Sumarios del STJ

No surge del escrito de qué manera el pronunciamiento impugnado ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de la propia actuación de la parte, en virtud de que reitera idénticos argumentos a los ya planteados en la casación que fue declarada mal concedida, los que recibieron un tratamiento acabado que no procura siquiera refutar. Esta deficiencia formal obsta por sí a la habilitación de esta instancia excepcional. Es que, al no rebatir los argumentos que sostienen la decisión en crisis, la Defensa no logra demostrar cómo las cuestiones federales fueron afectadas en el proceso (Fallos 180:271,209:337, 224:845 y 296:124) puesto que, cabe recordar, la mera referencia a una garantía constitucional no es suficiente para ello (Fallos 210:554 y 255:262). (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)

Como fue referido en el fallo del Superior Tribunal [STJRNS2 Se. 50/14 “CANALES”], es “insoslayable que el agravio articulado se vincula con la valoración de las pautas para la individualización de la pena y su graduación dentro de los límites ofrecidos por las leyes respectivas lo que constituye el ejercicio de una facultad propia de los jueces de la causa (conf. CSJN, Fallos: 237:190 y 423; 255:253; 305:494; 306:1669; 315:807 y 1699, entre otros)”. (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)

La lectura de la sentencia impugnada y lo actuado en el expediente permite advertir que la absolución dictada respecto de la médica […], por aplicación del principio [in dubio pro reo], tiene adecuado sustento en las constancias que emergen de la causa. Existen diversos informes, periciales y opiniones médicas sobre la atención dispensada a la víctima -en lo que aquí interesa, cuando intervino la referida profesional-, debida y extensamente reseñadas en el pronunciamiento atacado, que impidieron al juzgador arribar a la certeza de condena que reclama la parte querellante. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El agravio así motivado suscita una cuestión federal que habilita la vía intentada, en tanto pone en tela de juicio el alcance que cabe otorgar - especialmente- a los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño como pauta interpretativa del régimen legal de aplicación de penas a menores y a las diversas disposiciones constitucionales que encuentran relación directa e inmediata con la materia a decidir. En consecuencia, su tratamiento resulta pertinente por la vía establecida en el art. 14 inc. 3º de la Ley 48, toda vez que la decisión cuestionada ha sido contraria a la pretensión de la apelante y al derecho federal invocado. (Voto de la Dra. Zaratiegui en disidencia)

Un análisis inicial que referiría a una interpretación auténtica, en tanto la querella no dice que la estafa procesal sea un supuesto de violencia en sí misma sino que lo es por su vinculación con un abuso sexual, hace necesario acudir a la raíz etimológica latina de la palabra “vis”, que significa 'fuerza'. En este caso se trataría de la fuerza física o psicológica, que se ejerce contra una persona (o su patrimonio) para conseguir un fin determinado, forzando su voluntad. Entonces, es un tipo de agresión que requiere un acto de fuerza. Atento a dicha interpretación, no sería un acto de violencia la presentación de documentación falsa pues el modo de actuación sobre la voluntad de otro es para que yerre o se equivoque, por un engaño, pero no por la fuerza. Empero, el análisis normativo del concepto “violencia” -en tanto “violencia de género”- no parece reducirse a la relación con el modo de ejercicio de la fuerza, como entiende la querella, sino que es más amplio, en tanto se encuentra definido por la Ley 26485, su Decreto Reglamentario Nº 1011/2010 y, en el orden local, la Ley 4650. […] Entonces, en el marco de dicha interpretación más amplia, para lo cual no se acude a la etimología de la palabra “violencia”, a todo evento el engaño de una estafa procesal podría ser una forma adecuada de la violencia contra la mujer. (Voto del Dr. Mansilla por la mayoría)

Recuerdo que la “Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que '[l]a función judicial no se agota en la letra de la ley con olvido de la efectiva y eficaz realización del Derecho. Para ello debe atenderse, antes que a un criterio formalista, a la vigencia de los principios amparados por la Constitución y que surgen de la necesidad de proveer al bien común, considerado como el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible tanto a la comunidad como a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección' (Fallos 296:65) (Véase: Alfonso Santiago (h): 'Bien común y derecho constitucional', […]). “También se ha afirmado que los jueces no pueden desenterarse del aspecto axiológico y dikelógico de los resultados prácticos concretos de la interpretación de la ley (Fallos 302:1284, LL 1981-A-401), y que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema jurídico es la consideración de sus consecuencias, y que deben verificarse los resultados a los que conduce su exégesis en el caso concreto (Fallos 303:917; 284:482) [...]” [STJRNS2 Se. 43/06 “Incidente…”]). Sobre la base de lo expuesto no advierto ni se ha demostrado que la solución del caso lleve a un resultado injusto que amerite la intervención oficiosa de este Superior Tribunal con el fin de analizar la posibilidad de invalidar la norma so pretexto de fallar conforme el principio de justicia alegado por la querellante en su recurso principal. En otras palabras, la ausencia de argumentos serios, concretos y razonados que prima facie demuestren un grado de verosimilitud del planteo resulta un obstáculo sustancial para ingresar en el análisis de (in)constitucionalidad del art. 277 inc. 4º del Código Penal (art. 196 segundo párrafo C. Prov.). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

No se ha efectuado aquí un análisis de la proporcionalidad entre la oferta, el daño y las posibilidades económicas del imputado, que permita determinar su sincera intención de superar el conflicto por él suscitado. (Voto del Dr. Barotto en disidencia parcial)

En relación con la alegada inexistencia de dolo homicida en la actuación de los imputados, los argumentos de la parte no logran conmover lo establecido en la sentencia en torno a la dirección de los disparos y la consecuente ubicación de la herida de arma de fuego recibida por la víctima, aspecto fáctico que permanece incólume. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

El planteo no fue introducido en forma concreta en la primera oportunidad posible en el curso del procedimiento para que los jueces pudieran tratarlo y resolverlo, pues tanto la admisión como el rechazo de las peticiones de las partes son eventos previsibles que obligan a argumentar en su momento las cuestiones a que hubiere lugar, y también fijan el límite de la jurisdicción de los Tribunales de alzada de acuerdo con el principio tantum devolutum quantum appellatum (art. 418 C.P.P.), sobre cuya base están habilitados a revisar la resolución impugnada. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Asiste razón al a quo en cuanto dijo, en la denegatoria del recurso de casación, que el planteo de inconstitucionalidad debió realizarse oportunamente, motivo por el cual este Superior Tribunal no puede resolver sobre una cuestión no introducida ni resuelta por la Jueza de Instrucción ni la Cámara en lo Criminal. En este sentido, es evidente que la inconstitucionalidad pretendida debió alegarse al contestar la vista que se le corrió del dictamen del Agente Fiscal, puesto que este basó su petición de sobreseimiento en la exención prevista en el código sustantivo [art. 277 inc. 4to C. Penal]. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)