Sumarios del STJ

Es clara la última parte del art. 37 del CPCC cuando establece que las sanciones conminatorias “podrán ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste” si el requerido “desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder”. Entonces, la resolución que sólo atiende a un cómputo aritmético de los días transcurridos desde la notificación de la sentencia de fondo hasta la entrega definitiva del material reclamado, incumple la manda legal y la doctrina de este Tribunal en cuanto a evaluar la conducta del requerido -a la luz de lo ordenado-, la justificación de su proceder, el reajuste eventual de la sanción o su eliminación, si correspondiere. Por caso, debieron evaluarse -y resolver también conforme a ellas- las razones dadas por la obra social sobre que el único distribuidor de esos audífonos en Bariloche resultaba ser el médico tratante de la amparista, el lugar de fabricación de los mismos y el tiempo de espera -a partir de su encargo- hasta su llegada al país. Nada de eso ha sucedido y no obstante ello se convalida la procedencia de las astreintes y su cuantía. (Voto del Dr. Mansilla por sus fundamentos)

Este Superior Tribunal de Justicia tiene sentando, como principio general, que en el marco del proceso de amparo son inapelables las cuestiones accesorias a la decisión de fondo ([STJRNS4 Se. 75/13 “BELLO”] y [STJRNS4 Se. 79/14 "ROSAS”]). Sin perjuicio del principio general expuesto en punto a los límites del recurso de apelación en el acotado margen procesal del amparo, en el caso en examen se advierte la configuración de un supuesto que habilita una excepción a la citada regla, en tanto se ha afectado el derecho de defensa que asiste a la Obra Social al haberse aprobado la liquidación de astreintes desde la fecha de notificación de la sentencia de amparo sin que surja de las constancias obrantes en autos que el Tribunal de amparo haya hecho efectivo el apercibimiento relativo a su imposición. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia).

No surge la existencia de un pronunciamiento judicial que haya efectivizado el apercibimiento de imposición de las astreintes formulado en la sentencia de amparo,[en ese contexto] claramente debe ser dejada sin efecto. Bajo dicha tesitura los fundamentos expresados por la recurrente resultan suficientes a los fines de demostrar las deficiencias del pronunciamiento en crisis; asistiéndole razón en relación a que el cómputo de las astreintes debe comenzar luego de la notificación de la resolución que eventualmente las haga efectivas conforme el criterio sentando en el precedente de este Superior Tribunal de Justicia “BELLO” (cf. [STJRNS4 Se. 75/13]), circunstancias que no se verifican en autos. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia).

El Superior Tribunal de Justicia ha enfatizado en punto al recurso de apelación en las acciones de amparo, que debe estarse al texto expreso de la ley P Nº 2921 en cuanto a que sólo cabe dicho recurso en contra de la sentencia definitiva que resuelve la cuestión de fondo del amparo: es decir, la cuestión constitucional(cf. STJRNS4 75/13 “BELLO”, Se. 44/14 "PROVINCIA DE RÍO NEGRO” y Se. 27/15 "BARDEGGIA”). No resultan apelables, en cambio, aspectos procesales o colaterales que no hacen a la citada cuestión sustancial (cf. STJRNS4 Se. 91/14 “UNIÓN PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN”, Se. 99/15 “GONZALEZ” y Se. 75/16 "KOBERSTEIN”). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los representantes de la Fiscalía de Estado, en atención a que la vía del amparo no resulta la adecuada para abordar cuestiones como las suscitadas en el sub examine relacionadas con diferencia de criterios respecto a los valores que reglamentariamente están fijados por el IPROSS para el ejercicio de los Acompañantes Terapéuticos. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Admitir que por vía de amparo se encaucen potestades vinculadas con las prestaciones esenciales y genéricas del Estado, significaría virtualmente la traslación del Gobierno al Poder Judicial, con un resultado ciertamente no querido por la Constitución, dado que no es posible pedir a los Jueces que ejerzan el gobierno, o que se transformen en gendarmes de las políticas globales del Estado (cf. [STJRNS4 Se. 121/13 “VAUTIER”]). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)

Aún cuando el Juez del Amparo se encuentre erigido, en virtud de su imperium, sobre toda otra autoridad (art. 43 2 párr. Const. Pcial) hay criterios jurisprudenciales a seguir en cuanto a la preservación institucional de la división de poderes a fin de evitar el abuso de la jurisdicción o el “gobierno de los jueces”, ([STJRNS4 “ARRIAGA” Se. 81/01]; [STJRNS4 “SALTO” Se. 118/01]; [STJRNS4 “LAZZARETTI” Se. 145/02], [STJRNS4 “CARRIQUEO” Se. 39/10]; [STJRNS4 “LAURIENTE” Se. 49/12]). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)

El tratamiento del recurso de apelación intentado por la amparista deviene en inoficioso, en tanto el fallo recurrido ya no producirá efecto alguno. En este sentido y como bien se señala en el dictamen de la Procuración General, en función de las constancias de autos, específicamente el acuerdo consensuado por las partes y homologado por la Sala II de la Cámara del Trabajo de la ciudad de General Roca, extensible a la totalidad de los docentes involucrados, evidentemente la pretensión objeto de la presente se encuentra satisfecha, circunstancia que ha sido confirmada telefónicamente por la letrada patrocinante de la amparista al personal del Ministerio Público, de lo cual resulta que la cuestión ha devenido abstracta. De acuerdo a las constancias de autos en el caso corresponde aplicar el criterio ya sentado por este Superior Tribunal de Justicia en cuanto el Tribunal sólo puede conocer en juicio ejerciendo sus atribuciones jurisdiccionales cuando se somete a su consideración un caso concreto y no una cuestión que ha devenido abstracta, atendiendo a las circunstancias existentes al momento de su decisión(cf. CSJN., "Justo" 23/11/95, STJRNS4 Se. 50/16 “PEREIRA” y Se. 146/16 “WAROQUIERS”). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

La Jueza de amparo tuvo por acreditados una secuencia de incumplimientos por parte del IPROSS relativos a la cobertura total e integral y sin modalidad de reintegros que se debe brindar a la hija menor de edad discapacitada de la amparista, e intimó infructuosamente en múltiples oportunidades a la requerida, a fin de garantizar la efectivización de las prestaciones, señalando que se encontraba en riesgo la salud psico-física de una niña. [...] En definitiva, en el caso en examen no se advierte la configuración de un supuesto que habilite una excepción a la antes citada regla de aplicación de la ley P Nº 2921, en tanto no se ha afectado el derecho de defensa que asiste al organismo al que se le impusieron astreintes en esta causa ni se ha configurado un supuesto de arbitrariedad manifiesta. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

La vía del amparo no resulta la adecuada para abordar cuestiones como las suscitadas en el sub examine. A todo evento, siempre queda abierta la posibilidad para los presentantes de ejercitar sus derechos en el procedimiento judicial idóneo y requerir en ese ámbito las medidas cautelares que estime pertinente. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)