Sumarios del STJ

De acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Provincial y la doctrina de este Superior Tribunal, el amparo se caracteriza por su rapidez y admite diversas formas de comunicación para asegurar la bilateralidad, aunque restringida. En consecuencia, la admisión con carácter general de medidas cautelares en estos procesos de excepción, confundiendo lo provisional con el fondo del asunto, altera la naturaleza fundamental de la acción y pone en riesgo tanto su agilidad y respuesta inmediata como su función protectora de derechos (cf. STJRNS4 Se. 143/23 “GAUNA", Se. 117/24 “LÓPEZ" y Se. 131/24 “R.F.A."). (Voto del Dr. Apcarian, Dra. Piccinini y Dra. Criado sin disidencia)

Cabe admitir el reproche relativo a la brevedad del plazo concedido para cumplir con la orden impartida, dado que resulta incompatible con el tiempo lógico que necesita la Administración para culminar el trámite de compra, de acuerdo a los procedimientos previstos en el Reglamento de Contrataciones de la Provincia -Ley 3186, Dec. Nº 1737/98-. Máxime cuando la requerida hizo saber que se realizaron dos pedidos de precios que resultaron desiertos -sin oferentes- y que se estaba gestionando un nuevo pedido.De allí la irrazonabilidad del término de diez días fijado en el fallo, el cual corresponde que sea ampliado a quince días hábiles administrativos. Y, si por motivos jurídicamente atendibles dicho plazo se tornare de imposible cumplimiento, deberá así informarlo al Juzgado con antelación a su vencimiento, adjuntando copias de lo actuado a ese momento (cf. STJRNS4 Se. 47/23 "ACUÑA").(Voto del Dr. Barotto, Dra. Criado, Dr. Apcarian, Dra. Piccinini y Dr. Ceci)

Se verifica la arbitrariedad de la decisión recurrida, al anticipar la cuestión de fondo sin observar la debida rigurosidad en la apreciación de los recaudos para la admisión de la medida cautelar ordenada, ni la bilateralidad restringida de la acción constitucional intentada, de conformidad con el criterio establecido en la jurisprudencia de este Cuerpo. (Voto del Dr. Apcarian, Dra. Piccinini y Dra. Criado sin disidencia)

A través de tal concesión, la Jueza del amparo resolvió la pretensión sustancial mediante una medida cautelar -que no había sido solicitada por la accionante-, desvirtuando la naturaleza sumarísima de este tipo de proceso y sin verificar exhaustivamente los requisitos exigibles para su procedencia. Resulta difícil entender por qué no se tomó una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada mediante una sentencia emitida en un tiempo breve y razonable, con la celeridad que el caso y el instituto demandan, sin recurrir a una medida cautelar que anticipa jurisdicción y prolonga innecesariamente el proceso. (Voto del Dr. Apcarian, Dra. Piccinini y Dra. Criado sin disidencia)

Este Superior Tribunal de Justicia ha expresado que en los procesos de amparo la única sentencia recurrible conforme a la Ley 2921 es la que resuelve la cuestión constitucional de fondo y que no resultan apelables, en principio, aspectos procesales o colaterales que no hacen a la cuestión sustancial (cf. STJRNS4 Se. 82/24 "A.M.E."). Esta doctrina legaladmite excepciones cuando se vulnera el derecho de defensa del apelante o bien se configura un supuesto de arbitrariedad manifiesta (cf. STJRNS4 Se. 19/24 "INOSTROZA").(Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)

Los amparistas al promover la acción solicitaron que se ordene a la Municipalidad, al IPPV y al Ministerio de Desarrollo Humano a brindar una solución habitacional urgente ante la situación de riesgo en la que se encuentran.La magistrada, al verificar liminarmente los requisitos propios de esta excepcional vía constitucional, advirtió que existen carriles judiciales en curso y administrativos/judiciales más idóneos para debatir la cuestión planteada, con posibilidad del dictado de medidas cautelares.(Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)

No puede autorizarse el amparo como la forma habitual para corregir lo que eventualmente debe ser examinado por otro sendero procesal o legal. Ello, porque existen vías alternativas aptas que obstan a la aplicación de este remedio constitucional, excepcional y residual, viable únicamente ante la inoperancia de todos los demás trámites procesales para atender el reclamo planteado.(Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)

Para que el amparo se configure como remedio procesal debe dirigirse contra un acto notoriamente ilegal y lesivo de un derecho o garantía constitucional, donde la ilegalidad debe resultar concreta y claramente visualizable, o cuando su constatación no merece un debate y prueba más o menos complejo o no existen otros ámbitos idóneos de resolución para la cuestión sometida a decisión. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Los actores dedujeron una acción de amparo (en los términos del artículo 43 de la CN y de la C. Prov., y la Ley 2779), tendiente a que ordene a la firma cumplir con los términos y condiciones de venta de pases para residentes aprobados por el Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral, mediante Resolución 69/23. Frente a ello, el Tribunal sentenciante advirtió con acierto que la vía elegida no es adecuada para canalizar la pretensión propuesta, ya que excede el acotado marco de conocimiento propio del amparo y, por ello, no resulta idóneo para determinar la ilegalidad y arbitrariedad de los actos administrativos dictados en el marco de una Licitación Pública. La discusión planteada excede el marco de la vía del amparo, la cual no ha sido establecida para superar cuestiones que deben dirimirse con la profundidad debida, amplitud probatoria y las recíprocas garantías procesales en la sede correspondiente (cf. STJRNS4 Se. 98/16 “MINDLIN"). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)