Sumarios del STJ

Recuerdo que la “Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que '[l]a función judicial no se agota en la letra de la ley con olvido de la efectiva y eficaz realización del Derecho. Para ello debe atenderse, antes que a un criterio formalista, a la vigencia de los principios amparados por la Constitución y que surgen de la necesidad de proveer al bien común, considerado como el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible tanto a la comunidad como a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección' (Fallos 296:65) (Véase: Alfonso Santiago (h): 'Bien común y derecho constitucional', […]). “También se ha afirmado que los jueces no pueden desenterarse del aspecto axiológico y dikelógico de los resultados prácticos concretos de la interpretación de la ley (Fallos 302:1284, LL 1981-A-401), y que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema jurídico es la consideración de sus consecuencias, y que deben verificarse los resultados a los que conduce su exégesis en el caso concreto (Fallos 303:917; 284:482) [...]” [STJRNS2 Se. 43/06 “Incidente…”]). Sobre la base de lo expuesto no advierto ni se ha demostrado que la solución del caso lleve a un resultado injusto que amerite la intervención oficiosa de este Superior Tribunal con el fin de analizar la posibilidad de invalidar la norma so pretexto de fallar conforme el principio de justicia alegado por la querellante en su recurso principal. En otras palabras, la ausencia de argumentos serios, concretos y razonados que prima facie demuestren un grado de verosimilitud del planteo resulta un obstáculo sustancial para ingresar en el análisis de (in)constitucionalidad del art. 277 inc. 4º del Código Penal (art. 196 segundo párrafo C. Prov.). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Es evidente que el recurrente solamente expone una simple discrepancia en la ponderación de las circunstancias de la causa, dado que no menciona ni acredita ningún dato cierto y concreto para intentar demostrar la razonabilidad del monto a la luz de los fundamentos expresados. Sobre esto último, advierto que resulta claro que la suma ofrecida lejos está de cumplir el requisito de reparación de los daños causados. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Con relación a la atribuida conculcación de las garantías constitucionales no evidencia el escrito impugnaticio un desarrollo eficiente a fin de otorgarle carácter autónomo, en la medida que la recurrente no ha demostrado la necesaria e insoslayable existencia de “relación directa e inmediata” entre los derechos constitucionales invocados y la cuestión objeto del pleito (art. 15 Ley 48). Ello reviste particular importancia en la medida que “la sola mención de preceptos constitucionales no basta para aquél fin” ([Fallos 165:62; 181:290; 266:135]). La relación directa que la ley citada exige existe sólo cuando la solución de la causa requiere necesariamente de la interpretación del precepto constitucional aducido ([Fallos 187:264; 248:129; 268:247]). De otro modo la jurisdicción de la Corte Suprema sería ineludiblemente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional ([Fallos 238:488; 295:335]). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)