Sumarios del STJ

Habrá de entenderse como configurado un crédito para el consumo en aquel supuesto en el que un proveedor profesional, persona física o jurídica, conceda o se comprometa a hacerlo, a un consumidor, bajo una forma de pago aplazado, un préstamo para satisfacción de sus necesidades personales (siguiendo las argumentaciones jurídicas de Angela M. Vinti, “La efectividad de los derechos del consumidor en el proceso ejecutivo”, […]). (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)

De conformidad con las prescripciones del ordenamiento procesal del fuero, el recurso de queja debe ser interpuesto en el término de cinco días, con la ampliación que en su caso corresponda en razón de la distancia (cf. arts. 299 del CPCCm, 57, 59 y ccdtes. de la Ley P 1504). Sobre esa base se advierte que la queja interpuesta en estas actuaciones resulta extemporánea y, en consecuencia, deberá ser rechazada.

Corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto. El enjuiciamiento que lleva adelante el Consejo de la Magistratura tiene por objeto constitucionalmente establecido determinar la responsabilidad política en el desempeño de las funciones del magistrado. Su naturaleza no corresponde a la del proceso penal dado que no se encuentra encaminado a la comprobación de la existencia de un delito. Por ello, las sentencias traídas como fundamento de la pretensión del aquí actor, que fueron sustanciadas ante tribunales judiciales a fin de analizar la responsabilidad penal y civil del recurrente, no tienen la implicancia que el aquí recurrente pretende asignarles en el proceso de juicio político. (Voto de la Dra. Zaratiegui y Dr. Mansilla por sus fundamentos)

El art. 316 del CPCyC. -a diferencia del art. 315- no ha sufrido ningún tipo de modificación con la reforma de la Ley P 4142 y, en consecuencia, el sistema legal vigente permite que la caducidad sea declarada sin más trámite que la comprobación del vencimiento del doble de los plazos señalados en el art. 310 del mismo cuerpo procesal. (Voto de la Dra. Piccinini por la Mayoría)

Las disposiciones del rito de ningún modo vedan la posibilidad de que sean las partes las que anoticien y/o peticionen al Juez la declaración de caducidad bajo las condiciones prescriptas en el 316, desde que dicho actuar en nada altera la facultad del magistrado para declararla de oficio, siempre que se comprueben los extremos que la norma de modo taxativo le impone. A saber: a) cumplimiento del doble del plazo del art. 310 del CPCyC. y; b) que la caducidad se declare antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. (Voto de la Dra. Piccinini por la Mayoría)

El recurso extraordinario federal debe ser desestimado porque no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos para la interposición del recurso en la Acordada Nº 4/2007. En este sentido, la señora Defensora General desatiende las previsiones del art. 2º, pues no menciona el objeto de la presentación (inc. a) y consigna solo de modo parcial los tribunales intervinientes (inc. g).

“La interpretación propiciada no desnaturaliza el juicio ejecutivo sino que armoniza las reglas y principios del derecho cambiario con el régimen de consumo, ante la presencia de "elementos serios y adecuadamente justificados" que permiten verificar la existencia de una relación de consumo... En definitiva, se trata de posibilitar extender la eficacia del art. 36 de la ley 24240 (conf. ley 26361) más allá de las acciones sustentadas en instrumentos causales, en los que -por ser viable penetrar en los antecedentes del negocio- el juez puede determinar si se trata de una operación de crédito de las normadas en el citado dispositivo legal”. (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)

Considero que lo dispuesto en el art. 544, inc. 4° del Código Procesal Civil y Comercial -en cuanto obsta a debatir aspectos vinculados con la causa de la obligación que se pretende ejecutar-, en casos en que se ha presentado la hipótesis fáctica a que refiere el art. 36 de la LDC, no puede ser alegado para impedir que el Juez de la causa analice en qué condiciones ha sido otorgada la relación sustancial o negocio jurídico que ha dado origen al título que sirve de base al reclamo intentado. La causa de la obligación, en estos casos, puede y debe ser indagada a esos efectos, sin que obste a esto lo dispuesto en la mencionada norma de rito, cuya aplicación cede frente a la prelación normativa que imponen los arts. 1094 Cód. Civ. y Comercial, 3 LDC y ccs. (conf. CNApel. en lo Comercial, Sala C, “Banco Santander Río S.A. c. Vera Valladares, D. A. s/ ejecutivo” del 21/12/2016). (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)

Tal como lo ha señalado este Cuerpo en reiteradas ocasiones, no son revisables en casación las cuestiones atinentes al cómputo de la prescripción, sus plazos, suspensión e interrupción. Si bien es cierto que tal regla de irrevisibilidad puede ceder ante el excepcional supuesto de "absurdidad" (arbitrariedad), en el caso de autos esa excepcional hipótesis no se advierte configurada de modo manifiesto (cf. STJRNS3 Se. 80/07 "MOSCOLONI"; Se. 94/10 “FRANCO"). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

El recurrente no rebate todos los fundamentos que sostienen la decisión en crisis, ya que los argumentos expuestos son insuficientes y no atienden a lo analizado por este Superior Tribunal de Justicia. La valoración de la totalidad del plexo probatorio se entendió adecuada a las reglas de la sana crítica racional, y la reiteración de agravios en el recurso extraordinario federal es insuficiente para demostrar la arbitrariedad de lo resuelto.