Sumarios del STJ

De las constancias de los presentes actuados surge que el contrato de la actora no fue a tiempo parcial debido a que lo acordado desde el inicio fue el cumplimiento de jornadas de 34 hs semanales y lo cierto es que para que exista un contrato de trabajo a tiempo parcial lo pactado tendría que haber sido una jornada inferior a las 2/3 partes de la jornada habitual en su extensión semanal; es decir, inferior a 32 horas. En la plataforma fáctica del presente caso, en el que no se ha acreditado una actuación fraudulenta del empleador ni un vicio en la voluntad del trabajador, debe tenerse por plenamente válida a todos sus efectos la estipulación de la jornada reducida acordada por las partes. Caso contrario, se generaría -además de la apuntada desproporción entre la jornada de trabajo y la remuneración- una situación de desigualdad si se pagase el mismo salario a un dependiente que trabaja 34 hs semanales que a los que laboran 48 hs semanales. […] Esta interpretación armónica de las normas resulta en la solución mas favorable al trabajador, ya que le permite por estipulación particular en su contrato individual contar con una opción mas de jornada laboral (además de la modalidad de contrato a tiempo parcial y de la jornada completa) que sea igual o superior a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad, con la percepción del salario proporcional a su tiempo convenido de trabajo. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Los cuestionamientos de la actora remiten -en un sentido final- a dilucidar una cuestión fáctica y circunstancial, como es determinar la existencia o inexistencia de relación laboral en un caso particular, resultando ella, materia que -como es sabido- se halla reservada, en principio, a la esfera cognoscitiva de los Tribunales de juicio y exenta de censura en casación, salvo invocación y demostración de absurdidad. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Los agravios traídos remiten a materias propias del mérito y ajenas a la casación tal como acontece, concretamente, con lo atinente a la determinación del punto partida de la prescripción, la existencia del reagravamiento, la merituación, jerarquización y/o selección de los medios probatorios que fundaron la convicción del a quo. Tales tópicos, resultan sustancialmente ajenos a la instancia extraordinaria, y si bien es cierto que este principio admite excepciones en aquellos supuestos de absurdo notorio, corresponde señalar que esa anomalía no puede basarse en la mera disconformidad del recurrente con el criterio del grado(cf. STJRNS3 "PÉREZ" Se. 108/07; "GONZALEZ" Se. 71/14). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

No es propio de la instancia extraordinaria revisar todo el contenido fáctico del litigio, ni estudiar los antecedentes que le dieron origen, ni merituar la conducta de las partes en ocasión del distracto, ni ponderar las probanzas para asignarles una determinada significación, porque todo ello queda en el margen de la razonable discreción de los jueces de grado, que en el ordenamiento procesal local valoran en conciencia las pruebas y los hechos (art. 53 de la Ley 1504), lo que impide la casación si no se demuestra la falta de razonabilidad o logicidad de lo resuelto(cf. STJRNS3 "SCHMALL" Se. 26/08, "LOPEZ" Se. 16/15). No se advierte, ni tampoco se demuestra, la existencia de visos de manifiesta irrazonabilidad en lo decidido por el grado. Lejos de ello, los extremos fácticos en que se asienta la sentencia resultan de la hermenéutica probatoria desplegada por el grado en ejercicio de facultades valorativas propias. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

El orden en que cada uno de los jueces debe emitir su pronunciamiento no está previsto legalmente sólo para el estudio de las causas o por cuestiones organizativas, sino fundamentalmente para preservar la independencia de criterio de los jueces, quienes deben resolver las distintas cuestiones de acuerdo a lo que por derecho entienden más justo a partir de la apreciación de las pruebas aportadas. Y coincido en que sujetar la decisión a la valoración de uno solo de los votantes, o variar el orden de los votos, podría significar la sujeción de algún juez respecto de otro en el modo de valorar los hechos, de aplicar la lógica o de expedirse sobre el derecho implicado, lo cual trasuntaría ausencia de prudencia y de conciencia jurídica, que la ley exige en el juzgador y cuyas presencias son garantías mínimas insoslayables a observar frente al justiciable en salvaguarda de sus garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)

El Acuerdo deberá celebrarse con la presencia personal de los votantes, requisito cuya omisión será causal de nulidad de la sentencia (art. 53 Ley 1504). Y en este sentido comparto que el fundamento constitucional para descalificar las sentencias que presentan el vicio de la inexistencia de Acuerdo o la presencia de un acuerdo irregular, obedece a que constituyen una lesión para la garantía de la defensa en juicio (art. 18 CN) y una alteración de las normas que regulan la constitución y el funcionamiento de los tribunales judiciales pluripersonales con motivo del ejercicio del poder jurisdiccional(cf. Gregorio Badeni, "La Garantía del Debido Proceso Legal y las Sentencias de los Tribunales Plurispersonales", L.L. 1996 - D, pág. 799).En efecto, "constituye el Acuerdo un verdadero presupuesto para la existencia de la sentencia; decisión que se toma en presencia de los miembros de la Cámara (vocales) y del secretario de la Sala" (cf. Fenochietto - Arazi, "CPCCN, Comentado y Concordado", T 1, pág. 844; STJRNS1 "BORQUEZ" Se. 147/05). El art. 271 del CPCCm, de aplicación supletoria con sujeción al art. 59 de la Ley 1504, claramente establece: "El acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros del Tribunal y del Secretario. La votación se hará en el orden en que los Jueces hubieren sido sorteados ...". En el caso de autos, no obstante el orden de votación preestablecido, no surge una solución acordada entre los tres jueces firmantes; y por ello es que la sentencia impugnada tiene vicios insalvables que imponen su anulación. Ello así a tenor de la ley ritual (art. 271 "in fine" y 272 y ccdtes. del CPCCm) que impone bajo tal pena que el Actuario certifique. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Los jueces laborales son soberanos en la apreciación de las pruebas, tarea en la que solo están limitados por la prudencia jurídica y en la que pueden, según su arbitrio, escoger los elementos de juicio prefiriendo unos y desechando otros. Poseen, por tanto, la facultad de seleccionar las pruebas y atribuirles la jerarquía que en cada caso les corresponda, sin olvidar que la regla de apreciar es valorar, ponderar y comparar para decidir (cf. STJRNS3“IURI”Se. 79/10). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Se advierte que la presentante ha omitido acompañar copia certificada del auto denegatorio del recurso principal. Tal falencia importa una valla insalvable que impide al máximo órgano judicial de la provincia tomar cabal conocimiento de los argumentos en los que el a quo fundó su declaración de inadmisibilidad del recurso. Atento a que la misma constituye una pieza procesal de superlativa trascendencia su ausencia obsta a la pertinencia formal del remedio procesal deducido. El cumplimiento estricto de los requisitos de admisibilidad del recurso de queja establecidos claramente en el art. 299 del CPCCm responde a la necesidad de que el recurso sea autosuficiente.

Se advierte que el presentante omite acompañar copia de la sentencia de Cámara contra la que se halla dirigido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley oportunamente denegado por el Tribunal de grado. Tal falencia importa una valla insalvable que impide al máximo órgano judicial de la Provincia tomar cabal conocimiento de lo decidido por el mérito en punto a la materia que, en definitiva, se pretende traer a su conocimiento. En este sentido cabe destacar que la vía de hecho intentada no satisface el recaudo de "autoabastecimiento" exigido por el ordenamiento procesal así como por reiterada y conocida doctrina de este Superior Tribunal de Justicia.Así se ha dicho: "El quejoso debe acompañar todos aquellos instrumentos que hacen al recaudo de la autosuficiencia recursiva de la queja a fin de que su propia presentación permita al Tribunal avocarse a su estudio de manera completa y obtener una visión global del encuadre que corresponde" (cf. STJRNS3: "SUPERCANAL S.A." Se. 137/10; "ORTIZ" Se. 5/11; "PROVINCIA DE RIO NEGRO" Se. 62/14; "CID" Se. 23/17).

Surge notorio que el fallo de grado ha incurrido en un error cuantitativamente relevante, que justifica sin duda la admisión del recurso extraordinario exclusivamente en este aspecto del fallo. Atento a la índole de la cuestión -sin perjuicio de tratarse de un error de cálculo o numérico que incluso podría haberse subsanado por vía de la interposición del recurso de aclaratoria previsto en el art. 166 del CPCCm-, corresponderá resolver en el mismo acto, abreviando así el nuevo llamado al Acuerdo del art. 292 últ. parte del CPCCm(cf. STJRNS3 "GIANELLO" Se. 4/07; "ORREGO" Se. 62/08; "SOLO" Se. 35/11; "MARTINEZ QUILAQUEO" Se. 52/11; "PEREZ" Se. 23/13). En tal sentido, dado el carácter de orden público de la ley arancelaria corresponde hacer lugar parcialmente al recurso y directamente en esta etapa del proceso dejar sin efecto la regulación de honorarios tal como fue practicada y remitir las actuaciones al Tribunal de origen para que proceda a realizar la adecuación pertinente en función del criterio que aquí se deja expuesto(cf. STJRNS3: "RAILAF" Se. 121/08; "KOSTA" Se. 18/16). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)