Sumarios del STJ

El 2º párrafo del art. 20 de la Ley G N° 2212 establece: "En los casos de rechazo total o parcial de la demanda y/o reconvención, los montos desestimados formarán parte del monto base a los efectos regulatorios en la medida en que hubiere existido actividad útil respecto de los mismos, aplicándose la escala del art 8°". Ahora bien, la aplicación de la citada norma impone al juez de grado la realización de una tarea valorativa con el fin de establecer si la labor profesional desarrollada por los letrados ha sido "útil" para obtener un resultado acorde con sus intereses, merituación que constituye una labor propia del mérito e irrevisable en esta instancia de legalidad. [STJRNS3 Se. 121/08 "RAILAF"]. Considerando que en autos se ha tomado como monto base a los efectos de la regulación de los honorarios profesionales solo un porcentaje del monto del proceso por el cual se condena a la empresa representada por el accionante, se lo ha fijado en violación del artículo 20 de la Ley de Aranceles 2212, esto es sin respetar los montos desestimados ni ponderar si existió actividad profesional útil del recurrente respecto de los mismos, cabe tener presente en el caso lo dicho por este Cuerpo al manifestar que corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido, dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada oportunamente por las labores desarrolladas por el letrado y remitir las presentes actuaciones al Tribunal de origen para que se realice una nueva regulación conforme a derecho. (Cf. [STJRNS1: Se. 36/08 “BAQUERO LAZCANO"]). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Cabe señalar que, si bien la norma citada [art. 62 de la Ley P 1504], a la que atribuyó carácter de prerrogativa judicial, se refiere al empleador, entiendo que con mayor razón aún debe aplicarse a las A.R.T. en atención a la significativa y específica misión que les atribuye el ordenamiento legal -casi como órganos o instrumentos de la seguridad social-, en aras de la prevención y atención de los infortunios laborales. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

En relación a los alcances de la norma contenida en el art. 62 de la Ley P 1504 y la solución que el a quo le imprimió a la contienda, cabe destacar que el dispositivo precitado establece una sanción pecuniaria encontrando su razón de ser como sanción procesal fundándose en los principios de economía procesal, penando la temeridad y malicia, sin que se haya controvertido -en el caso- la constitucionalidad de la misma. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Cabe recordar que este Cuerpo ha sostenido que los incumplimientos graves e injustificados de las ART, respecto de las prestaciones dinerarias a su cargo, podrían justificar alguna sanción por vía de un aumento de la tasa de interés, tal como lo decidió en [STJRNS3 Se. 49/12 "PEÑA CACERES"] y [STJRNS3 Se. 11/14 "GAMBOA"]. Ello, en consideración a la naturaleza del crédito en cuestión, siendo su titular un trabajador que -como tal- resulta ser sujeto de preferente tutela constitucional (Art. 14 bis de la CN). (conf. [STJRNS3 Se. 31/15 "KRZYLOWSKI"]).(Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La base regulatoria debe guardar proporción con los valores en juego ya que de lo contrario no se atiende a la realidad económica del litigio, ni se pondera debidamente el complejo de las tareas profesionales cumplidas, vulnerándose con ello las garantías constitucionales de igualdad y derecho de propiedad consagradas en los arts. 16 y 17 CN. Por tal motivo, sí entendemos que el objetivo de justicia y equidad en la fijación del honorario requiere atender al monto discutido y efectivamente defendido, puesto que lo que se retribuye es la actividad profesional (conf. Ure- Finkelberg, "Honorarios de los Profesionales del Derecho", pág. 146). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

La temática en estudio, es extraña a las posibilidades revisoras permitidas por el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo que se demuestre un exceso jurisdiccional, un ejercicio abusivo o antifuncional de las facultades valorativas o una desnaturalización de la finalidad a las que están destinadas las respectivas normas (conf. [STJRNS3 Se. 27/02 "QUETRIHUE S.A."]; [STJRNS3 Se. 74/02 "RAUQUE"]; [STJRNS3 Se. 170/04 "FERREYRA"], entre muchos otros) lo que no ha sido demostrado en los presentes autos en donde el Tribunal de mérito efectúa un desarrollo razonado, lógico y fundado de su decisión de aplicar la sanción pecuniaria prevista en el art. 62 de la Ley P 1504, destacando que si bien la demandada no negó la relación laboral como manda la norma cuestionada, sí negó el derecho reclamado por la actora en el marco del proceso sumarísimo que se trata, la situación de vulnerabilidad en que se encontraba y el carácter alimentario de los salarios no percibidos en tiempo y forma. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

El recurso de queja vuelve a reiterar los agravios dirigidos contra la sentencia definitiva sin detenerse en los argumentos de la denegatoria referidos a que sobre la base fáctica de los presentes correspondía la normativa y doctrina legal aplicada por la Cámara. Tratándose, en el caso, de trabajadoras de temporada sobre las que el a quo tuvo por acreditado que trabajaron en temporada 2011 y cuyo vínculo contractual finalizó en fecha 4.03.2011 y no fueron convocadas a trabajar en la temporada 2012, por aplicación de los arts. 97, 98 de la LCT y la doctrina [STJRN SE. 121/95 "TRAIMALLANCA"], [STJRNS3 Se. 34/07 "FARIÑA"] […], entre otras de este Cuerpo, el a quo resolvió el rechazo de los rubros reclamados, poniendo como límite para sus reclamos la fecha mediante la cual la demandada puso fin a la relación laboral. Las recurrentes no han logrado rebatir concretamente el argumento de la denegatoria ni demostrar la aplicación de la normativa pretendida cuando -como tuvo por acreditado el a quo- no hubo inicio de temporada en 2012 ni efectiva prestación de tareas por parte de las trabajadoras. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Es sabido que constituye bastante fundamento de las decisiones judiciales la remisión a lo resuelto en pronunciamientos anteriores (Fallos: 278-135; 144:582; 290:95; 1975B:921; 302:1675; 304:1343; entre muchos otros) sin que estas remisiones importen de por sí la arbitrariedad de una sentencia (Fallos 278:271; 296:363). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

En el reglamento aprobado por la Acordada N° 4/2007 se ha señalado con claridad cuáles son los datos que deben consignarse en la carátula en hoja aparte (art. 2º) y cuáles las circunstancias que deben exponerse en las páginas siguientes del escrito del recurso extraordinario (art. 3º), y no surge de tal reglamento que esa modalidad pudiese quedar a criterio discrecional del recurrente, máxime teniendo en cuenta que la exigencia procura inducir a una exposición precisa de la pretensión recursiva y que al mismo tiempo facilite al juez o a la Corte el examen de la presentación. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

El art. 1° del reglamento aprobado por la Acordada de mención establece -entre otras pautas- que el escrito de interposición no podrá tener más de cuarenta (40) páginas, lo cual no se observa respetado en el recurso analizado. Ese solo incumplimiento es motivo suficiente de desestimación del remedio extraordinario federal que adolezca tal vicio, conforme lo ha decidido el máximo Tribunal de la Nación (CSJN in re "ABECASIS", sentencia del 15/03/11). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)