Sumarios jurisdiccionales

En el juicio quedó comprobado que en el Club se realizaban actividades comerciales no habilitadas, actividades de las cuales Murguiondo tenía conocimiento y optó por no actuar en consecuencia lesionando el bien jurídico protegido. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

No resulta entonces suficiente la mera negligencia en el desempeño de la función cuando se exige el conocimiento del acto omitido (ilegalmente) bajo una conducta demostrativa de la voluntad de omitir, retardar o rehusar. Es necesario que el autor obre a sabiendas de que su proceder es contrario a lo que debe ser con arreglo a la norma jurídica aplicable (Creus, Carlos, "Delitos contra la administración pública", Editorial Astrea, pág. 208). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella en minoría)

Lo fundamentado en la sentencia concuerda con la doctrina del Superior Tribunal que al descartar el planteo de la defensa sobre atipicidad sostuvo: “…el requisito que decían faltante -la ausencia de temor en las -víctimas- no es una exigencia típica por tratarse de un delito formal, más aún puesto que -por el contrario- habían tenido por demostrado tal temor al considerar creíbles los dichos de la víctima y quienes la acompañaban, que manifestaron encontrarse asustadas luego de lo ocurrido” (Se. 44/08, 114/12 STJRNS). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La sola pregunta realizada por el imputado en los términos referidos no alcanza para tener por configurada la acción de promover – la prostitución- porque la misma debe -al menos- tener potencialidad de verificación y de lesividad. En tanto por tal acción se entiende la determinación, el engendrar en la otra la idea del ejercicio de la prostitución, impulsarle a que se mantenga en ella y/o persuadirle para no abandonarla. Claramente, la acción típica de promover excede la simple acción de proponer. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Más allá de lo reprochable de una acción como la descripta, que evidencia el sistema de dominación masculina y sexual a la cual se encuentran sujetas las mujeres y las violencias que las aquejan -entre ellas este tipo de propuestas de mercantilización de sus cuerpos- lo cierto es que el derecho penal es de aplicación en ultima ratio y la cautela debe guiar la interpretación de las juezas y jueces en función de la delimitación en la aplicación de un tipo penal como el que analizamos. La sentencia sostiene la atipicidad en función de un análisis contextualizado de las circunstancias de acaecimiento y de las personas involucradas, especialmente la mujer denunciante. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

El tipo exige que la falsedad “pueda resultar perjuicio” y en el caso concreto no solo existió el potencial perjuicio desde que con la inserción de la falsa orden T. dejaba librada la posibilidad de liberación a la discrecionalidad policial para determinar cuándo C. cumplía con la “deposición de actitud”; sino que el perjuicio se hizo efectivo finalmente porque a C. se lo privó de la libertad mas allá de la orden de la Jueza de su inmediata liberación. Orden que, ardidosamente, T. omitió consignar. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por sus fundamentos)

El tipo penal imputado -art. 25, 1° supuesto (en función de los artículos 3°, 4° y 15°) de la Ley N° 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre-, no alcanza a la tenencia de estas aves, ni a la caza de especies que no estén prohibidas por lo cual la sola existencia de esa única jaula, analizada con el resto del contexto probatorio, resulta más que insuficiente para acreditar las proposiciones fácticas referidas. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La injuria se constituye en una conducta de desmedro y menoscabo de las calidades estructurantes de la personalidad y para su acreditación requiere que el querellante exprese con hechos concretos cuan deshonrado o desacreditado se siente por las expresiones de M. y ello se sustente en dichos que otras personas que supieron de esa injuria, de cómo trascendió, de cómo tomaron conocimiento y sus consecuencias en las vidas de G. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

La acusación no ha podido acreditar la supuesta conducta antirreglamentaria del imputado, ya que de los testimonio recabados en el legajo, surge que Riffo es un funcionario que se encuentra afectado a ese complejo y que su función es la de escopetero, siendo llamado para el caso en razón del enfrentamiento que se había generado en el complejo. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Claramente estamos en presencia de la consumación del delito de defraudación --figura penal que protege el patrimonio y la buena fe en el tráfico jurídico--, done los elementos del tipo objetivo de esa conducta son, la existencia de una conducta engañosa para producir una disposición patrimonial causada por el ardid y ocasiona el perjuicio económico para la víctima. (voto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos Mohamed Mussi por la mayoría)