Fallos jurisdiccionales

El Juzgado de Familia homologó el acuerdo de mediación celebrado por [ACTOR_1] y [DEMANDADO_1] sobre cuidado personal, régimen de comunicación, prestación alimentaria y gastos extraordinarios de salud y escolares de [FAMILIAR_1] y [FAMILIAR_2]. La Defensora de Menores no formuló objeciones. La sentencia impuso costas al alimentante por la prestación alimentaria y por su orden respecto de los demás puntos, y reguló honorarios en 3 Jus y 5 Jus según el objeto homologado, con notificación a las partes.

El Juzgado de Familia fijó una cuota alimentaria provisoria equivalente al 120 % del SMVM a cargo del progenitor demandado. La medida se dictó al inicio del proceso sumarísimo, como anticipo hasta la sentencia definitiva y con base en las necesidades alimentarias invocadas. Ordenó depositarla del uno al diez de cada mes en Banco Patagonia y aclaró que asignaciones familiares, ayuda escolar y escolaridad deben aportarse además del monto fijado. También dio intervención a la Defensoría de Menores.

El Juzgado de Familia homologó el acuerdo alimentario alcanzado entre [ACTOR_1] y [DEMANDADO_1] a favor de [FAMILIAR_1]. El convenio fija una cuota equivalente al 25 % de los haberes del alimentante, con descuentos de ley, proporcional de SAC, ayuda escolar o asignaciones, y un piso del 60 % del SMVM. También tuvo presente el consentimiento para retención por la empleadora, impuso costas al alimentante y ordenó requerir recibos para regular honorarios, sin objeciones de la Defensora de Menores.

El Juzgado de Familia fijó una cuota alimentaria provisoria equivalente al 70 % del SMVM a cargo del progenitor demandado. La medida se dictó al iniciar el aumento de cuota, porque la cuota anterior del 40 % del SMVM había quedado desactualizada frente a los índices inflacionarios. Ordenó el depósito del uno al diez de cada mes en Banco Patagonia y aclaró que asignaciones familiares, ayuda escolar y escolaridad deben aportarse por separado. También dispuso intervención de la Defensoría de Menores e Incapaces.

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán dispuso ratificar medidas protectorias en una denuncia de violencia familiar remitida por el Juzgado de Paz de Lamarque. Ordenó exclusión del hogar, prohibición de ingreso o permanencia en domicilios familiares, prohibiciones de acercamiento de 100 y 200 metros respecto de [VÍCTIMA_1] y [VÍCTIMA_2], y prohibición de actos molestos o perturbadores. Las medidas principales rigen por 90 DÍAS desde la notificación. También dispuso intervención policial, vinculación del CADEP y pase al equipo interdisciplinario para evaluación de riesgo e interacción familiar.

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán dispuso ampliar las medidas protectorias entre la [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] y el [DENUNCIANTE_1], con carácter recíproco. Ordenó prohibición de acercamiento por 90 días con radio de 300 metros, prohibición de ingreso o permanencia en el domicilio familiar de cada parte y prohibición de actos molestos, perturbadores o publicaciones en redes sociales vinculadas al conflicto judicializado. También ordenó oficiar a la Comisaría de la Familia de Choele Choel, pedir informes sobre denuncias posteriores y librar oficio al Municipio de Choele Choel para intervención del CRAIA respecto del [DENUNCIANTE_1].

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán fijó una cuota alimentaria provisoria a cargo del progenitor equivalente al 70% del Salario Mínimo Vital y Móvil. La medida dejó sin efecto la cuota homologada en 2023, que era del 50% del SMVM, por considerarla desactualizada frente al contexto inflacionario. También ordenó el traslado de la demanda por proceso sumarísimo, dispuso que la cuota se deposite del 1 al 10 de cada mes en una cuenta judicial del Banco Patagonia y aclaró que el monto no incluye asignaciones familiares, ayuda escolar ni escolaridad. Dio intervención a la Defensoría de Menores e Incapaces.

El juzgado decretó el divorcio vincular de [ACTOR_1] y [DEMANDADO_1], con extinción de la comunidad de bienes en los términos del artículo 480 del Código Civil y Comercial. Impuso las costas por su orden y reguló honorarios: para los letrados apoderados de la parte actora, Dres. Eduardo Rafael Antonelli y Ornella Antonelli, en forma conjunta, el equivalente a 30 Jus más 40% por apoderamiento; y para el patrocinante de la demandada, Dr. Gerardo E. Grill, el equivalente a 30 Jus.

El Juzgado de Familia dispuso ratificar y ampliar una medida protectoria recíproca entre [DENUNCIANTE_1] y [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]. Ordenó la prohibición recíproca de actos molestos, de violencia y perturbación, y un abordaje socioterapéutico para ambas partes, con acreditación del inicio dentro de quince días hábiles e informes mensuales de evolución. La resolución se apoyó en el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario y previó apercibimiento por desobediencia. También requirió intervención de la unidad preventora y del Servicio de Salud Mental del Hospital de Chimpay para acompañar a las partes.

El tribunal dispuso en el proceso [DENUNCIANTE_1] EN REPRESENTACION DE [NOMBRE_1] C/ [NOMBRE_2] S/ VIOLENCIA. La decisión encuadra el caso en materia familia y resuelve el punto central planteado por las partes según el alcance del trámite. El dispositivo ordenó: RESUELVO : I.-) DISPONER las medidas protectorias dispuestas oportunamente por el Juzgado de Paz ordenando: i.-) PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO de la adolescente [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] hacia el adolescente [VÍCTIMA_1] DNI nº [DNI_VÍCTIMA_1] en donde. La síntesis queda limitada a esa resolución oficial y a sus consecuencias procesales inmediatas, sin extenderse a cuestiones ajenas al texto de la sentencia. La intervención se presenta como una respuesta jurisdiccional específica, con efectos acotados al expediente y a las medidas dispuestas.