Sumarios del STJ

La prohibición del pago de licencias no gozadas -art. 2° Ley L N° 2448- buscó terminar con una práctica disfuncional pero frecuente en la Administración de admitir la sustitución del goce efectivo de la licencia anual por dinero, inclusive permitiendo la acumulación de vacaciones no usufructuadas durante varios años hasta el cese del agente en su cargo, en perjuicio tanto de su salud como de las arcas públicas. En la causa bajo análisis nos encontramos sin dudas ante una situación de excepción, en tanto el vínculo fue interrumpido por la Administración, que aceptó la renuncia puesta a su disposición sin adoptar el mínimo recaudo para que el empleado hiciera uso de la licencia anual proporcional correspondiente al último año trabajado, en forma previa a la finalización del vínculo. (Voto del Dr. Apcarián por sus fundamentos)

La prohibición del pago de licencias no gozadas -art. 2° ley L N° 2448- buscó terminar con una práctica disfuncional pero frecuente en la Administración de admitir la sustitución del goce efectivo de la licencia anual por dinero, inclusive permitiendo la acumulación de vacaciones no usufructuadas durante varios años hasta el cese del agente en su cargo, en perjuicio tanto de su salud como de las arcas públicas.En la causa bajo análisis nos encontramos sin dudas ante una situación de excepción, en tanto el actor fue dado de baja por la Administración sin que esta haya adoptado el mínimo recaudo para que el empleado hiciera uso de la licencia anual proporcional correspondiente al último año trabajado, en forma previa a la finalización del vínculo.De allí que, es el Estado empleador el que debe tomar las medidas necesarias referidas en el art. 2° de la Ley L N° 2448 para que a la fecha de cese los agentes o funcionarios de los tres Poderes del Estado hayan utilizado las licencias anuales ordinarias por vacaciones correspondientes. (Voto del Dr. Apcarian por sus fundamentos)

"Los intereses de una indemnización de daños deberán computarse desde la producción del perjuicio hasta el pronunciamiento apelado a una tasa del 8% anual, como tasa pura, dado que resulta suficientemente compensatoria ante una deuda de valor fijada a valores actuales, y desde entonces hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina"(cf. CNACiv. Sala I, 27/06/14, La Ley Online, AR/JUR/38821/2014 - STJRNS1 "TORRES" Se. 100/16; "ALDERETE" Se. 46/17). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Tal como ha dicho la Corte, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impida considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (cf. CS,Fallos: 311:786; 312:696; 314:458; 324:1378). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

La queja en estudio solo se limita a reiterar su disconformidad con lo resuelto por la Cámara sin aportar argumentos suficientes para justificar el yerro de lo decidido por ella. La mera enunciación de las discrepancias que tiene con lo decidido por el a quo, resulta, por sí sola, manifiestamente insuficiente para demostrar la arbitrariedad. El recurso de queja debe rebatir todas y cada una de las argumentaciones esgrimidas por la Cámara para denegar el acceso a la excepcional vía intentada. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Es tarea privativa de los jueces de grado dilucidar, conforme la prueba producida, si el trabajador desarrolló o no las labores correspondientes a la categoría que invoca y si se devengaron diferencias salariales a su favor, y las conclusiones que al respecto se formulen - por referirse, precisamente, a típicas cuestiones de hecho y prueba- no son en principio revisables en casación, salvo los supuestos de arbitrariedad o absurdidad (cf.STJRNS3: "SIMON", Se. 14/09; "LINARES" Se. 133/10; "CAÑUMIL" Se. 43/11). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

La mera participación en la cadena de comercialización que comienza con la fabricación del producto y luego continúa a cargo de otras empresas por contrato al que sería ajena la elaboradora, no implica que se configure una subcontratación de trabajos correspondientes a una actividad normal y específica propia del primer establecimiento, ni que éste haya evitado así asumir las erogaciones propias de las contrataciones laborales. Y ello debe determinarse en cada caso, atendiendo al tipo de vinculación y las circunstancias particulares que se hayan acreditado. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

El sentido de la norma es que las empresas que, teniendo una actividad propia normal y específica y estimen conveniente o pertinente no realizarla por sí, en todo o en parte, no puedan desligarse de sus obligaciones laborales, sin que corresponda ampliar las previsiones de la regla; pues la protección de los derechos laborales no justifica que se pongan en tela de juicio otros derechos también garantizados constitucionalmente. Y sobre esta base no procede una interpretación lata del art. 30 de la LCT, que extienda desmesuradamente su ámbito de aplicación por la cesión de tareas que no hacen a la actividad normal y específica propia del establecimiento comercial explotado (cf. Mario S. Fera, [Máximos Precedentes, Derecho Laboral, Tomo I, LA LEY, Bs. As., 2013]; págs. 463/469). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

El art. 30 de la LCT comprende las hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento; es decir, los supuestos en los que se contraen prestaciones que completan o complementan la actividad del propio establecimiento, o unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones (art. 6° LCT); de suerte tal que, en los contratos de distribución, la actividad normal del fabricante o concedente excluye las etapas realizadas por el distribuidor o concesionario (cfr. Mario S. Fera, […]. [Máximos Precedentes, Derecho Laboral, Tomo I, LA LEY, Bs. As., 2013]). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Cabe destacar que en virtud del sistema procesal propio del fuero, en el cual rige el sistema de apreciación en conciencia de las pruebas (art. 53 inc. 1 de la Ley P Nº 1504), los Jueces laborales tienen un amplio espectro de evaluación de los medios probatorios, lo que les confiere una amplia soberanía valorativa. Tanto es así que solo están limitados por la prudencia jurídica y pueden según su arbitrio escoger los elementos de juicio prefiriendo unos y desechando otros, con la facultad de seleccionar las pruebas y atribuirles la jerarquía que en cada caso les corresponda; sin olvidar que la regla de apreciar es valorar, ponderar y comparar para decidir. Tal tarea es ajena a la casación y la mencionada regla solo puede ceder en aquellos casos en los que, con serios fundamentos, se invoque y acredite un supuesto de absurdo notorio o arbitrariedad. Sin embargo, es sabido que, el absurdo no procede cuando la apreciación de las cuestiones de hecho y prueba sean discutibles o poco convincentes, o se demuestre sobre la mera exhibición de una opinión discrepante. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)