Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de la Provincia de Río Negro en el proceso contencioso administrativo laboral promovido por Zulma Fátima Yauhar y Otilia del Carmen Sánchez contra el Ministerio de Salud. La decisión cerró la vía extraordinaria intentada por la demandada. La Provincia insistía en cuestionamientos contra la sentencia que había admitido parcialmente la demanda y discutía, entre otros puntos, la interpretación del precedente aplicable y la cuantificación. El tribunal sostuvo que la queja no cumplía la carga de refutar de manera concreta, fundada y completa los argumentos de la Cámara para denegar el recurso principal. Consideró que la presentación reiteraba disconformidades subjetivas sin demostrar ilogicidad ni error normativo autónomo. Impuso costas.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja del actor en un proceso contencioso administrativo laboral contra la Provincia de Río Negro, vinculado con la baja como auxiliar legislativo de carácter político. La decisión cerró la vía extraordinaria y dejó firme la inadmisibilidad del recurso principal. El recurrente alegaba que la Cámara había omitido considerar una contestación de traslado y que ello afectaba el debido proceso. El tribunal sostuvo que esa crítica no rebatía los fundamentos centrales sobre la inhabilitación de la instancia judicial: el acto administrativo había sido notificado, la vía administrativa no fue agotada y la cuestión quedó consentida por falta de recursos en plazo. Impuso costas al quejoso.

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El Superior Tribunal de Justicia declaró mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de María Rosa Nuñez contra Emprendimientos Crown S.A. La decisión cerró la vía extraordinaria y dejó firme, en ese estado, el rechazo de la demanda laboral dispuesto por la Cámara. La actora alegaba arbitrariedad por valoración parcial de la prueba, especialmente de testimonios y constancias del vínculo laboral. El tribunal entendió que el planteo no habilitaba la instancia excepcional, porque remitía a cuestiones de hecho, prueba y derecho común propias del tribunal de mérito, sin demostrar un defecto grave que justificara la revisión. Impuso las costas de esta instancia a la actora y reguló honorarios.

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