Sumarios del STJ

En cuanto al agravio referido a la prescripción, corresponde recordar que reiterada doctrina de este Cuerpo tiene dicho que analizar el punto de partida de la prescripción es cuestión ajena a esta instancia por implicar adentrarse en cuestiones de hecho y prueba propios de la instancia de mérito, mas allá que en autos el rechazo también consideró una forma distinta de terminación de la relación laboral. (art. 241, tercer párrafo LCT). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Tampoco se advierte la supuesta contradicción invocada ya que, si bien el mérito no tuvo por válido el convenio de rescisión contractual, sí lo toma como punto de partida para el cómputo del plazo de la prescripción porque entendió que, a partir de allí, la conducta de las partes fue inequívoca a efectos de la rescisión del contrato de trabajo. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Cabe destacar que la recurrente no ha acompañado ninguna constancia de aquellos elementos que avalen lo que manifiesta - contrato de trabajo, propuesta de trabajo-, lo que hace a la autosuficiencia del recurso (art. 299 inc. 2 del CPCCm). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia).

Este Cuerpo en orden a la valoración de los informes periciales […] ha establecido, a) Regla principal: ha de primar el principio de especialidad; b) Regla de motivación: solo son peritos los designados en juicio y sometidos a reglas especiales. Los consultores técnicos son auxiliares de las partes, es decir, defensores de los intereses de quienes los propusieron para que les brinden su asesoramiento técnico en ámbitos ajenos al específico saber jurídico; c) Regla de exclusión: si dos peritos utilizan el mismo método ... el resultado debe coincidir. Si no es así, debe intervenir un tercero dirimente; d) Regla de judicialidad: el control judicial prevalece sobre el administrativo. Ergo, también prevalece la conclusión del perito judicial; e) Pericial dirimente: si dos peritos de la misma especialidad y el mismo rango disienten, ha de estarse al dictamen más fundado. Si subsiste la duda, debe designarse un tercer perito para dirimir; f) Distinción: se debe distinguir entre perito y consultor técnico. El juez valora los informes periciales y escucha o lee los demás, pero solo él es soberano en la apreciación de las pruebas,[…]. (cf. [STJRNS3 Se. 108/11 "GONZALEZ"]).(Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Con relación a la crítica vertida sobre los intereses aplicados y la doctrina legal que la quejosa sostiene como violada, cabe recordar y como bien lo ha sostendio el grado que este Superior Tribunal de Justicia ha referido que la doctrina aludida ha perdido virtualidad y deberá ser modificada, sustituyéndose la tasa en cuestión por otra que permita una justa reparación del perjuicio provocado por la mora. No obstante, y en tanto únicamente la parte demandada ha venido en recurso cuestionando por altos los intereses fijados por el Tribunal de mérito, la prohibición de la reformatio in peius sólo habilita a este STJ para -en el caso- desestimar el agravio y confirmar la tasa fijada en la sentencia. [STJRNS3 Se. 31/1 "KRZYLOWSKI"]. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La decisión que aplica el principio “iura novit curia” enmarca la cuestión de hecho en las normas correspondientes y ello en modo alguno puede considerarse como sentencia extra petita, en tanto estaba solicitada en subsidio la aplicación del art. 241 de la LCT por la accionada en su responde de demanda y, por ende, el actor tuvo oportunidad de hacer valer las defensas que hubiera estimado corresponder, lo que revela que el derecho de defensa estuvo garantizado y que la solución es acorde a la materia litigiosa. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen, en tanto la enfermedad-accidente tuvo su primera manifestación invalidante en fecha 16.04.2012, bajo la vigencia del decreto 1694/09, resultan sustancialmente análogas a las consideradas y decididas por este Superior Tribunal de Justicia en los autos:[STJRNS3 Se. 30/15 "REUQUE”] […], a cuyos fundamentos, en lo pertinente, -que se dan íntegramente por reproducidos a los fines del presente- corresponde remitirse, por razones de brevedad.(Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

No hay transgresión al derecho de los trabajadores de obtener una jubilación justa (art. 40 inc. 9) de la Constitución de la Provincia de Río Negro) en tanto el retiro implementado por el DNL Nº 7/97 y modificatorios no es un beneficio previsional. Tampoco se advierte infracción a la política previsional delineada por el art. 58 CPRN en tanto -se insiste- no se trata aquí de un régimen jubilatorio o previsional sino un modo de desvinculación voluntaria del Estado que como contrapartida hizo acreedores a los solicitantes que reunían los requisitos allí establecidos a un haber cuyas pautas de determinación quedaron explicitadas en el Régimen de Retiro Voluntario (DNL Nº 7/97 y modificatorios), con anterioridad al cese en sus funciones de quienes resultaron sus beneficiarios. […] La ley previsional vigente en Río Negro es la Ley Nacional Nº 24241 en virtud del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional Provincial a la Nación, aprobado por Ley Nº 2988. Bajo esta ley previsional, para acceder a la jubilación ordinaria se requieren 30 años de servicios con aportes y 60 años de edad para las mujeres y 65 para los hombres.[…] Pero para quienes no reunían esos recaudos y querían retirarse del Estado provincial, se les ofreció un beneficio no previsional con requisitos significativamente menos exigentes: 45 años de edad y 20 años de servicios con aportes, que les permitiría acceder a un haber de retiro mensual cuyo monto base se fijaría "… promediando las remuneraciones percibidas por el agente en los ocho (8) últimos años, aniversarios o calendarios, exclusivamente en cargos desempeñados dentro de la administración pública provincial o municipal hasta el día 31 de julio de 1997, aplicando en su cálculo los montos salariales vigentes a esa fecha, en el marco de las reducciones establecidas por la ley nº 2989, el Decreto Naturaleza Legislativa nº 5/97 o las que específicamente se hubieren aplicado, en el caso de las empresas del Estado, Municipios y Poderes Legislativo y Judicial". (art. 4º, 2do párrafo DNL Nº 7/97, modificado por art. 3º DNL Nº 12/97). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia).

En consonancia con lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Arancelaria, ha sostenido este Superior Tribunal de Justicia que cuando la demanda progresa de modo parcial, la situación es equiparable a la de vencimiento mutuo. Por la parte de la demanda que se admite, el vencido es el demandado; y por la parte de la demanda que se rechaza, el vencido es el actor (art. 71 Cód. Procesal). Por consiguiente, a los fines de regular honorarios se debe tener en cuenta no sólo el monto de la condena, sino el monto reclamado, por significar éste el valor discutido en el juicio [STJRNS1 Se. 85/06 "FEDERACION MEDICA GREMIAL DE CAPITAL FEDERAL"]. (Voto del Dr. Apcarián por sus fundamentos)

Con relación al agravio por la aplicación de intereses sobre las sumas adeudadas cabe referir que, ante la verificación de un accidente de trabajo, la aseguradora debe otorgar las prestaciones dinerarias y en especie que correspondan por las consecuencias dañosas que de él se deriven. En tal sentido el art. 13 de la LRT establece: "... El pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida en la ley 20744 (T.O.) y sus modificaciones, para el pago de las remuneraciones a los trabajadores”. Y la liquidación de las mismas deberá hacerse dentro del cuarto día hábil posterior al mes en que la prestación debió ser abonada, de conformidad a lo dispuesto en el art. 128 de la LCT, toda vez que a excepción de los conceptos abonados por el empleador en los primeros día (10), el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador durante el período de incapacidad laboral temporaria. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)