Sumarios del STJ

Al incumplimiento de las exigencias formales de los arts. 1º y 2º del reglamento para la interposición del recurso extraordinario se suma que el recurrente no rebate siquiera mínimamente los motivos y conclusiones de la resolución que ataca, dado que no aporta razones suficientes para demostrar la arbitrariedad o la hipotética conculcación de derechos que alega o la existencia de una cuestión federal de entidad tal que amerite la especial intervención del máximo Tribunal de la Nación.

El letrado reedita los planteos que ya formuló en los recursos de casación y de queja ante el Superior Tribunal y reseña la respuesta brindada por este, pero no hace una crítica puntual de los motivos del rechazo, desarrollados en detalle en la sentencia que ataca, en la cual se analizaron las constancias del legajo referidas a que el imputado se retiró de la audiencia de debate a una sala contigua ante la declaración de determinados testigos, así como a la prueba que acredita la autoría [del imputado] y su mérito por parte del juzgador, para concluir que los agravios solo constituían una mera discrepancia con lo resuelto. En la impugnación ahora en examen el recurrente se limita a denunciar en términos genéricos que este Cuerpo habría soslayado el análisis de sus críticas, mas no precisa a cuáles hace referencia ni procura dotar a sus afirmaciones de un desarrollo que les dé sustento adecuado.

Sin perjuicio de lo expuesto y de que el incumplimiento al art. 299, inc. 2* del CPCyC. resulta suficiente para el rechazo del remedio interpuesto, en virtud de imposibilitar el análisis de los primeros agravios -cambio en el ligamen obligacional y exclusión de la condena de terceras citadas-, de la simple lectura de la sentencia en crisis que luce agregada en copia a fs. […] se advierte que los agravios esgrimidos en el recurso de hecho resultan inatendibles. En efecto, es inadecuado el planteo referido a la configuración de la responsabilidad de las condenadas, toda vez que corresponde al Juez de grado determinar qué tipo de vinculación han tenido las partes y qué derecho corresponde aplicar cuando existe diversidad en las fuentes de responsabilidad; además de ello, merituar la naturaleza jurídica de las obligaciones en cada caso dependerá de una valoración de hecho y prueba, exenta de análisis en casación. (Voto del Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui y Dr. Barotto sin disidencia).

Es sabido que constituye bastante fundamento de las decisiones judiciales la remisión a lo resuelto en pronunciamientos anteriores (Fallos: 278-135; 144:582; 290:95; 1975B:921; 302:1675; 304:1343; entre muchos otros) sin que estas remisiones importen de por sí la arbitrariedad de una sentencia (Fallos 278:271; 296:363). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

En cuanto al argumento de la Cámara de que la Ley P Nº 4142 (Código de Procedimientos) es la que más garantiza el derecho de defensa (art. 18 de la C.N.), es preciso advertir que el sentenciante de grado no expresa motivo alguno por el cual la aplicación del art. 128 ter del Cód. Fiscal (Ley 4815) pueda llevar a la afectación del debido proceso adjetivo; cuando -como bien lo señalase el recurrente- su cumplimiento se encuentra asegurado en tanto el domicilio donde se pretende cursar la notificación de la sentencia monitoria es el lugar expresamente denunciado en calidad de declaración jurada por el propio contribuyente ante la Administración Tributaria. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

El recurso carece de chances de prosperar pues, como sostuvo el a quo, el recurso de casación contiene meras discrepancias respecto de los argumentos sobre la valoración de la prueba mas deja sin refutar la ponderación y las conclusiones que sustenta la decisión. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

La recurrente sustenta primordialmente sus agravios en la invocada omisión de valoración de la prueba testimonial, pero no se hace cargo adecuadamente del argumento central y dirimente de la Cámara en cuanto ésta, al interpretar el contrato de compraventa (“ACUERDO”, según el título dado a ese instrumento) suscripto oportunamente entre la Mutual Policial y sus socios, previo a distinguir que la obligación de realizar las obras es de la Mutual y la de abonarlas corresponde a los socios, concluye que la actora tiene derecho a que la accionada le presente -en un plazo de 180 días-, un plan de obras, costos y financiación posible que le permita acceder en algún momento cierto y determinado a la escritura del lote correspondiente. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

La alegada afectación a la independencia judicial sobre la que los recurrentes intentan sostener el caso de gravedad institucional no pasa de ser una mera fórmula retórica. No se brinda ningún dato específico que permita siquiera sospechar que la situación generada haya tenido la posibilidad de afectar las decisiones que en sus roles propios fueran a adoptar los magistrados litigantes. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Cabe observar que tampoco los recurrentes cumplen específicamente con el art. 3 en sus incs. c) y d), de la Acordada [4/07]. Respecto de lo establecido en el inc. c) no han demostrado que se hayan conculcado las cuestiones federales invocadas ni la arbitrariedad en la motivación de la decisión que impugnan. No se advierte que el libelo recursivo refute en los términos indicados en el inc. d) todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas, efectuando sólo una referencia generalizada, insuficiente para cumplimentar lo requerido. En tal sentido, no refuta con fundamentos sólidos el argumento sostenido en la sentencia recurrida al considerar que los criterios que avalaron la indexación de las retribuciones de los jueces fueron dejados de lado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Chiara Díaz" del 27.03.2006 donde expresamente se dijo que "... no quebranta la independencia judicial y, en cambio, otorga a la garantía su alcance justo al determinar que ella no constituye un privilegio a favor de los magistrados ´que los ponga a salvo de toda y cualquier circunstancia que redunde en una pérdida de poder adquisitivo de sus haberes... como la inflación... en tanto no signifiquen un asalto a la independencia de la justicia por ser generales e indiscriminadamente toleradas por el público´". (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El recurso carece de chances de prosperar pues, como sostuvo el a quo, el recurso de casación contiene meras discrepancias respecto de los argumentos sobre la valoración de la prueba y deja sin refutar la ponderación y las conclusiones que sustenta la decisión. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)