Sumarios del STJ

El Tribunal solo puede conocer en juicio ejerciendo sus atribuciones jurisdiccionales cuando se somete a su consideración un caso concreto y no una cuestión que ha devenido abstracta, atendiendo a las circunstancias existentes al momento de su decisión (cf. CSJN Fallos: 318:2438 "JUSTO"; STJRNS4 Se. 39/21 "SONDA", Se. 81/22 "MAZZÓN", Se. 06/23 "MARTÍNEZ", Se. 134/23 "MESSINITI", Se. 182/23 "A.M.D.L.N.").(Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El máximo Tribunal Provincial no es un órgano consultivo y como tal no se expide en abstracto, sino que para la emisión de un pronunciamiento jurisdiccional, es imprescindible la existencia de un conflicto actual, que constituya cuestión judiciable, en el que se confronten intereses de partes legitimadas (cf. STJRNS1 Se. 44/19 "R.").(Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Puestas a resolver las actuaciones, se adelanta que resulta inoficioso a la fecha de este pronunciamiento expedirse sobre los planteos formulados contra la sentencia impugnada, ante la falta de un interés o agravio concreto y actual del recurrente.(Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Se observa la ordinarización del proceso de amparo, el cual se inició en mayo de 2024 y se extendió por más de cuatro meses, sin que se perciban aspectos de complejidad procesal o de derecho de fondo que justificaran la dilación en resolver lo solicitado. Reunidos los informes de rigor, debió resolverse la pretensión sin dilaciones, con la celeridad que el caso y el instituto constitucional exigen, de manera tal de evitar la prolongación innecesaria del proceso. Sin embargo, a pesar de la solicitud de la Defensa Pública de pasar las actuaciones a resolver en virtud del tiempo transcurrido, el Juez de amparo intimó a las demandadas a brindar más información sobre la provisión del material. De ese modo, se desnaturalizó la vía excepcional intentada, diseñada para atender situaciones que exigen una pronta solución, en virtud del agravamiento a la salud que podría suscitarse. (Voto de la Dra. Criado, Dr. Barotto, Dr. Apcarian, Dra. Piccinini y Dr. Ceci)

Ante la inobservancia de doctrina obligatoria corresponde declarar la nulidad parcial de la decisión impugnada, debido a un vicio de juzgamiento que configura un grave quebrantamiento de las normas legales que determinan el modo en que los Tribunales deben emitir sus sentencias (arts. 200 de la C.Prov.; 34 inc. 4, 163 y cc. del CPCyC, 42 de la LO). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)

Al haberse apartado la Cámara de las previsiones del art. 28 sin dar razones suficientes, la sentencia cuestionada no deviene ajustada a derecho y se impone en consecuencia su modificación en la parte venida en recurso. (Voto de la Dra. Criado sin disidencia)

Les asiste razón a los recurrentes respecto al monto base que se debe tener en cuenta para su regulación, en tanto el Tribunal de origen se apartó arbitrariamente del art. 28 de la Ley de Aranceles que prevé “En las medidas cautelares el monto será el valor que se asegurare y se aplicará el treinta y tres por ciento (33%) de las pautas del artículo 8º, primera parte". No hay dudas respecto del contenido patrimonial en juego, atento que se trata de una medida cautelar autosatisfactiva, el mismo coincide con el monto demandado en el proceso, motivo por el cual no existe ningún impedimento de orden legal para adoptar como base de cálculo el 100% del capital asegurado, con remisión a las reglas que son de aplicación -art. 28 Ley 2212- (cf. STJRNS1 Se. 23/24 “RESERVADO"). (Voto de la Dra. Criado sin disidencia)

Actualmente rige en el ordenamiento local la Ley Provincial N° 5339 (promulgada el 30-11-18), la cual, vino a despejar confusiones. Así, definió la responsabilidad de la Provincia de Río Negro por los daños que su actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas, estableciendo que el plazo para demandar al Estado, en los supuestos de responsabilidad extracontractual o contractual, es de tres (3) años, computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños se encuentre expedita. En su art. 19 establece que: “Las disposiciones de la presente no son aplicadas al Estado en su carácter de empleador, excepto en lo que respecta al plazo de prescripción", quedando con ello aclarada cualquier duda al respecto. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El discurso recursivo solo alcanza para poner de manifiesto la disconformidad de la parte con el fallo, pues no basta la sola denuncia del incumplimiento del Tribunal de mérito en el análisis de críticas recursivas, si no es acompañada de un razonamiento legal que demuestre el error en el juicio de admisibilidad.(Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Apcarian y Dr. Barotto sin disidencia)

La queja debe satisfacer una finalidad específica y primordial, cual es demostrar la inconsistencia de la resolución denegatoria de la instancia anterior, criticando puntualmente los argumentos del rehusamiento, replicando los componentes en los que se funda y acreditando la sinrazón del juicio de admisibilidad que le atribuye la legislación procesal (cf. STJRNS3 Se. 197/22 "MORALES"; Se. 25/23 "ALARCÓN TORRES").(Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Apcarian y Dr. Barotto sin disidencia)