Sumarios del STJ

Se advierte que el presentante omite acompañar elementos o piezas del expediente principal que podrían haber sido conducentes para lograr una cabal comprensión de los agravios ahora invocados y de la prueba que señala como omitida. Es así que si el quejoso creyó que el a quo valoró erróneamente constancias del expediente, fundamentalmente las relacionadas con el sumario administrativo, debió acompañar los elementos o piezas documentales del expediente principal que podrían haber sido conducentes para un mayor entendimiento en esta instancia de los argumentos en los que se funda, específicamente copia de los testimonios surgidos del sumario administrativo, de la Resolución de Tribunal de Calificación y Disciplina, así como del informe pericial que dice haber impugnado en sede administrativa, por tratarse de piezas cuyo contenido -refirió- no han sido correctamente merituados por la Cámara. Como reiteradamente tiene dicho este Cuerpo importa una carga procesal del quejoso el acompañar todas aquellas piezas procesales señaladas por el código de rito y, particularmente, en el caso aquellas relacionadas con los agravios planteados en el recurso denegado, toda vez que no constituye tarea de este Superior Tribunal suplir la oscuridad, deficiencia u omisión en que hubiera incurrido el recurrente. Tal circunstancia impide a este Superior Tribunal de Justicia conocer, por ejemplo, los términos de la Resolución municipal impugnada o si la actora tenía antecedentes similares a la conducta investigada de la actora en el sumario, y en este sentido, la queja no cumple con el recaudo de autoabastecimiento exigido por la normativa procesal aplicable (arts. 299 del CPCCm y 57 de la Ley P Nº 1504). La omisión aludida determina que la vía de hecho intentada no satisfaga el recaudo de autosuficiencia exigido tanto por el ordenamiento procesal como por una reiterada y conocida doctrina de este Superior Tribunal de Justicia. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

En el caso resulta aplicable la doctrina sentada mayoritariamente por este Superior Tribunal en el precedente "MORETE"(STJRNS3: Se. 28/16).Esto nos lleva a remitirnos a lo allí sostenido y destacamos, como se dijo en esa oportunidad, que "... ante el silencio de la norma y la jurisprudencia reinante en la materia sólo cabría adicionar los intereses al monto demandado si, como surge del mismo dispositivo de la Ley 2212, ´... hubiere existido actividad útil ...', aquí se impone al juez de grado la realización de una tarea valorativa con el fin de establecer si la labor desarrollada por los letrados ha sido "útil" para obtener un resultado acorde con sus intereses, merituación que constituye una labor propia del mérito e irrevisable en esta instancia de legalidad. Pauta que los jueces tendrán que evaluar considerando el esfuerzo especial que determinará la procedencia de incorporar los intereses a la base regulatoria, ello ante la falta de mención en la ley arancelaria". (Voto de la Dra. Zaratiegui y Dr. Mansilla por la mayoría)

Este Superior Tribunal de justicia tiene dicho que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales es irrevisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto "[a] las bases adoptadas para fijarlos, salvo violación de las normas legales pertinentes" (cf. STJRNS1 "RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.", Se. 52/06). En igual sentido, también se ha expresado que todo aquello que suponga impugnación de bases computables a los fines de la regulación, no es revisable por vía del recurso de casación (cf. STJRNS1 "GARCIA" Se. 47/00; "RIO NEGRO FIDUCIARIA S.A.", Se. 52/06). (Voto del Dr. Barotto en disidencia)

El cuestionamiento formulado conduce a la pretensión de lograr una revisión de elementos probatorios obrantes en los autos principales, como la valoración de cierta documental y de las testimoniales -que a su juicio solo depuso un testigo y el resto se negó a hacerlo, ello en discrepancia con la señalado el tribunal a quo- tarea que, en principio, resulta del resorte exclusivo de los Tribunales de mérito e irrevisable en esta instancia de legalidad, salvo demostración palmaria de absurdidad o arbitrariedad, que no puede advertirse en esta instancia por no haberse acompañado copia ni de la documental, ni del sumario administrativo, siquiera del acto administrativo impugnado, tampoco de la demanda ni de su contestación.(Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Le asiste razón al aquí recurrente, en principio porque el a quo no brindó fundamentos sobre la actividad útil del profesional ni justificó de modo alguno el monto base aplicado para la regulación de honorarios y, por otra parte, se advierte contradicción con lo resuelto anteriormente en la resolución -firme y consentida- por la cual se hizo lugar a la aclaratoria presentada por UTEDyC -ejecutante- respecto a la procedencia de los intereses legales para integrar el monto base a los fines de la regulación de honorarios.(Voto del Dr. Barotto en disidencia)

La base regulatoria debe guardar proporción con los valores en juego ya que de lo contrario no se atiende a la realidad económica del litigio, ni se pondera debidamente el complejo de las tareas profesionales cumplidas, vulnerándose con ello las garantías constitucionales de igualdad y derecho de propiedad consagradas en los arts. 16 y 17 CN. Por tal motivo, se entiende que el objetivo de justicia y equidad en la fijación del honorario requiere atender al monto discutido y efectivamente defendido, puesto que lo que se retribuye es la actividad profesional (cf.Ure - Finkelberg, "Honorarios de los Profesionales del Derecho", pág. 146). (Voto del Dr. Barotto en disidencia)

Se advierte que el presentante omite acompañar elementos o piezas del expediente principal que podrían haber sido conducentes para lograr una cabal comprensión de los agravios invocados, específicamente copia del dictamen del perito médico, que consideró no fue evaluado correctamente por el a quo y del resto de la documentación con la que sostiene se debía contrastar aquél, la cual ni siquiera enumera y/o menciona. La omisión aludida determina que la vía de hecho intentada no satisfaga el recaudo de autosuficiencia exigido tanto por el ordenamiento procesal como por una reiterada y conocida doctrina de este Superior Tribunal de Justicia.Así, se ha dicho: "El quejoso debe acompañar todos aquellos instrumentos que hacen al recaudo de la autosuficiencia recursiva de la queja a fin de que su propia presentación permita al Tribunal abocarse a su estudio de manera completa y obtener una visión global del encuadre que corresponde" (cf. STJRNS3: "SANTIBAÑEZ" Se. 70/12; "ECHARTE" Se. 48/14). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El cuestionamiento formulado conduce a la pretensión de lograr una revisión de los elementos probatorios obrantes en autos, principalmente de la valoración de la documental y testimoniales, y si existió injuria suficiente como para entrañar la no prosecución del vínculo, tarea que resulta del resorte exclusivo de los Tribunales de mérito e irrevisable en esta instancia de legalidad, salvo demostración palmaria de absurdidad o arbitrariedad. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Este Cuerpo ha sostenido en reiterada doctrina que resulta extraño al recurso extraordinario todo lo ligado con el análisis de los testimonios orales prestados en la vista de causa, lo vinculado con la mayor o menor veracidad de los testigos y con el grado de convicción que pudieran proyectar los dichos de unos u otros. Si bien es cierto que tal regla puede ceder ante el excepcional supuesto de arbitrariedad o absurdidad, esa anomalía no puede fundarse en la eventual disconformidad de la parte con el resultado del litigio o con la apreciación de las circunstancias del caso, sino que debe ser desarrollada acabadamente en los términos de la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia, que en el caso no se advierte que se configure de modo evidente y manifiesto tal excepcional hipótesis (cf. STJRNS3 "MARIN" Se. 12/15; "BUSTAMANTE" Se. 111/15). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Desde antiguo se ha expresado: "... en el análisis de admisibilidad del recurso de casación los tribunales a quo no deben restringirse a un mero recuento de los requisitos formales sino que deben adentrarse en un estudio de densidad mayor, para verificar si aquél cuenta con fundamentos serios que relacionen ´prima facie´ el agravio con las constancias del expediente. Ello tiene como propósito evitar un dispendio jurisdiccional innecesario y la habilitación de la instancia a recursos que manifiestamente no puedan prosperar"(cf. STJRNS3 "MENDIA" Se. 17/07; "TONCOVICH" Se. 11 /17; "JARA" Se. 44/17). En ese orden de ideas, es dable recordar reiterada jurisprudencia de este Superior Tribunal que ha entendido que "... es necesario reafirmar las facultades de la Cámara ... para denegar un recurso extraordinario, toda vez que nada impide que cuando analiza si se cumplen las condiciones de admisibilidad del recurso de casación efectúe un primer control, opine y eventualmente lo deniegue cuando su improcedencia sea clara; y al hacerlo, no es juez de su propio fallo, sino partícipe de la habilitación de la instancia superior, en la medida que la propia ley procesal lo dispone" (cf.STJRNS3: "MABELLINI" Se. 251/89; "MALIQUEO" Se. 14/00; "VILA" Se. 300/02; "ARGAÑARAZ" Se. 1/03; "RUBILAR" Se. 121/10; "TONCOVICH" Se. 11/17). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)