Sumarios del STJ

Se encara en el caso en tratamiento un debate doctrinal sobre el encuadre pertinente de frente a la ausencia de previsión legal respecto a la consecuencia que trae aparejada la falta de respuesta del trabajador, al no configurarse los presupuestos de la renuncia (art. 240, LCT), ni del abandono (art. 244, LCT), salvo que hubiese mediado una intimación al respecto; pero precisamente, atendiendo con cierta doctrina a la regla de que la renuncia del trabajador no se presume (art. 58, LCT), coincido en que sólo será de aplicación el art. 241, 3er párrafo, LCT, si la omisión de respuesta del trabajador es seguida por una conducta del empleador que hasta comienzo del ciclo no lo intima a presentarse, deviniendo entonces la relación laboral en un mutuo acuerdo rescisorio tácito, sólo en tanto importe "un comportamiento concluyente y recíproco" de ambos, que "traduzca inequívocamente el abandono de la relación" (cfr. Ackerman, Mario E., Sforsini, María Isabel, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, […]). Y en esta inteligencia, dadas la particularidad del caso, donde ambos trabajadores se presentaron formalmente al inicio de la zafra para tomar tareas, manifestando claramente su voluntad de prestar su fuerza de trabajo, no cabe a mi juicio sino concluir que la solución proporcionada por la Cámara resultó adecuada a las notas fáctico jurídicas emergentes. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Es cierto en torno del comportamiento de las partes al inicio del contrato de temporada, que la LCT no establece qué ha de ocurrir si el trabajador no contesta por escrito ni se presenta ante el empleador, de suerte que su falta de respuesta, es decir, su mero silencio, deviene en una situación jurídica imprevista, porque no comporta un supuesto de renuncia (cf. art. 58, LCT) ni -como vimos- tampoco de abandono de trabajo, en tanto el empleador no lo intime al efecto (cf. art. 244, LCT). Pero teniendo en cuenta -[…]- que la renuncia no se presume, no me parece razonable -[…]- que el silencio del trabajador pueda interpretarse como un comportamiento inequívoco de no retornar a las tareas, esto es, como una inobservancia tácita al empleo que pudiera ser canalizada por el último párrafo del art. 241, LCT, si después del silencio y hasta el comienzo del ciclo no realiza actividad positiva alguna en procura del empleo, porque todavía estaría a tiempo de insertarse en la zafra. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La mera participación en la cadena de comercialización que comienza con la fabricación del producto y luego continúa a cargo de otras empresas por contrato al que sería ajena la elaboradora, no implica que se configure una subcontratación de trabajos correspondientes a una actividad normal y específica propia del primer establecimiento, ni que éste haya evitado así asumir las erogaciones propias de las contrataciones laborales. Y ello debe determinarse en cada caso, atendiendo al tipo de vinculación y las circunstancias particulares que se hayan acreditado. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

El sentido de la norma es que las empresas que, teniendo una actividad propia normal y específica y estimen conveniente o pertinente no realizarla por sí, en todo o en parte, no puedan desligarse de sus obligaciones laborales, sin que corresponda ampliar las previsiones de la regla; pues la protección de los derechos laborales no justifica que se pongan en tela de juicio otros derechos también garantizados constitucionalmente. Y sobre esta base no procede una interpretación lata del art. 30 de la LCT, que extienda desmesuradamente su ámbito de aplicación por la cesión de tareas que no hacen a la actividad normal y específica propia del establecimiento comercial explotado (cf. Mario S. Fera, [Máximos Precedentes, Derecho Laboral, Tomo I, LA LEY, Bs. As., 2013]; págs. 463/469). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

El art. 30 de la LCT comprende las hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento; es decir, los supuestos en los que se contraen prestaciones que completan o complementan la actividad del propio establecimiento, o unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones (art. 6° LCT); de suerte tal que, en los contratos de distribución, la actividad normal del fabricante o concedente excluye las etapas realizadas por el distribuidor o concesionario (cfr. Mario S. Fera, […]. [Máximos Precedentes, Derecho Laboral, Tomo I, LA LEY, Bs. As., 2013]). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

El art. 92 ter comprenderá los casos de los trabajadores que se hubieren obligado a prestar servicios en un tiempo inferior a los 2/3 de la jornada habitual de la actividad y la jornada reducida por contrato individual del art. 198 LCT engloba a aquellos cuya prestación de servicios fuese igual o superior a los 2/3 de la jornada habitual de la actividad pero inferior a la jornada máxima legal o convencional. Para los primeros, alcanzados por el art. 92 ter, si se les exigiese una jornada superior al límite allí determinado, el empleador deberá abonar el salario correspondiente al trabajador de jornada completa, sanción establecida para castigar el uso fraudulento de la figura excepcional del contrato a tiempo parcial. Sin embargo, para los trabajadores que pactaron desde el inicio una jornada superior a los 2/3 pero inferior a la máxima legal o convencional, la respuesta al interrogante sobre qué salario corresponde abonarles no puede ser la del 92 ter inc. 1 que prevé una situación diferente, sino el pago del proporcional de la remuneración del trabajador de jornada completa de acuerdo a las horas trabajadas. Esta es la solución que encuentro más justa: que la retribución encuentre su correlato en el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador, conforme a la definición de jornada de trabajo del art. 197 LCT. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

De las constancias de los presentes actuados surge que el contrato de la actora no fue a tiempo parcial debido a que lo acordado desde el inicio fue el cumplimiento de jornadas de 34 hs semanales y lo cierto es que para que exista un contrato de trabajo a tiempo parcial lo pactado tendría que haber sido una jornada inferior a las 2/3 partes de la jornada habitual en su extensión semanal; es decir, inferior a 32 horas. En la plataforma fáctica del presente caso, en el que no se ha acreditado una actuación fraudulenta del empleador ni un vicio en la voluntad del trabajador, debe tenerse por plenamente válida a todos sus efectos la estipulación de la jornada reducida acordada por las partes. Caso contrario, se generaría -además de la apuntada desproporción entre la jornada de trabajo y la remuneración- una situación de desigualdad si se pagase el mismo salario a un dependiente que trabaja 34 hs semanales que a los que laboran 48 hs semanales. […] Esta interpretación armónica de las normas resulta en la solución mas favorable al trabajador, ya que le permite por estipulación particular en su contrato individual contar con una opción mas de jornada laboral (además de la modalidad de contrato a tiempo parcial y de la jornada completa) que sea igual o superior a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad, con la percepción del salario proporcional a su tiempo convenido de trabajo. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Si bien es cierto como se señalara en la sentencia sub examine que de conformidad al art. 315 del CPCyC. la intimación a instar el proceso se produce una sola vez, ello no quiere decir que de los pedidos de caducidad efectuados con posterioridad a dicha primer oportunidad no se le deba correr traslado a la contraparte. Por el contrario, de una interpretación armónica del mencionado artículo (en particular de los párrafos primero y tercero) con el resto del plexo normativo (especialmente art. 135, inc. 7) y con el derecho constitucional de defensa en juicio, surge evidente que el art. 315 del rito parte de la regla general (primer párrafo) al supuesto particular (tercer párrafo). Es decir, en el contexto de una interpretación que garantice el derecho de defensa se puede colegir que la norma establece que, en principio, todos los pedidos de caducidad deben sustanciarse y que, excepcionalmente, una sola vez conlleva la intimación a instar el proceso. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Respecto al agravio sobre errónea aplicación del art. 63 ap. I inc. f) de la Ley Nº 2430 (actual art. 76 ap. I inc. e Ley Nº 5190), en cuanto entiende que la resolución para admitir o denegar la perención de instancia debió dictarse por el Juez Letrado (no por el Juez de Paz), se advierte que nos encontramos ante un conflicto de similares características al resuelto recientemente por este Superior Tribunal de Justicia en los autos: [STJRNS1 Se. 71/16 “GAVAZZA”]. En tal orden de situación siendo que el precedente mencionado reviste el carácter de doctrina legal en los términos de los artículos 286, inc. 3) del Código Procesal Civil y Comercial y 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Nº 5190), corresponderá remitirse a los fundamentos del precitado pronunciamiento -en lo pertinente- por razones de brevedad. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

En lo que respecta al planteo referido al art. 315 primer párrafo del CPCyC., no queda duda que lo que ha reclamado en la expresión de agravios la recurrente, y que le asistía razón, es que debió corrérsele traslado a su parte del segundo pedido de caducidad […]. En efecto, si bien es cierto como se señalara en la sentencia sub examine que de conformidad al art. 315 del CPCyC. la intimación a instar el proceso se produce una sola vez, ello no quiere decir que de los pedidos de caducidad efectuados con posterioridad a dicha primer oportunidad no se le deba correr traslado a la contraparte. Por el contrario, de una interpretación armónica del mencionado artículo (en particular de los párrafos primero y tercero) con el resto del plexo normativo (especialmente art. 135, inc. 7) y con el derecho constitucional de defensa en juicio, surge evidente que el art. 315 del rito parte de la regla general (primer párrafo) al supuesto particular (tercer párrafo). Es decir, en el contexto de una interpretación que garantice el derecho de defensa se puede colegir que la norma establece que, en principio, todos los pedidos de caducidad deben sustanciarse y que, excepcionalmente, una sola vez conlleva la intimación a instar el proceso.(Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)