Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la demandada, anuló la sentencia laboral que había reconocido una relación de dependencia y reenvió la causa al tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte un nuevo fallo. Costas por su orden. La discusión se centró en si la Cámara acreditó válidamente el vínculo laboral previo a la registración, sobre la base de la presunción del art. 23 LCT y el principio de primacía de la realidad. El Tribunal no resolvió el fondo: consideró que la sentencia era arbitraria por déficit de fundamentación, al enunciar extremos fácticos sin analizar rigurosamente la subordinación jurídica, técnica y económica ni correlacionar la presunción legal con el régimen vigente al momento del cese. La causa quedó abierta a un nuevo pronunciamiento.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja interpuesto por la aseguradora de riesgos del trabajo, con lo que quedó firme la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y consolidada la condena laboral dictada en su contra. Impuso costas y declaró perdido el depósito. La discusión de fondo apuntaba al reconocimiento de incapacidad psicológica del trabajador, que la ART consideraba improcedente por no haber sido denunciada en sede administrativa. El Tribunal no ingresó en ese fondo: sostuvo que la queja no refutó el argumento central de la denegatoria, referido a la extemporaneidad del planteo porque la aseguradora consintió el objeto litigioso y no se opuso a la pericia psicológica. Al reiterar agravios sin crítica concreta y autosuficiente del auto denegatorio, la vía extraordinaria quedó cerrada.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja del actor y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la sentencia laboral que había rechazado su reclamo contra La Segunda ART por enfermedad vinculada al trabajo. Impuso costas. La discusión se centró en si la queja demostraba error en la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley, especialmente por el apartamiento de informes periciales psicológico y psiquiátrico. El Tribunal sostuvo que el escrito no cumplía la Acordada 9/23-STJ porque no refutaba de manera precisa todos los fundamentos autónomos de la denegatoria. Agregó que insistía en la valoración probatoria sin demostrar violación legal ni arbitrariedad, y que las diferencias con el precedente invocado impedían usarlo como base suficiente para abrir la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja de la demandada y dejó cerrada la vía extraordinaria contra la sentencia laboral que había rechazado íntegramente la demanda, pero también había desestimado la pluspetición inexcusable y la sanción del art. 275 LCT pedidas contra el actor. Impuso costas y declaró perdido el depósito. La discusión se centró en si la denegatoria del recurso principal impedía indebidamente revisar una cuestión de derecho sobre temeridad, malicia y sanciones procesales. El Tribunal sostuvo que la queja no refutó todos los fundamentos autónomos de la denegatoria, como exige la Acordada 9/23-STJ, y que la apreciación de la conducta procesal, costas y sanciones pertenece en principio al ámbito valorativo de los tribunales de mérito. Por eso no abrió la casación.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja de la actora y cerró la vía extraordinaria contra la decisión laboral-contenciosa que había desestimado su pretensión de reincorporación. Impuso costas. La discusión se centró en el cómputo del plazo para pedir la reincorporación al cargo docente luego del retiro transitorio por invalidez y en la alegada arbitrariedad del fallo de Cámara. El Tribunal no revisó el fondo: sostuvo que la quejosa reiteró su interpretación de los hechos y del derecho, pero no demostró una falla lógica grave ni refutó de modo concreto los fundamentos de la denegatoria. También destacó que la doctrina de arbitrariedad es excepcional y no corrige sentencias meramente discutibles o desfavorables.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la actora y cerró la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley en un reclamo por accidente de trabajo. Impuso costas. La recurrente alegaba que la denegatoria era dogmática y arbitraria porque omitía tratar agravios sobre violación de normas legales y constitucionales, derecho de defensa, acceso a la justicia y falta de fundamentación. El Tribunal no abordó el fondo laboral: sostuvo que la queja incumplía la Acordada 9/23-STJ, en particular la carga de refutar en forma precisa y fundada todos los argumentos independientes de la denegatoria. Señaló que la presentación no desarrolló una crítica concreta y eficaz contra los defectos formales y sustanciales señalados por la Cámara, por lo que carecía de chances de prosperar.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor y dejó cerrada la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley en el reclamo laboral contra la aseguradora. Impuso costas. El recurrente sostenía que la denegatoria era arbitraria, dogmática e incongruente porque no habría tratado sus agravios sobre la sentencia definitiva, defensa en juicio, acceso a la justicia y fundamentación. El Tribunal no revisó el fondo del accidente ni la prueba: sostuvo que el recurso incumplía la Acordada 9/23-STJ, tanto por el límite formal de renglones como por falta de crítica concreta de todos los fundamentos autónomos de la denegatoria. Al no superar esos recaudos de admisibilidad, la queja fue rechazada.

El Superior Tribunal de Justicia declaró formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal del actor contra la sentencia que había rechazado su queja en una causa contencioso-administrativa laboral. Impuso costas y reguló honorarios. El recurrente intentaba llevar a la Corte la discusión sobre la inadmisibilidad de la inaplicabilidad de ley vinculada a una excepción de inhabilitación de instancia. El Tribunal sostuvo que, aunque el recurso fue presentado en término y contra una decisión del máximo tribunal provincial, incumplía requisitos de la Acordada 4/07 de la CSJN: excedía límites formales, carecía de carátula adecuada y no contenía crítica concreta de todos los fundamentos independientes. Por ello no se abrió la vía federal.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la Provincia de Río Negro y mantuvo cerrada la vía extraordinaria contra la medida cautelar que limitó descuentos sobre los haberes de la actora. Impuso costas. La demandada sostenía que la cautelar era equiparable a sentencia definitiva porque alteraba el sistema provincial de descuentos y afectaba facultades del Poder Ejecutivo. El Tribunal no revisó el fondo de esa discusión: sostuvo que la queja incumplía la Acordada 9/23-STJ y no refutaba de modo preciso todos los fundamentos de la denegatoria, en especial el carácter cautelar, transitorio y no definitivo de la resolución. La invocación de arbitrariedad y defensa en juicio no bastó para abrir la instancia extraordinaria.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de los letrados Julio Enrique Biglieri y Cintia R. Gómez, anuló en lo pertinente la sentencia que fijaba honorarios en 5 JUS y reenvió la causa al tribunal de origen para una nueva determinación arancelaria. La discusión se centró en si correspondía remunerar, además de la actuación administrativa ante la SRT, el proceso judicial iniciado para determinar honorarios. El Tribunal remitió al precedente “Joos” y sostuvo que la actividad profesional se presume onerosa, que el proceso judicial constituye una labor autónoma y que la Cámara omitió regular esos honorarios y aplicar la Ley D 869 sin fundamentación. La decisión no fija el monto final: ordena nuevo pronunciamiento conforme a la normativa vigente.