Sumarios del STJ

Es doctrina legal reiterada que tanto la conformidad como la oposición, como conclusiones posibles del dictamen del Ministerio Público Fiscal ante una petición de suspensión del juicio a prueba, deben contener el correlato lógico y razonado que contribuya a la estructura de una opinión debidamente fundada. Asimismo, quedó establecido desde el precedente [STJRNS2 Se. 82/96 “Inc … LEPPE”] que tal postura debe contener no solo el recuento de las condiciones objetivas que se verifican para la procedencia del beneficio, sino que el funcionario mencionado debe hacer una valoración subjetiva, sin cuya aprobación no podrá concederlo. El acta de audiencia de fs. recoge lo esencial de lo ocurrido en oportunidad del acto procesal del 02/06/2016 y, ante la petición de suspender el juicio, luego del rechazo de la parte querellante por la insuficiencia del monto de reparación ofrecido, el señor Fiscal de Cámara sostuvo “... que las condiciones objetivas para la concesión se encuentran reunidas y que el resarcimiento podrá perseguirlo por la vía correspondiente”, por lo que a renglón seguido solicitó que “... se fijen pautas de conducta por dos (2) años y que el dinero se destine a la Cooperadora del Hospital”. No se produjo, así, la valoración subjetiva señalada en el considerando anterior. Tan escueta postura pone en evidencia la insustancialidad del dictamen fiscal, que incumple las pautas de motivación adecuadas mencionadas arriba, puesto que no hay referencia alguna a la reparación del daño en la medida de las posibilidades del imputado, omisión funcional que no puede ser satisfecha con el eventual reconocimiento reparatorio que en sede civil pueda obtener la querellante. El defecto de fundamentación se traslada a la Sala A de la Cámara en lo Criminal actuante en la especie y hace aplicable la postura que sostuve en anterior oportunidad decisoria -en minoría-, de acuerdo con la cual “[] el juicio de razonabilidad que realice el Tribunal a cargo de la decisión ha de efectuar una ponderación de la oferta de reparación económica, en relación a la existencia y… extensión del daño, debiendo tener en cuenta las pretensiones de la víctima, y las reales posibilidades del pago del imputado” (cfme. mi voto en [STJRNS2 Se. 222/15 “FERNANDEZ”], con cita de los precedentes […] y [STJRNS2 Se. 40/05 “Inc… CRIA 10 SAO”]). (Voto del Dr. Barotto en disidencia parcial)

Es evidente que el recurrente solamente expone una simple discrepancia en la ponderación de las circunstancias de la causa, dado que no menciona ni acredita ningún dato cierto y concreto para intentar demostrar la razonabilidad del monto a la luz de los fundamentos expresados. Sobre esto último, advierto que resulta claro que la suma ofrecida lejos está de cumplir el requisito de reparación de los daños causados. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Constituye una mera discrepancia subjetiva lo afirmado en cuanto a que solo habría sido producto del azar que un disparo rozara la humanidad de [víctima]. Carece de sustento, entonces, lo alegado por el recurrente en el sentido de que los disparos no habrían sido orientados a zonas vitales y que solo se dirigían a la casa, y se advierte también que tampoco se ocupa de rebatir la temática del anuncio previo, que el juzgador ponderó entre los demás elementos de convicción que surgen del plexo probatorio reunido. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

En lo que respecta a la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal, destaco en primer lugar que carece de todo asidero lógico la pretensión de que los disparos se efectuaron contra un objeto (casa) en vez de una persona, en atención a las heridas que tenía la víctima, constatadas en autos. […] A ello se suma a que la temática de la falta de violencia o intimidación previa no resulta una exigencia de tal agravante, que sí resulta de aplicación en el caso, en conformidad con la doctrina legal de este Cuerpo que rige el punto (conf. [STJRNS2 Se. 110/15 “RIFFO”] y sus citas, entre otras, a las que me remito), sin que el recurrente aporte razones que aconsejen dejar de lado tal doctrina legal, cuyos fundamentos tampoco refuta. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

En casos como el sub examine, donde hay un único medio de conocimiento y por tanto no existe otro modo de comprobar el acierto en sus referencias, la investigación debe ser realizada con especial cautela, para evitar el riesgo de errores. Era así exigible una máxima precisión al testigo para excluir riesgos, nada de lo cual se advierte en el legajo. En consecuencia, la prueba de cargo aportada por la acusación (testimonio de V.) no arroja la fuerza convictiva necesaria para desvirtuar la inocencia del imputado [M. L.], estado garantido constitucionalmente, que encuentra resguardo en el principio in dubio pro reo. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Adhiero al voto del doctor Enrique J. Mansilla pues, en lo que me toca dirimir, la razonabilidad de la oferta de reparación ha sido decidida de modo motivado. Esto surge de la propia calificación jurídica de los hechos que, al reprochar un delito contra la propiedad en grado de tentativa, tiene como implicancia la ausencia del perjuicio económico que su consumación traería. Entonces, no aparece desproporcionado el monto ofrecido respecto del daño que aparejaría el inicio de un juicio con documentación falsa. Asimismo, la parte recurrente no ha aportado constancias vinculadas con la medida de las posibilidades de reparación del imputado, por todo lo cual la decisión debe ser confirmada. (Voto del Dr. Apcarián por la mayoría).

Destaco finalmente que quien aquí viene recurriendo pidió ante el señor Juez la remisión de las actuaciones al señor Agente Fiscal para que analizara la viabilidad de la aplicación de un criterio de oportunidad (fs.), que, de prosperar, análogamente a lo ocurrido con la suspensión del juicio a prueba, habría significado la no realización del correspondiente juicio para definir la responsabilidad del imputado, lo que quita consistencia a la actual oposición que plantea con la invocación de un contexto de violencia de género. Resta la temática que en definitiva frustró la aplicación de un criterio de oportunidad en aquella primera fase del proceso y posteriormente expresa la discrepancia de la parte querellante con el acusador público y la Cámara del Crimen ante el beneficio otorgado: la motivación de la postura del Fiscal de Cámara en relación con la razonabilidad de la oferta de reparación económica. (Voto del Dr. Mansilla por la mayoría)

La materialidad del delito consiste en impedir u obstruir el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. El término “impedir” que se utiliza en el texto legal hace referencia a la conducta de imposibilitar o estorbar la ejecución de una acción. A su vez, la palabra “obstruir” tiene tres significados: a) estorbar el paso, cerrar un conducto o camino; b) impedir la acción; c) impedir la operación de un agente, sea en lo físico como en lo inmaterial. Como vemos, las dos acepciones utilizadas en el primer tipo básico de la ley deben ser entendidas como sinónimos de “imposibilitar” o “estorbar”, y se refieren a la conducta opuesta a la de permitir. Ello no se circunscribe a impedir solamente el contacto físico de la visita del padre al hijo, sino que se manifiesta también en otros aspectos, como imposibilitar la vigilancia de la educación, el mantenimiento de correspondencia, las conversaciones telefónicas o cualquier otro medio que permita el diálogo íntimo y frecuente entre progenitores e hijos, cuando no es posible el contacto físico. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)