Sumarios del STJ

La obligatoriedad jurisdiccional de la doctrina legal de Superior Tribunal de Justicia lo es sin perjuicio del derecho ilimitado que poseen los magistrados de grado en cuanto a dejar a salvo sus opiniones personales. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

La alegada afectación a la independencia judicial sobre la que los recurrentes intentan sostener el caso de gravedad institucional no pasa de ser una mera fórmula retórica. No se brinda ningún dato específico que permita siquiera sospechar que la situación generada haya tenido la posibilidad de afectar las decisiones que en sus roles propios fueran a adoptar los magistrados litigantes. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Cabe observar que tampoco los recurrentes cumplen específicamente con el art. 3 en sus incs. c) y d), de la Acordada [4/07]. Respecto de lo establecido en el inc. c) no han demostrado que se hayan conculcado las cuestiones federales invocadas ni la arbitrariedad en la motivación de la decisión que impugnan. No se advierte que el libelo recursivo refute en los términos indicados en el inc. d) todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas, efectuando sólo una referencia generalizada, insuficiente para cumplimentar lo requerido. En tal sentido, no refuta con fundamentos sólidos el argumento sostenido en la sentencia recurrida al considerar que los criterios que avalaron la indexación de las retribuciones de los jueces fueron dejados de lado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Chiara Díaz" del 27.03.2006 donde expresamente se dijo que "... no quebranta la independencia judicial y, en cambio, otorga a la garantía su alcance justo al determinar que ella no constituye un privilegio a favor de los magistrados ´que los ponga a salvo de toda y cualquier circunstancia que redunde en una pérdida de poder adquisitivo de sus haberes... como la inflación... en tanto no signifiquen un asalto a la independencia de la justicia por ser generales e indiscriminadamente toleradas por el público´". (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El recurso adolece de un vicio sustancial que impide su procedencia que consiste en no contener una crítica razonada de la sentencia en crisis, efectuando conjeturas propias y replicando los mismos argumentos vertidos en etapas recursivas precluídas; insiste en la inexistencia de un comodato, circunstancia que ya fuera evaluada por los tribunales, no habiéndose receptado tal interpretación jurídica. Además de ello este Cuerpo no solo expresó la falta de suficiencia del recurso sino que advirtió sobre la improcedencia del mismo debido a que no logró demostrar cual ha sido el absurdo o arbitrariedad en que incurrió la Cámara, no siendo suficiente para fundar su agravio la mención genérica de la desatención de la Ley 23551. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los Tribunales de la causa, por vincularse con cuestiones de derecho procesal, son ajenas al recurso extraordinario. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Cabe destacar que el remedio de queja debe reunir ciertos recaudos a los efectos de su debida presentación y admisibilidad formal, los que se encuentran expresamente contenidos en el art. 299 del CPCCm. por remisión de los arts. 57 y 59 de la ley P 1504. Se trata de un instituto procesal mediante el cual se inicia un expediente separado del principal y que reviste suma importancia para la parte que lo utiliza, toda vez que presupone que su Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley le ha sido denegado por el a quo, y que si accede a esta instancia de excepción, el fallo que él ataca podrá ser revisado por este Cuerpo. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Sin caer en ritualismos extremos desde lo formal cabe agregar que todo intento de intervención que se inste ante el Superior Tribunal de Justicia, por la relevancia que reviste para la parte que lo interpone y por la autoridad que representa el máximo órgano judicial de la Provincia, debe respetar no solo las formas normadas en la Ley adjetiva que corresponda sino también aquellas que no se encuentran expresamente derivadas de reglas procedimentales sino que dimanan de las buenas costumbres en la presentación de los escritos judiciales; ello, sin desmedro de las Acordadas que este Superior Tribunal dicta sobre el particular, como por ejemplo la Acordada Nº 09/14, a cuyos términos y alcances me remito, en mérito a la brevedad. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

La decisión de este Superior Tribunal se basó en los lineamientos establecidos por la CSJN en "Chiara Díaz" respecto a que la finalidad de la cláusula constitucional de intangibilidad es prevenir ataques financieros de los otros poderes sobre la independencia del judicial, pero "no protege a la compensación de los jueces de las disminuciones que indirectamente pudieran proceder por circunstancias como la inflación u otras derivadas de la situación económica general, en tanto no signifiquen un asalto a la independencia de la justicia por ser generales e indiscriminadamente toleradas por el público..." (CSJ N, C.1051.XL. "Chiara Díaz, C. A. c/ Estado provincial s/ acción de ejecución", sentencia del 07/03/2006). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El a quo determinó respecto al pago del adicional por bloqueo de título, luego de un análisis exhaustivo de la normativa involucrada y de las constancias obrante en la causa, que la actividad desplegada por el actor como Inspector de la Municipalidad no resulta incompatible -per se- con el libre ejercicio de la profesión de médico veterinario, ello conforme el informe el Colegio Veterinario de la Provincia de Río Negro que significa que no es incompatible el ejercicio de médico veterinario y la Función Pública. También señaló que de existir las mismas debía demostrar cuál sería o en qué consistiría la incompatibilidad concreta que en su caso pudiera generarse por oposición de sus intereses con los propios de la Administración, lo que entendió no pudo demostrar el actor en los presentes. De ese análisis es que la Cámara culmina su interpretación de la norma entendiendo que corresponde rechazar el pedido nulidad de la Disposición N° 335 de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad y en consecuencia rechazar también el pago del adicional por bloqueo de título. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El acceso al Máximo Tribunal Federal, mediante la arbitrariedad de sentencia, está reservado a la revisión de los pronunciamientos en los que se observe la inexistencia de las calidades mínimas para que el decisorio impugnado constituya una sentencia judicial (conf. Fallos: 237:74; 239:126, entre otros). En tal inteligencia, el recurrente esgrime como supuesto de arbitrariedad una serie de cuestiones que, en su mayoría y esencia, sostiene con idénticos argumentos a los que utilizara en el inicio de la acción procesal. En resumidas cuentas, la pretendida tacha de arbitrariedad no se encuentra claramente definida en autos, en tanto que la misma exige por parte de quien la invoca su cabal y real demostración, debiendo mediar una adecuada y suficiente explicación de la arbitrariedad como caso federal y su correspondiente relación con la materia de pronunciamiento, ello, más allá de expresar los recurrentes sus discrepancias. (conf. "Ghisini, J. H. y Otro c/ provincia del Neuquén s/ acción procesal administrativa", Expte. Nº 2696/09, TSJN Res Int. Nº 399 - 27/09/12). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)