Sumarios del STJ

Conforme el juego armónico de la normativa en análisis Ley 5106 y Ley 391, prevalece el principio de especialidad al que la norma general claramente remite. En rigor, la Ley 5106 su artículo 6° nos indica aplicar la Ley 391 del Estatuto Docente, el cual expresamente en su artículo 65° prescribe como agotar el procedimiento y habilitar la acción contencioso administrativa. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La presentación no observa lo establecido por la Corte en cuanto a la cantidad de renglones por página, excediendo en algunos casos los veintiséis (26) renglones que estipula la Acordada referida, circunstancia que torna improcedente el remedio impetrado. (Voto de la Dra. Zaratiegui, Dr. Apcarian y Dr. Barotto sin disidencia)

Este Superior Tribunal de Justicia ha dicho que: “…el recurrente, al no acompañar copia de la mencionada pieza procesal, incurre en el déficit de falta de autosuficiencia, dado que de los elementos acompañados en la queja, debe surgir una visión completa del caso, a efectos de permitir a este Cuerpo abocarse a su estudio sin necesidad de requerir ninguna otra medida. Se incumple de tal modo con la manda del art. 299 del CPCyC., que establece que al interponerse la queja se acompañaran: “2) Los demás recaudos necesarios para individualizar el caso y el tribunal, debiendo al efecto adjuntarse copia de todas aquellas piezas procesales relacionadas a los agravios planteados en el recurso denegado”(cf. STJRNS1 - Se. Nº 47/12, in re: “FUNDACION MAYORDOMOS CRISTIANOS”). (Voto de la Dra. Zaratiegui, Dr. Mansilla y Dr. Barotto sin disidencia)

Se advierte que el presentante omite acompañar elementos o piezas del expediente principal que podrían haber sido conducentes para lograr una cabal comprensión de los agravios ahora invocados y de la prueba que señala como omitida. Es así que si el quejoso creyó que el a quo valoró erróneamente constancias del expediente, fundamentalmente las relacionadas con el sumario administrativo, debió acompañar los elementos o piezas documentales del expediente principal que podrían haber sido conducentes para un mayor entendimiento en esta instancia de los argumentos en los que se funda, específicamente copia de los testimonios surgidos del sumario administrativo, de la Resolución de Tribunal de Calificación y Disciplina, así como del informe pericial que dice haber impugnado en sede administrativa, por tratarse de piezas cuyo contenido -refirió- no han sido correctamente merituados por la Cámara. Como reiteradamente tiene dicho este Cuerpo importa una carga procesal del quejoso el acompañar todas aquellas piezas procesales señaladas por el código de rito y, particularmente, en el caso aquellas relacionadas con los agravios planteados en el recurso denegado, toda vez que no constituye tarea de este Superior Tribunal suplir la oscuridad, deficiencia u omisión en que hubiera incurrido el recurrente. Tal circunstancia impide a este Superior Tribunal de Justicia conocer, por ejemplo, los términos de la Resolución municipal impugnada o si la actora tenía antecedentes similares a la conducta investigada de la actora en el sumario, y en este sentido, la queja no cumple con el recaudo de autoabastecimiento exigido por la normativa procesal aplicable (arts. 299 del CPCCm y 57 de la Ley P Nº 1504). La omisión aludida determina que la vía de hecho intentada no satisfaga el recaudo de autosuficiencia exigido tanto por el ordenamiento procesal como por una reiterada y conocida doctrina de este Superior Tribunal de Justicia. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

En el caso resulta aplicable la doctrina sentada mayoritariamente por este Superior Tribunal en el precedente "MORETE"(STJRNS3: Se. 28/16).Esto nos lleva a remitirnos a lo allí sostenido y destacamos, como se dijo en esa oportunidad, que "... ante el silencio de la norma y la jurisprudencia reinante en la materia sólo cabría adicionar los intereses al monto demandado si, como surge del mismo dispositivo de la Ley 2212, ´... hubiere existido actividad útil ...', aquí se impone al juez de grado la realización de una tarea valorativa con el fin de establecer si la labor desarrollada por los letrados ha sido "útil" para obtener un resultado acorde con sus intereses, merituación que constituye una labor propia del mérito e irrevisable en esta instancia de legalidad. Pauta que los jueces tendrán que evaluar considerando el esfuerzo especial que determinará la procedencia de incorporar los intereses a la base regulatoria, ello ante la falta de mención en la ley arancelaria". (Voto de la Dra. Zaratiegui y Dr. Mansilla por la mayoría)

Este Superior Tribunal de justicia tiene dicho que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales es irrevisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto "[a] las bases adoptadas para fijarlos, salvo violación de las normas legales pertinentes" (cf. STJRNS1 "RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.", Se. 52/06). En igual sentido, también se ha expresado que todo aquello que suponga impugnación de bases computables a los fines de la regulación, no es revisable por vía del recurso de casación (cf. STJRNS1 "GARCIA" Se. 47/00; "RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.", Se. 52/06). (Voto del Dr. Barotto en disidencia)

El cuestionamiento formulado conduce a la pretensión de lograr una revisión de elementos probatorios obrantes en los autos principales, como la valoración de cierta documental y de las testimoniales -que a su juicio solo depuso un testigo y el resto se negó a hacerlo, ello en discrepancia con la señalado el tribunal a quo- tarea que, en principio, resulta del resorte exclusivo de los Tribunales de mérito e irrevisable en esta instancia de legalidad, salvo demostración palmaria de absurdidad o arbitrariedad, que no puede advertirse en esta instancia por no haberse acompañado copia ni de la documental, ni del sumario administrativo, siquiera del acto administrativo impugnado, tampoco de la demanda ni de su contestación.(Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Este Superior Tribunal de Justicia ha dicho que el recurso no cumple con el requisito de autosuficiencia que impera en esta instancia extraordinaria, cuando se ha omitido acompañar copia de la contestación de demanda en la cual se habría planteado la excepción de nulidad, el convenio de desocupación cuestionado y las constancias de las declaraciones testimoniales. Tales omisiones impiden controlar si los planteos esgrimidos han sido introducidos en la primera oportunidad procesal que tuvo la parte, tal como lo prescribe el art. 286 “in fine” del CPCyC. o si muestran verosimilitud los agravios esgrimidos referidos a la arbitrariedad en la valoración de la prueba, o la ausencia de causa y el aprovechamiento de la necesidad de los demandados. La falta de tales elementos impiden a este Cuerpo decidir si el recurso ha sido bien o mal denegado (cf. STJRNS1: Se. N° 105/16, in re: “BRIONES”). (Voto del Dr. Mansilla, Dr. Apcarian, Dra. Piccinini y Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Le asiste razón al aquí recurrente, en principio porque el a quo no brindó fundamentos sobre la actividad útil del profesional ni justificó de modo alguno el monto base aplicado para la regulación de honorarios y, por otra parte, se advierte contradicción con lo resuelto anteriormente en la resolución -firme y consentida- por la cual se hizo lugar a la aclaratoria presentada por UTEDyC -ejecutante- respecto a la procedencia de los intereses legales para integrar el monto base a los fines de la regulación de honorarios.(Voto del Dr. Barotto en disidencia)

La base regulatoria debe guardar proporción con los valores en juego ya que de lo contrario no se atiende a la realidad económica del litigio, ni se pondera debidamente el complejo de las tareas profesionales cumplidas, vulnerándose con ello las garantías constitucionales de igualdad y derecho de propiedad consagradas en los arts. 16 y 17 CN. Por tal motivo, se entiende que el objetivo de justicia y equidad en la fijación del honorario requiere atender al monto discutido y efectivamente defendido, puesto que lo que se retribuye es la actividad profesional (cf.Ure - Finkelberg, "Honorarios de los Profesionales del Derecho", pág. 146). (Voto del Dr. Barotto en disidencia)