Sumarios del STJ

No se vislumbra que se esté en presencia de un acto manifiestamente ilegal o arbitrario, sumado a que el dictamen de la Fiscalía de Coordinación referido especifica el mecanismo a seguir para encausar la solicitud de la accionante, de acuerdo a lo establecido en el art. 129 del Código Procesal Penal de la Provincia. Dicha disposición legal contempla que "Cuando el fiscal superior confirmare el archivo, la decisión no será susceptible de revisión alguna. En estos casos, dentro del quinto día de notificada, la víctima estará habilitada para constituirse en parte si aún no era querellante, peticionar ante un juez la conversión de la acción penal pública en privada y continuar con el ejercicio de la acción penal en forma autónoma". (Voto del Dr. Ceci sin disidencia)

El planteo del recurrente es sustancialmente igual al desarrollado en la causa [STJRNS2: SE. 66/17 “GITTINS”], […]. Allí se dijo -en lo aquí pertinente- que “[s]in duda alguna la decisión del a quo es ajustada a derecho y no ha sido controvertida de forma concreta y razonada. En este sentido, no hay promoción de acción penal (art. 181 C.P.P.) y la decisión del Fiscal de Cámara es irrecurrible (art. 174 ídem). [...] “Por último, y sin perjuicio de lo anterior, dable es destacar que el archivo del legajo no causa estado y no podrá invocarse a favor del non bis in ídem, por lo que podrá volver a replantearse la denuncia si se han hecho nuevos aportes probatorios [STJRNS2 Se. 87/08 “BERGONZI”]. Además, la parte querellante puede intentar la persecución del hecho por medio de la acción privada (arts. 173 y 174 C.P.P.)”. En otras palabras, la decisión de la Cámara es ajustada a derecho en cuanto el recurrente pretende impulsar la acción prevista en estos últimos artículos ante el Juzgado de Instrucción, pues “la continuación del trámite [debe realizarse] en la forma prevista” (art. 174 C.P.P.) para “la persecución del hecho por medio de la acción privada” (art. 173 ídem). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)