plazo previsto para finalizar la etapapreliminar, lo que se erige como un indicador para dimensionar la equivocada gestión delcaso.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado, Dr. Apcarian y Dr. Ceci sin disidencia)

El representante del Ministerio Público Fiscal, titular dela acción penal pública, tiene a su cargo la actividad persecutoria del Estado (arts. 215 y 218C.Prov.) y debe conducirse dentro de los cauces legales establecidos por el legislador. En el conflicto traído a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia haquedado en evidencia que, de todas las opciones que tenía a su disposición, eligió proceder deun modo no previsto en el ordenamiento local.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado, Dr. Apcarian y Dr. Ceci sin disidencia)

La falta de petición oportuna dela prórroga pone en evidencia el desinterés del Ministerio Público Fiscal en orden a sucometido persecutorio para la formulación de cargos, pese a la sujeción de los imputados alproceso, que por tanto tenían derecho a obtener un sobreseimiento en los términos del art. 18de la Constitución Nacional (cf. STJRNS2 Se. 76/19 “RONDEAU”).(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado, Dr. Apcarian y Dr. Ceci sin disidencia)

La denuncia presentada, es uno de los modos de conocimiento directo del Ministerio Público Fiscalde la presunta comisión de un ilícito (conf. art.126 CPP), que contaba con todos los datos delos imputados, con lo cual era por demás evidente que las personas allí indicadas seencontraban sobradamente individualizadas (este no es un punto que pueda estimarsedudoso). Esta circunstsancia tornaba legalmente obligatorio concluir la etapa preliminar en elplazo estipulado de seis meses, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar las prórrogas que elacusador considerara necesarias.(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado, Dr. Apcarian y Dr. Ceci sin disidencia)

El legislador provincial ha reglamentado la duración de las etapas de investigación, juntocon sus prórrogas, peticiones y motivos para otorgarlas, exigiendo determinada diligencia enlos operadores del sistema para la protección de los derechos de las partes que concurren enbusca de justicia. Así, entre las medidas exigibles se encuentra el riguroso cumplimiento delos plazos procesales, atendiendo a una justicia rápida y eficaz, lo que implica no dejar vencerlos lapsos temporales asignados y pedir las prórrogas de manera tempestiva y motivada (cf. STJRNS2 "MURIETTE" Se. 70/19).(Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado, Dr. Apcarian y Dr. Ceci sin disidencia)