Sumarios del STJ

Al tratar el fundamento de la agravante por el uso de arma, en el precedente [STJRNS2 Se. 136/10 “T.,”] (con cita del fallo [STJRNS2 Se. 49/08 “H.,”]), se sostuvo “que, en la reforma introducida por la Ley 25882 al art. 166 del Código Penal, el legislador adopta tanto la tesis del peligro efectivamente corrido por la víctima en su vida e integridad física como la mayor intimidación, [si bien] ponderando de modo distinto la pena a imponer en uno u otro supuesto”. Luego se agregó: “No obstante que no se realiza tal distinción en el inc. d) del cuarto párrafo del art. 119 del código de fondo -la escala penal de ocho a veinte años es tanto para quien use un arma potencialmente intimidante como con poder de vulneración-, es también evidente que el juzgador se ha hecho cargo de tal circunstancia [... en] la pena impuesta”. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)

Cabe señalar que, si bien la norma citada [art. 62 de la Ley P 1504], a la que atribuyó carácter de prerrogativa judicial, se refiere al empleador, entiendo que con mayor razón aún debe aplicarse a las A.R.T. en atención a la significativa y específica misión que les atribuye el ordenamiento legal -casi como órganos o instrumentos de la seguridad social-, en aras de la prevención y atención de los infortunios laborales. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Las presentes actuaciones se inician a instancia de la Fiscalía de Estado por una denuncia previa de herencia vacante efectuada por el doctor […]. Por lo tanto, si el proceso se encuadra en los términos Ley P Nº 1281, la declaración de “presunta” heredera de la señora […], no alcanza para hacer cesar la intervención de la Fiscalía de Estado. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

La consecuencia lógica y razonada debe ser la mayor sanción siempre para el provecho propio, por lo que -en tanto la inconsecuencia del legislador no puede presumirse- cabe colegir (en consonancia con Soler, Derecho Penal Argentino, Tº V, págs. 256 y 257) que la concusión en estricto sentido se encuentra legislada en el art. 268 CP., el cual remite al 266. Para ello debe interpretarse que la dádiva mencionada en la figura básica es la entrega de una cosa con valor económico (o dinero en el caso), pero sin que pueda ser conceptuada desde el inicio solo como un beneficio para el imputado. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

La apropiación de lo ajeno cumple la exigencia de conversión que trae el art. 268 del código sustantivo, pues el tomar para sí lo indebidamente exigido que era de otro implica convertirlo en sentido típico. Lo relevante pasa a ser entonces el beneficiario de lo exigido, siendo esta distinción lógica en cuanto a la gravedad punitiva de los tipos penales, pues aparece mayor el injusto si lo es para un particular. En consecuencia, si el provecho es para el funcionario o un tercero el delito es de concusión (art. 268 C.P. en referencia al art. 266 íd.), mientras que si lo es para la administración se trata de la exacción simple prevista en el último de los artículos nombrados. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Por las razones expuestas, me aparto de anteriores pronunciamientos del Superior Tribunal que -con otra integración- ubicaban el delito de concusión en el art. 266 C.P. (ver [STJRNS2 Se. 99/05 “VARGAS”] y [STJRNS2 Se. 182/06 “SALGADO”]). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Un análisis inicial que referiría a una interpretación auténtica, en tanto la querella no dice que la estafa procesal sea un supuesto de violencia en sí misma sino que lo es por su vinculación con un abuso sexual, hace necesario acudir a la raíz etimológica latina de la palabra “vis”, que significa 'fuerza'. En este caso se trataría de la fuerza física o psicológica, que se ejerce contra una persona (o su patrimonio) para conseguir un fin determinado, forzando su voluntad. Entonces, es un tipo de agresión que requiere un acto de fuerza. Atento a dicha interpretación, no sería un acto de violencia la presentación de documentación falsa pues el modo de actuación sobre la voluntad de otro es para que yerre o se equivoque, por un engaño, pero no por la fuerza. Empero, el análisis normativo del concepto “violencia” -en tanto “violencia de género”- no parece reducirse a la relación con el modo de ejercicio de la fuerza, como entiende la querella, sino que es más amplio, en tanto se encuentra definido por la Ley 26485, su Decreto Reglamentario Nº 1011/2010 y, en el orden local, la Ley 4650. […] Entonces, en el marco de dicha interpretación más amplia, para lo cual no se acude a la etimología de la palabra “violencia”, a todo evento el engaño de una estafa procesal podría ser una forma adecuada de la violencia contra la mujer. (Voto del Dr. Mansilla por la mayoría)

La materialidad del delito consiste en impedir u obstruir el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. El término “impedir” que se utiliza en el texto legal hace referencia a la conducta de imposibilitar o estorbar la ejecución de una acción. A su vez, la palabra “obstruir” tiene tres significados: a) estorbar el paso, cerrar un conducto o camino; b) impedir la acción; c) impedir la operación de un agente, sea en lo físico como en lo inmaterial. Como vemos, las dos acepciones utilizadas en el primer tipo básico de la ley deben ser entendidas como sinónimos de “imposibilitar” o “estorbar”, y se refieren a la conducta opuesta a la de permitir. Ello no se circunscribe a impedir solamente el contacto físico de la visita del padre al hijo, sino que se manifiesta también en otros aspectos, como imposibilitar la vigilancia de la educación, el mantenimiento de correspondencia, las conversaciones telefónicas o cualquier otro medio que permita el diálogo íntimo y frecuente entre progenitores e hijos, cuando no es posible el contacto físico. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)