Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación de la parte actora y confirmó la sentencia que había desestimado la demanda ordinaria contra María Graciana Jaime, con costas a la recurrente. La controversia giró sobre si la tramitación inicial bajo la Ley de Defensa del Consumidor impedía que el juez resolviera luego con normas civiles. El tribunal sostuvo que la firmeza de aquella providencia no generaba un derecho adquirido al encuadre consumeril, que el juez podía calificar jurídicamente los hechos por el principio iura novit curia y que las sentencias anteriores habían dado razones suficientes dentro del marco de pretensión y oposición. Reguló honorarios por la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación de Lago S.A. y confirmó la sentencia de Cámara que había mantenido la condena en un litigio de daños derivado de un plan de ahorro. Impuso las costas de la instancia extraordinaria a la recurrente. La discusión se centró en la alegada arbitrariedad de la sentencia por valoración ilógica de los hechos, especialmente la cesión del plan, la promesa de reintegro atribuida a un empleado y la carga de la prueba. El Tribunal sostuvo que, aun después del examen preliminar, podía revisar la admisibilidad del recurso y advirtió que los agravios remitían a cuestiones de hecho y prueba ajenas a la casación, sin demostrar absurdidad ni arbitrariedad. Consideró que la impugnación expresaba una discrepancia subjetiva con la valoración probatoria y no habilitaba la instancia de legalidad.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la parte actora y confirmó la sentencia laboral, con costas por su orden y regulación de honorarios. El actor cuestionaba la aplicación de normas ajenas al régimen de riesgos del trabajo y el encuadre de intereses o topes sobre su crédito. El Tribunal sostuvo que los agravios no demostraban un error jurídico que justificara modificar lo decidido por la Cámara. En particular, entendió que la solución recurrida se ajustaba al marco legal y a la doctrina aplicable, y que la crítica no lograba desvirtuar los fundamentos del fallo laboral. La sentencia de Cámara quedó confirmada.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de Martín Eduardo Otero y confirmó la sentencia laboral que había aplicado el tope del art. 276 de la LCT, según la redacción del DNU 70/23. La decisión mantuvo el criterio de la Cámara en un reclamo contra Provincia ART. El actor sostenía que su crédito derivaba del régimen especial de riesgos del trabajo y que la norma laboral resultaba ajena o inconstitucional por reducir sustancialmente la acreencia. El tribunal respondió que la prestación por incapacidad laboral temporaria remite expresamente a la LCT y que la aplicación del tope no aparecía descalificada en el caso. Impuso costas por su orden.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación del partido Primero Río Negro contra la sentencia del Juzgado Electoral Provincial que había desestimado la demanda de revocación de mandato contra un legislador. La decisión mantuvo el rechazo de la acción y no impuso costas por la naturaleza de la cuestión. El partido sostenía que el cambio de pertenencia política afectaba el mandato representativo y habilitaba la revocación. El tribunal recordó que la apelación queda delimitada por los agravios y que la carga recursiva exige una crítica concreta y razonada. Concluyó que el recurrente no rebatió eficazmente los fundamentos de la sentencia electoral ni demostró error en el análisis de la plataforma y sustancia programática.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la Provincia y confirmó la sentencia contencioso laboral, pero ordenó que en la etapa de liquidación el tribunal de origen trate expresamente la capitalización de intereses del art. 770 inc. b) del Código Civil y Comercial conforme la doctrina Machin. La demandada cuestionaba la procedencia del adicional por zona desfavorable y la capitalización. El STJ sostuvo que la Cámara había receptado la doctrina legal vigente, que la deuda era determinable y que los agravios expresaban disconformidad subjetiva. Aun así, exigió un pronunciamiento concreto de razonabilidad y proporcionalidad en liquidación. Por la brecha taxonómica sobre capitalización, queda en revisión.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la trabajadora Sara Aurora Tejeda Soto y confirmó la sentencia de Cámara en una apelación vinculada con la Ley 24.557. La decisión cerró la revisión extraordinaria y mantuvo el criterio sobre incapacidad laboral. La actora cuestionaba la valoración de prueba médica y sostenía que la Cámara había reducido indebidamente el grado de incapacidad resarcible pese a informes profesionales coincidentes. El tribunal entendió que los agravios no demostraban un error jurídico revisable, sino una discrepancia con la ponderación de hechos, prueba y pericias realizada por el tribunal de mérito. Impuso las costas de la instancia por su orden y reguló honorarios.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Provincia de Río Negro contra la providencia que aprobó la liquidación de astreintes en un amparo contra Ipross, por lo que se mantiene la multa derivada del incumplimiento en la provisión de insumos para el tratamiento indicado. La discusión se centró en si la aprobación de la liquidación era apelable y si afectaba el debido proceso de la obra social. El Tribunal sostuvo que la incidencia era accesoria, pero igualmente revisó la arbitrariedad invocada y concluyó que Ipross no acreditó haber cumplido la entrega semestral ordenada, pese a nuevas entregas parciales y a períodos sin provisión del insumo. Esa conducta renuente justificó la liquidación aprobada. Costas a la vencida.