Sumarios del STJ

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de OSDE, revocando la sentencia de amparo. En el sub examine no surge negativa a la cobertura de la cirugía reclamada por el amparista, sino que por el contrario puso a disposición de su afiliado los datos de sus prestadores autorizados en la ciudad Autónoma de Buenos Aires que pudieron haber intervenido quirúrgicamente al amparista -según su plan de cobertura-(…) En consecuencia se observa que el deber concreto de la requerida no ha sido motivo de negativa infundada, sumado a que el amparista no acreditó que la intervención de los prestadores escogidos sea imprescindible para la adecuada atención de su patología debido a su indiscutida experticia o conocimiento científico destacado. (voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Dada la similitud del caso presentado en autos con respecto a los planteos de los precedentes antes aludidos ([STJRNS4 Se. 126/16 “ARNALDO”], [STJRNS4 “PURRAYAN” Se. 127/16] y [STJRNS4 Se. 73/17 “RODRIGUEZ”]), es dable reiterar que la vía del amparo no resulta la adecuada para abordar cuestiones como las suscitadas en el sub examine relacionadas con diferencia de criterios respecto a los valores que reglamentariamente están fijados por el IPROSS para el ejercicio de la asistencia de cuidadores y enfermeros. A todo evento, siempre queda abierta la posibilidad para los presentantes de ejercitar sus derechos en el procedimiento administrativo o judicial idóneo que brinde la posibilidad de su abordaje con mayor debate y prueba y requerir en ese ámbito las medidas cautelares que estimen pertinentes. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Asiste razón al recurrente respecto a que en el caso de autos resulta aplicable lo expresado por este Superior Tribunal de Justicia en sus precedentes ([STJRNS4 Se. 126/16 “ARNALDO”], [STJRNS4 “PURRAYAN” Se. 127/16] y [STJRNS4 Se. 73/17 “RODRIGUEZ”] … ). En autos no existe denegatoria alguna al pedido de la amparista. Por el contrario, se postula una cobertura del 100 % de las prestaciones pero conforme a los valores que reglamentariamente están fijados por el IPROSS. Es más, el organismo hizo un ofrecimiento de mayor cobertura en atención a la situación particular de su afiliado, la que fue rechazada por la accionante. Es decir, no existe una negativa por parte de la requerida, dado que el IPROSS en su oferta se acercó sustancialmente al precio presupuestado -correspondiente a los honorarios del equipo de enfermería profesional elegido por la accionante-, sin que se presente una palmaria restricción a las garantías constitucionales invocadas, toda vez que el Instituto autorizó el incremento del 12% a partir del 1° de junio de 2017 y del 11,5% a partir del 1° de octubre de 2017. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Es oportuna la ocasión para reiterar la conveniencia de extremar por parte de los Jueces de amparo los recaudos para que en aquellos casos que consideren necesaria la aplicación de astreintes, efectúen la individualización concreta del o los funcionarios responsables del requerimiento y cumplimiento de la sentencia, a fin de que la sanción cumpla con el objeto conminatorio que persiguen evitando que se diluyan las respectivas responsabilidades(cf. STJRNS4 Se. 176/14 “AGUIRRE”, Se. 137/15 “RADELAND”, Se. 75/16 "KOBERSTEIN"). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)

Este Cuerpo ha señalado reiteradamente que la sentencia del amparo es revisable en principio ante el Superior Tribunal de Justicia por la vía de apelación exclusivamente sobre las cuestiones que hacen al fondo o esencia del objeto, pero no para las secundarias o accesorias(cf. STJRNS4: Se. 50/02 “SAPIN”; Se. 18/13 “MOSER”) ni para la impugnación de aspectos procesales o cuestiones colaterales que no hacen a la cuestión de fondo de la garantía procesal específica de la Constitución(cf. STJRNS4 Se. 75/13 “BELLO”; 79/14 "ROSAS”, Se. 137/15 “RADELAND” y Se. 75/16 KOBERSTEIN). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)

Este Cuerpo ha expresado reiteradamente que en los procesos de amparo la única sentencia recurrible, conforme a la Ley P 2921 es la que resuelve la cuestión constitucional de fondo(cf. STJRNS4 Se. 44/14 "PROVINCIA DE RÍO NEGRO”, Se. 27/15 "BARDEGGIA” y Se. 158/16 “LEDER”). No resultan apelables, en cambio, aspectos procesales o colaterales que no hacen a la citada cuestión sustancial (cf. STJRNS4 Se. 91/14 “UNIÓN PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN”, Se. 99/15 “GONZALEZ” y Se. 75/16 "KOBERSTEIN”). Las sentencias interlocutorias que conceden o deniegan medidas cautelares y/o trámites atinentes a la ejecución de la sentencia, y las que llevan adelante dicho procedimiento no tienen el carácter de sentencia definitiva (cf. STJRNS4 Se. 158/16 “LEDER”). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)