Sumarios del STJ

No hay yerro en el Tribunal de grado cuando efectúa un análisis específico respecto al concepto del adicional por bloqueo de título o respecto a la validez de la Disposición N° 335 conclusión a la que arriba luego de un pormenorizado análisis de la nulidad de los actos administrativos y del acto administrativo particular que se pretende atacar. Así, sostuvo que no surge “prima facie” que la mencionada Disposición carezca de alguno de los requisitos esenciales que hacen a la validez del acto administrativo como tal, destacando que la misma hace expresa consideración respecto de los hechos planteados por el administrado, da los motivos por los cuales considera que no corresponde acceder al pago del adicional pretendido […], señalando además los casos en que sería procedente la inhibición de título y haciendo saber que el recurrente puede ejercer libremente su profesión de Médico Veterinario, contando asimismo con dictamen de la Asesoría Letrada del Municipio. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Lo sostenido por el impugnante deviene improponible conforme la doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con base en el cumplimiento de las finalidades generales propuestas en la Convención de Belém do Pará, a saber: prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer (cf. art. 7 primer párrafo), en conjunción con la necesidad de establecer un procedimiento legal justo y eficaz para la mujer, que incluya un juicio oportuno (cf. inc. "f” del artículo citado), lo cual impone considerar que, en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado el referido instrumento internacional, tal el caso de nuestro país, es improcedente la adopción de alternativas distintas (v.gr., criterios de oportunidad, suspensión del juicio a prueba) a la definición del caso en la instancia del debate oral (G. 61. XLVIII., Recurso de Hecho, “G., G. A. s/ causa nº 14.092”, del 23/04/2013). (Voto de la Dra. Piccinini por sus fundamentos)

Al resolver el remedio de hecho intentado, este Cuerpo sostuvo que el texto de la acusación era claro y que sin esfuerzo podía ser encuadrado en el tipo del art. 169 inc. 1º primer supuesto del Código Penal en grado de tentativa, a la vez que afirmó que la crítica fundada en la ausencia de miedo de las víctimas o lo vinculado con la prueba de la autoría carecían de entidad y verosimilitud a la luz de la valoración conjunta del plexo probatorio -especialmente el peritaje y el testimonio de la perito fonoaudióloga que confirman la voz de [el imputado] -, a lo que sumó que la no consumación de la extorsión se debió a una causa ajena a la voluntad del imputado. En este sentido, se estableció que las impugnaciones defensistas desatendían la importancia y concatenación de los testimonios brindados en el debate, concordantes con la pericial mencionada y los restantes indicios de cargo. Es claro entonces que la revisión fue integral, por lo que se ha cumplido la garantía del doble conforme, a lo que se suma que los agravios sobre tales puntos se reeditan en el recurso examinado, pero sin exponer más que una simple disconformidad subjetiva con aspectos de hecho, prueba y derecho común ajenos a la instancia.

El análisis de los convenios suscriptos por las partes, la interpretación de sus cláusulas, la asignación de efectos jurídicos, dilucidar si existen rubros liquidatorios reconocidos por el actor o precisar su cuantía e intereses correspondientes, son cuestiones ajenas a esta instancia extraordinaria. (Voto de los Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui Barotto sin disidencia)

Debe advertirse que el recurso no cumple con el requisito de autosuficiencia que impera en esta instancia extraordinaria, relativa a la queja por denegatoria de la casación. Ello así, dado que se ha omitido acompañar copia de la contestación de demanda en la cual se habría planteado la excepción de nulidad, el traslado de contestación de demanda en el cual el actor habría reconocido los rubros abonados y el convenio -suscripto entre las partes- que la quejosa acusa de nulidad. Tal omisión impide controlar si los planteos esgrimidos han sido introducidos en la primera oportunidad procesal que tuvo la parte, tal como lo prescribe el art. 286 in fine del C.P.C.C. o si muestran verosimilitud los agravios esgrimidos referidos a la nulidad del convenio suscripto o la arbitrariedad en la valoración de la prueba. La falta de tales elementos impiden a este Cuerpo decidir si el recurso ha sido bien o mal denegado. (Voto de los Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui Barotto sin disidencia)

Recuerdo que la “Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que '[l]a función judicial no se agota en la letra de la ley con olvido de la efectiva y eficaz realización del Derecho. Para ello debe atenderse, antes que a un criterio formalista, a la vigencia de los principios amparados por la Constitución y que surgen de la necesidad de proveer al bien común, considerado como el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible tanto a la comunidad como a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección' (Fallos 296:65) (Véase: Alfonso Santiago (h): 'Bien común y derecho constitucional', […]). “También se ha afirmado que los jueces no pueden desenterarse del aspecto axiológico y dikelógico de los resultados prácticos concretos de la interpretación de la ley (Fallos 302:1284, LL 1981-A-401), y que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema jurídico es la consideración de sus consecuencias, y que deben verificarse los resultados a los que conduce su exégesis en el caso concreto (Fallos 303:917; 284:482) [...]” [STJRNS2 Se. 43/06 “Incidente…”]). Sobre la base de lo expuesto no advierto ni se ha demostrado que la solución del caso lleve a un resultado injusto que amerite la intervención oficiosa de este Superior Tribunal con el fin de analizar la posibilidad de invalidar la norma so pretexto de fallar conforme el principio de justicia alegado por la querellante en su recurso principal. En otras palabras, la ausencia de argumentos serios, concretos y razonados que prima facie demuestren un grado de verosimilitud del planteo resulta un obstáculo sustancial para ingresar en el análisis de (in)constitucionalidad del art. 277 inc. 4º del Código Penal (art. 196 segundo párrafo C. Prov.). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

El planteo no fue introducido en forma concreta en la primera oportunidad posible en el curso del procedimiento para que los jueces pudieran tratarlo y resolverlo, pues tanto la admisión como el rechazo de las peticiones de las partes son eventos previsibles que obligan a argumentar en su momento las cuestiones a que hubiere lugar, y también fijan el límite de la jurisdicción de los Tribunales de alzada de acuerdo con el principio tantum devolutum quantum appellatum (art. 418 C.P.P.), sobre cuya base están habilitados a revisar la resolución impugnada. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Asiste razón al a quo en cuanto dijo, en la denegatoria del recurso de casación, que el planteo de inconstitucionalidad debió realizarse oportunamente, motivo por el cual este Superior Tribunal no puede resolver sobre una cuestión no introducida ni resuelta por la Jueza de Instrucción ni la Cámara en lo Criminal. En este sentido, es evidente que la inconstitucionalidad pretendida debió alegarse al contestar la vista que se le corrió del dictamen del Agente Fiscal, puesto que este basó su petición de sobreseimiento en la exención prevista en el código sustantivo [art. 277 inc. 4to C. Penal]. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Es evidente que el recurrente solamente expone una simple discrepancia en la ponderación de las circunstancias de la causa, dado que no menciona ni acredita ningún dato cierto y concreto para intentar demostrar la razonabilidad del monto a la luz de los fundamentos expresados. Sobre esto último, advierto que resulta claro que la suma ofrecida lejos está de cumplir el requisito de reparación de los daños causados. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Efectuado el cotejo de las piezas procesales acompañadas, se advierte que la presentante omitió adjuntar copia completa de la sentencia definitiva dictada por la Cámara, cuya revisión pretende a través del recurso extraordinario articulado y posteriormente denegado por el mismo Tribunal, con lo cual se impide conocer en su totalidad los fundamentos de la sentencia atacada. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)