Sumarios del STJ

El recurso adolece de un vicio sustancial que impide su procedencia que consiste en no contener una crítica razonada de la sentencia en crisis, efectuando conjeturas propias y replicando los mismos argumentos vertidos en etapas recursivas precluídas; insiste en la inexistencia de un comodato, circunstancia que ya fuera evaluada por los tribunales, no habiéndose receptado tal interpretación jurídica. Además de ello este Cuerpo no solo expresó la falta de suficiencia del recurso sino que advirtió sobre la improcedencia del mismo debido a que no logró demostrar cual ha sido el absurdo o arbitrariedad en que incurrió la Cámara, no siendo suficiente para fundar su agravio la mención genérica de la desatención de la Ley 23551. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La decisión de este Superior Tribunal se basó en los lineamientos establecidos por la CSJN en "Chiara Díaz" respecto a que la finalidad de la cláusula constitucional de intangibilidad es prevenir ataques financieros de los otros poderes sobre la independencia del judicial, pero "no protege a la compensación de los jueces de las disminuciones que indirectamente pudieran proceder por circunstancias como la inflación u otras derivadas de la situación económica general, en tanto no signifiquen un asalto a la independencia de la justicia por ser generales e indiscriminadamente toleradas por el público..." (CSJ N, C.1051.XL. "Chiara Díaz, C. A. c/ Estado provincial s/ acción de ejecución", sentencia del 07/03/2006). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El a quo determinó respecto al pago del adicional por bloqueo de título, luego de un análisis exhaustivo de la normativa involucrada y de las constancias obrante en la causa, que la actividad desplegada por el actor como Inspector de la Municipalidad no resulta incompatible -per se- con el libre ejercicio de la profesión de médico veterinario, ello conforme el informe el Colegio Veterinario de la Provincia de Río Negro que significa que no es incompatible el ejercicio de médico veterinario y la Función Pública. También señaló que de existir las mismas debía demostrar cuál sería o en qué consistiría la incompatibilidad concreta que en su caso pudiera generarse por oposición de sus intereses con los propios de la Administración, lo que entendió no pudo demostrar el actor en los presentes. De ese análisis es que la Cámara culmina su interpretación de la norma entendiendo que corresponde rechazar el pedido nulidad de la Disposición N° 335 de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad y en consecuencia rechazar también el pago del adicional por bloqueo de título. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Sabido es que la misión de la Defensa debe ser ejercida a ultranza y ello involucra una tarea jurídica de excelencia técnica y eficaz. No se trata del mero cúmulo de recursos, sino de las intervenciones adecuadas con argumentaciones serias y plausibles, lo que en el sub lite brilla por su ausencia. (Voto de la Dra. Piccinini por sus fundamentos)

El acceso al Máximo Tribunal Federal, mediante la arbitrariedad de sentencia, está reservado a la revisión de los pronunciamientos en los que se observe la inexistencia de las calidades mínimas para que el decisorio impugnado constituya una sentencia judicial (conf. Fallos: 237:74; 239:126, entre otros). En tal inteligencia, el recurrente esgrime como supuesto de arbitrariedad una serie de cuestiones que, en su mayoría y esencia, sostiene con idénticos argumentos a los que utilizara en el inicio de la acción procesal. En resumidas cuentas, la pretendida tacha de arbitrariedad no se encuentra claramente definida en autos, en tanto que la misma exige por parte de quien la invoca su cabal y real demostración, debiendo mediar una adecuada y suficiente explicación de la arbitrariedad como caso federal y su correspondiente relación con la materia de pronunciamiento, ello, más allá de expresar los recurrentes sus discrepancias. (conf. "Ghisini, J. H. y Otro c/ provincia del Neuquén s/ acción procesal administrativa", Expte. Nº 2696/09, TSJN Res Int. Nº 399 - 27/09/12). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Los fundamentos de la queja no rebaten ni demuestran error en el criterio denegatorio del tribunal de grado. El escrito recursivo sólo se limita a reiterar su disconformidad con el criterio de la Cámara sin aportar argumentos suficientes para demostrar el error en lo decidido por ella. En efecto, el a quo concluyó, efectuando una razonamiento lógico y valoración de las constancias probatorias de la causa, sobre la validez de la Disposición N° 335 de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad demandada y que no correspondía en consecuencia el pago del adicional por bloqueo de título solicitado, sin que el recurrente lograra conmover los argumentos del mismo, ni demostrar ilogicidad en su razonamiento, ni absurdidad o arbitrariedad en la valoración de las pruebas y/o interpretación de la normativa vigente. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

No hay yerro en el Tribunal de grado cuando efectúa un análisis específico respecto al concepto del adicional por bloqueo de título o respecto a la validez de la Disposición N° 335 conclusión a la que arriba luego de un pormenorizado análisis de la nulidad de los actos administrativos y del acto administrativo particular que se pretende atacar. Así, sostuvo que no surge “prima facie” que la mencionada Disposición carezca de alguno de los requisitos esenciales que hacen a la validez del acto administrativo como tal, destacando que la misma hace expresa consideración respecto de los hechos planteados por el administrado, da los motivos por los cuales considera que no corresponde acceder al pago del adicional pretendido […], señalando además los casos en que sería procedente la inhibición de título y haciendo saber que el recurrente puede ejercer libremente su profesión de Médico Veterinario, contando asimismo con dictamen de la Asesoría Letrada del Municipio. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Lo sostenido por el impugnante deviene improponible conforme la doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con base en el cumplimiento de las finalidades generales propuestas en la Convención de Belém do Pará, a saber: prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer (cf. art. 7 primer párrafo), en conjunción con la necesidad de establecer un procedimiento legal justo y eficaz para la mujer, que incluya un juicio oportuno (cf. inc. "f” del artículo citado), lo cual impone considerar que, en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado el referido instrumento internacional, tal el caso de nuestro país, es improcedente la adopción de alternativas distintas (v.gr., criterios de oportunidad, suspensión del juicio a prueba) a la definición del caso en la instancia del debate oral (G. 61. XLVIII., Recurso de Hecho, “G., G. A. s/ causa nº 14.092”, del 23/04/2013). (Voto de la Dra. Piccinini por sus fundamentos)

<77299> El agravio sobre la supuesta violación al art. 19 de la Ley Nº 2212 -por excluir del monto base del proceso el valor de las costas-, ya fue tratado y resuelto por la Cámara, quien fundó su decisión en doctrina autorizada en la materia y manifestó que el monto base se integra por el capital de la pretensión y sus accesorios, y que las costas no son accesorias del capital; en el recurso en examen el recurrente no realiza una crítica capaz de rebatir fundadamente la solución. Por el contrario, lo que sí se advierte es una discrepancia subjetiva con la tarea de valoración efectuada por los Jueces de grado, tanto de la fijación del monto del proceso (conf. art. 19 L.A.), como de las pautas adoptadas para fijar finalmente el monto de los honorarios, cuestiones estas de hecho, y por ende ajenas al recurso de casación. (Conf. [STJRNS1 Se. 25/10 “LASTRETO”). Sobre la cuestión resuelta puede recordarse que tiene dicho la Corte que “en los casos en que es rechazada la demanda debe computarse como monto del juicio el valor íntegro de la pretensión” (CSJN, “Acuña, G. R. J. c/ F., H. A. y otros”, Fallos: 317:1123 y 315:2353, entre otros.) Por lo tanto, es de lógica que si los emolumentos de los abogados no integran lo reclamado inicialmente por el justiciable, no resulta razonable que los mismos sean incluidos en el monto base del art. 19 de la L.A.. (Voto del Dr. Barotto, Dra. Zaratiegui y Dr. Mansilla sin disidencia)

El análisis de los convenios suscriptos por las partes, la interpretación de sus cláusulas, la asignación de efectos jurídicos, dilucidar si existen rubros liquidatorios reconocidos por el actor o precisar su cuantía e intereses correspondientes, son cuestiones ajenas a esta instancia extraordinaria. (Voto de los Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui Barotto sin disidencia)