Sumarios del STJ

Corresponde recordar el carácter vinculante de los fallos de este Superior Tribunal, que tiene un marco de aplicación preciso, dado por las normas procesales que rigen la materia -artículo 286 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial-, aplicable en virtud del artículo 59 de la Ley P Nº 1504; artículo 56 inc. b) de la misma Ley de Procedimiento Laboral y artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial K Nº 2430 (hoy, 42 de la ley 5190) y que, en lo que aquí interesa, prevén específicamente como causal de casación o, en su caso, de inaplicabilidad de ley, el hecho de que una sentencia de Cámara contradiga la doctrina establecida en los cinco años anteriores a la fecha del fallo que se recurre. Se plasma allí el instituto de la "doctrina legal" que es propio del Recurso en tratamiento, y que posee idénticas connotaciones tanto en la casación como en la inaplicabilidad de ley. (conf. [STJRNS1 Se. 24/17 "FLORES"]; [STJRNS3 Se. 39/17 "ABURTO URIBE"]). Obviamente que la obligatoriedad de la doctrina legal de Superior Tribunal de Justicia lo es sin perjuicio de la facultad que poseen los magistrados de grado en cuanto a dejar a salvo sus opiniones personales en sentido diverso. Así se debió proceder en el presente caso, en tanto el a quo estimó razonable un plazo de tres meses a partir del cual debería reconocerse derecho indemnizatorio por la desvinculación contractual; plazo éste que difiere del adoptado por el Superior Tribunal de Justicia en [STJRNS3 SE. 39/09 "BETANCUR"]. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

El apelante, al erróneamente pretender la intervención del señor Gobernador al interponerse el recurso jerárquico, equivocó la vía elegida. En efecto, ello es así atento a que el art. 187, inc. 7* de la Constitución Provincial prescribe que aquél: “…7. Conoce y resuelve los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entes autárquicos provinciales, siendo sus decisiones recurribles ante la justicia…”, de lo cual claramente resulta que al referirse a los entes autárquicos lo hace en referencia a la Administración Central en la que interviene y participa el Estado Provincial no Municipal. Por ello el plazo de treinta días a los fines de instar la acción contenciosa administrativa se inició una vez agotado el procedimiento en fecha 09/04/14, el cual, cumpliéndose las dos primeras horas del 03/06/14, objetivamente configuró la caducidad de la instancia procesal, sin perjuicio del trámite que se le hubiera impreso, ya que la mutación normativa de modo alguno incidió en el temperamento adoptado. En rigor de verdad, de acuerdo con el modo de aplicación reglado mediante la Acordada Nº 20/16-STJ estipulado para los procesos en trámite, el planteo de desistimiento efectuado por el aquí recurrente el día 02/06/16 quedó en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 5106. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Cabe tener presente el carácter vinculante de los fallos de este Superior Tribunal, que tiene un marco de aplicación preciso, dado por las normas procesales que rigen la materia -artículo 286 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable en virtud del artículo 59 de la Ley P Nº 1504; artículo 56 inc. b) de la misma Ley de Procedimiento Laboral y artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial K Nº 2430-, y que, en lo que aquí interesa, prevén como causal de casación o en su caso de inaplicabilidad de ley el hecho de que una sentencia de Cámara contradiga la doctrina establecida por este Cuerpo en los cinco años anteriores a la fecha del fallo que se recurre. Se plasma allí el instituto de la "doctrina legal" que es propio del Recurso en tratamiento, y que posee idénticas connotaciones tanto en la casación como en la inaplicabilidad de ley. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)