Sumarios del STJ

Le asiste razón al aquí recurrente, en principio porque el a quo no brindó fundamentos sobre la actividad útil del profesional ni justificó de modo alguno el monto base aplicado para la regulación de honorarios y, por otra parte, se advierte contradicción con lo resuelto anteriormente en la resolución -firme y consentida- por la cual se hizo lugar a la aclaratoria presentada por UTEDyC -ejecutante- respecto a la procedencia de los intereses legales para integrar el monto base a los fines de la regulación de honorarios.(Voto del Dr. Barotto en disidencia)

Corresponde recordar el carácter vinculante de los fallos de este Superior Tribunal, que tiene un marco de aplicación preciso, dado por las normas procesales que rigen la materia -artículo 286 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial-, aplicable en virtud del artículo 59 de la Ley P Nº 1504; artículo 56 inc. b) de la misma Ley de Procedimiento Laboral y artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial K Nº 2430 (hoy, 42 de la ley 5190) y que, en lo que aquí interesa, prevén específicamente como causal de casación o, en su caso, de inaplicabilidad de ley, el hecho de que una sentencia de Cámara contradiga la doctrina establecida en los cinco años anteriores a la fecha del fallo que se recurre. Se plasma allí el instituto de la "doctrina legal" que es propio del Recurso en tratamiento, y que posee idénticas connotaciones tanto en la casación como en la inaplicabilidad de ley. (conf. [STJRNS1 Se. 24/17 "FLORES"]; [STJRNS3 Se. 39/17 "ABURTO URIBE"]). Obviamente que la obligatoriedad de la doctrina legal de Superior Tribunal de Justicia lo es sin perjuicio de la facultad que poseen los magistrados de grado en cuanto a dejar a salvo sus opiniones personales en sentido diverso. Así se debió proceder en el presente caso, en tanto el a quo estimó razonable un plazo de tres meses a partir del cual debería reconocerse derecho indemnizatorio por la desvinculación contractual; plazo éste que difiere del adoptado por el Superior Tribunal de Justicia en [STJRNS3 SE. 39/09 "BETANCUR"]. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Este Superior Tribunal, en materia laboral, sólo conoce de los recursos de queja por inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ley denegada, no evidenciándose que sea el caso de autos. Cabe advertir que el letrado debió interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (cf. art. 56 inc b Ley 1504) contra sentencia definitiva o equiparable a tal de la Cámara y, en el caso de que aquél hubiera sido denegado, recién entonces acceder a esta instancia mediante el recurso de queja previsto en el art. 299 del CPCC.

Surge notorio que el fallo de grado ha incurrido en un error cuantitativamente relevante, que justifica sin duda la admisión del recurso extraordinario exclusivamente en este aspecto del fallo. Atento a la índole de la cuestión -sin perjuicio de tratarse de un error de cálculo o numérico que incluso podría haberse subsanado por vía de la interposición del recurso de aclaratoria previsto en el art. 166 del CPCCm-, corresponderá resolver en el mismo acto, abreviando así el nuevo llamado al Acuerdo del art. 292 últ. parte del CPCCm(cf. STJRNS3 "GIANELLO" Se. 4/07; "ORREGO" Se. 62/08; "SOLO" Se. 35/11; "MARTINEZ QUILAQUEO" Se. 52/11; "PEREZ" Se. 23/13). En tal sentido, dado el carácter de orden público de la ley arancelaria corresponde hacer lugar parcialmente al recurso y directamente en esta etapa del proceso dejar sin efecto la regulación de honorarios tal como fue practicada y remitir las actuaciones al Tribunal de origen para que proceda a realizar la adecuación pertinente en función del criterio que aquí se deja expuesto(cf. STJRNS3: "RAILAF" Se. 121/08; "KOSTA" Se. 18/16). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

El a quo abordó debidamente la pretensión de la antigüedad computable a los fines indemnizatorios y la rechazó dando razones suficientes para ello. Por un lado sostuvo que es manifiestamente improcedente pretender computar la antigüedad acumulada en cargos enmarcados en diferentes regímenes de derecho público y de características totalmente disímiles al último empleo - de carácter privado -, así como también, por otro lado, destacó la naturaleza política de todos los cargos desempeñados por la actora, los cuales carecen, por sus características, de estabilidad y de derechos indemnizatorios por el cese en sus funciones, lo que evidencia que el tribunal de mérito no omitió pronunciarse respecto de su argumento principal, que la actora entendía como esencial para la resolución del caso, como son la aplicación de los arts. 18, 19 y 245 de la LCT. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Asimismo debe destacarse que la decisión que -a través del análisis de la conducta de las partes- considera acreditada la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes (art. 241, LCT), concierne a una típica cuestión de hecho, sólo revisable en la instancia extraordinaria por vía de absurdo. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

En cuanto al agravio referido a la prescripción, corresponde recordar que reiterada doctrina de este Cuerpo tiene dicho que analizar el punto de partida de la prescripción es cuestión ajena a esta instancia por implicar adentrarse en cuestiones de hecho y prueba propios de la instancia de mérito, mas allá que en autos el rechazo también consideró una forma distinta de terminación de la relación laboral. (art. 241, tercer párrafo LCT). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Tampoco se advierte la supuesta contradicción invocada ya que, si bien el mérito no tuvo por válido el convenio de rescisión contractual, sí lo toma como punto de partida para el cómputo del plazo de la prescripción porque entendió que, a partir de allí, la conducta de las partes fue inequívoca a efectos de la rescisión del contrato de trabajo. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La temática en estudio, es extraña a las posibilidades revisoras permitidas por el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo que se demuestre un exceso jurisdiccional, un ejercicio abusivo o antifuncional de las facultades valorativas o una desnaturalización de la finalidad a las que están destinadas las respectivas normas (conf. [STJRNS3 Se. 27/02 "QUETRIHUE S.A."]; [STJRNS3 Se. 74/02 "RAUQUE"]; [STJRNS3 Se. 170/04 "FERREYRA"], entre muchos otros) lo que no ha sido demostrado en los presentes autos en donde el Tribunal de mérito efectúa un desarrollo razonado, lógico y fundado de su decisión de aplicar la sanción pecuniaria prevista en el art. 62 de la Ley P 1504, destacando que si bien la demandada no negó la relación laboral como manda la norma cuestionada, sí negó el derecho reclamado por la actora en el marco del proceso sumarísimo que se trata, la situación de vulnerabilidad en que se encontraba y el carácter alimentario de los salarios no percibidos en tiempo y forma. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)