Fallos del STJ

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado, revocó el párrafo de la sentencia que imponía costas a Ipross y dispuso costas por su orden; además, formuló un llamado de atención a la jueza de amparo por la tramitación dilatada del expediente. El caso se había tornado abstracto por el fallecimiento de la amparista, que reclamaba cobertura de radioterapia y quimioterapia. El Tribunal sostuvo que no había vencidos ni derrotados y que la decisión de costas carecía de base normativa suficiente. También señaló una anomalía grave: el amparo permaneció más de un año sin actividad útil pese a su naturaleza urgente, y la sentencia consignó erróneamente la fecha de fallecimiento.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia que había ordenado a Ipross evaluar una derivación y eventual cobertura de tratamiento ortopédico para una niña con discapacidad. Las costas fueron impuestas por su orden y se dejó sin efecto la regulación de honorarios de la asesora de la obra social. El Tribunal sostuvo que no estaba acreditado un acto lesivo manifiesto ni la urgencia propia del amparo, porque no se había completado el circuito administrativo de derivación. También indicó que la elección de prestadores corresponde en principio al sistema de la obra social, salvo prueba excepcional de insuficiencia, no demostrada en el caso.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado y revocó los puntos de la sentencia interlocutoria que imponían costas y regulaban honorarios en una ejecución de sentencia de amparo. Dispuso costas por su orden en ambas instancias. La discusión se centró en si correspondía aplicar el principio objetivo de la derrota o el régimen específico del art. 19 del Código Procesal Constitucional. El Tribunal sostuvo que la resolución impugnada se apartó de la normativa propia de los procesos de amparo y que esa arbitrariedad habilitaba revisar una cuestión normalmente accesoria. También tuvo en cuenta que la amparista contó con Defensa Pública y que el requerido era un organismo estatal.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la apelación de la Provincia, revocó la sentencia que había ordenado a Ipross cubrir al 100% un acompañante de aprestamiento laboral para N.C. y reguló honorarios de alzada. Impuso costas por su orden. La discusión se centró en si la negativa o modalidad prestacional de la obra social habilitaba la vía excepcional del amparo. El Tribunal sostuvo que no se acreditó arbitrariedad manifiesta ni urgencia suficiente: existía una prestación vigente y el desacuerdo versaba sobre la modalidad técnica de apoyo. También remarcó que el amparo no puede sustituir el circuito administrativo ni la auditoría médica del organismo, salvo prueba clara de insuficiencia o lesión actual.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la amparista, revocó la sentencia que había rechazado la acción y ordenó al Ministerio de Salud de Río Negro entregar en cinco días hábiles el material prescripto por el médico tratante. La discusión se centró en si la demora administrativa frente a una cirugía indicada a la brevedad justificaba la vía de amparo. El Tribunal sostuvo que la sentencia de grado fue arbitraria porque descartó la urgencia sin valorar adecuadamente las constancias médicas y porque la situación de salud seguía sin resolución pese a los pedidos reiterados. En consecuencia, admitió la tutela urgente y fijó una orden concreta de cumplimiento. Costas por su orden.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación del amparista contra la sentencia que había desestimado su planteo frente al Ipross, con costas. El actor, persona con trasplante cardíaco y certificado de discapacidad, cuestionaba la cuota de afiliación y sostenía que su monto tornaba imposible la continuidad de la cobertura. El Tribunal entendió que el amparo no era la vía adecuada para revisar criterios arancelarios cuya presunta irrazonabilidad no surgía de modo palmario. Señaló que el asunto requería debate y prueba sobre la situación económica, la modalidad de afiliación y la normativa aplicable, y que la declaración de invalidez constitucional no podía introducirse tardíamente dentro de esta vía excepcional.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de amparo, con costas por su orden. La discusión se centró en la orden dictada contra el Ministerio de Salud en favor de B.I.M.E., patrocinada por la Defensa Pública. El Tribunal sostuvo que no se verificaban los presupuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que habilitan la vía excepcional, y que la situación exigía una revisión más amplia que la que permite el amparo. En consecuencia, dejó sin efecto la decisión de grado y rechazó la tutela urgente en esta instancia, sin agregar una capa de anonimización distinta de la fuente oficial.

El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado, declaró inoficioso el tratamiento de la prestación principal por objeto cumplido y revocó los puntos vinculados con honorarios, además de formular un llamado de atención a la jueza por la tramitación del amparo. Los antecedentes y agravios fueron resueltos por remisión al Dictamen N° 52/26 del Procurador General subrogante. El Tribunal agregó que la ejecución de honorarios regulados a defensores oficiales contra la propia Provincia resultaba incompatible y que la prolongación del trámite por más de un año desnaturalizó la vía expedita de amparo. Costas por su orden.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de amparo que ordenaba proveer insumos para el tratamiento de un niño con discapacidad, con costas por su orden. La Provincia alegaba que no había negativa de cobertura y que la demora respondía al trámite administrativo ante organismos competentes. El Tribunal sostuvo que las constancias acreditaban una necesidad de salud grave y urgente, con pedido médico de materiales para cateterismo y demoras incompatibles con la tutela reforzada de niños y personas con discapacidad. También consideró inoficioso tratar el plazo y las astreintes porque el objeto ya se encontraba cumplido. La decisión queda marcada para revisión por sensibilidad.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de amparo que ordenaba dar respuesta a la provisión de insumos de salud, con costas por su orden. La Provincia alegaba que el Ministerio de Salud no había incurrido en una omisión arbitraria, que el trámite de compra seguía en curso y que la amparista tenía cobertura de Osprera. El Tribunal sostuvo que las pruebas reunidas eran suficientes para acreditar los requisitos del amparo y que no existía información cierta del Hospital ni del Ministerio sobre fecha de compra y entrega. Por eso mantuvo la tutela urgente frente a la demora administrativa.