Sumarios del STJ

En cuanto al argumento de la Cámara de que la Ley P Nº 4142 (Código de Procedimientos) es la que más garantiza el derecho de defensa (art. 18 de la C.N.), es preciso advertir que el sentenciante de grado no expresa motivo alguno por el cual la aplicación del art. 128 ter del Cód. Fiscal (Ley 4815) pueda llevar a la afectación del debido proceso adjetivo; cuando -como bien lo señalase el recurrente- su cumplimiento se encuentra asegurado en tanto el domicilio donde se pretende cursar la notificación de la sentencia monitoria es el lugar expresamente denunciado en calidad de declaración jurada por el propio contribuyente ante la Administración Tributaria. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Tampoco empece a la procedencia de la ejecución, la circunstancia de que el pagaré no tuviera fecha de vencimiento, en tanto conforme el art. 102 del Decreto Ley 5965/63 debe considerarse pagadero a la vista. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Cuestionar la habilidad del pagaré como título ejecutivo fundado en la tardía notificación del acto administrativo conlleva ineludiblemente adentrarse en la causa de la obligación (del acto administrativo que dispusiera la rescisión del contrato administrativo), lo que se encuentra vedado por la ley en el estrecho marco de conocimiento del juicio ejecutivo. (Art. 544, inc. 4* del CPCyC.). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Pasando a resolver el recurso intentado comparto los términos y alcances del Dictamen Nº 05/17 de la Procuración General -a los cuales me remito, en mérito a la brevedad-, en tanto a través de los mismos se da adecuada respuesta a los agravios expresados por el apelante. Sólo resta a mi criterio agregar - abundando sobre lo ya dicho en el precitado Dictamen - que el acto administrativo cuestionado, ya había sido declarado nulo por el propio poder administrador al haberse contestado la demanda. En el caso, la decisión de declarar abstracta la cuestión en tratamiento obedeció a que no es posible expedirse acerca de temáticas inexistentes al momento de decidir. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Indagar en el negocio jurídico en virtud del cual el pagaré en cuestión se libró, implica inexorablemente inmiscuirse en el aspecto causal de la obligación, cuando conforme pacífica doctrina y jurisprudencia, los hechos que hacen a la llamada “causa” del título cuya ejecución se persigue, no pueden considerarse en el juicio ejecutivo. Ello sólo podrá invocarse y probarse en el juicio de conocimiento posterior. (Conf. Incom., Sala B, “Servicios de Viajes y Turismos Biblos S.A. c/ Green Land Travel S. A. s/ Ejecutivo” del 4.07.2006). Es que el hecho de que un pagaré haya sido creado a título de garantía, aún cuando contengan esa expresa mención, no obsta a su exigibilidad y ejecutabilidad en el juicio ejecutivo, puesto que constituye una promesa incondicionada de pago a cargo de quien la suscribe. (CNCom., Sala B, “Alvarez, E. c/ C., L. M. y otros s/ Ejecutivo”, del 10.08.2016, La Ley 2016-E, 323). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

La recurrente sustenta primordialmente sus agravios en la invocada omisión de valoración de la prueba testimonial, pero no se hace cargo adecuadamente del argumento central y dirimente de la Cámara en cuanto ésta, al interpretar el contrato de compraventa (“ACUERDO”, según el título dado a ese instrumento) suscripto oportunamente entre la Mutual Policial y sus socios, previo a distinguir que la obligación de realizar las obras es de la Mutual y la de abonarlas corresponde a los socios, concluye que la actora tiene derecho a que la accionada le presente -en un plazo de 180 días-, un plan de obras, costos y financiación posible que le permita acceder en algún momento cierto y determinado a la escritura del lote correspondiente. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Las presentes actuaciones se inician a instancia de la Fiscalía de Estado por una denuncia previa de herencia vacante efectuada por el doctor […]. Por lo tanto, si el proceso se encuadra en los términos Ley P Nº 1281, la declaración de “presunta” heredera de la señora […], no alcanza para hacer cesar la intervención de la Fiscalía de Estado. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

<77299> El agravio sobre la supuesta violación al art. 19 de la Ley Nº 2212 -por excluir del monto base del proceso el valor de las costas-, ya fue tratado y resuelto por la Cámara, quien fundó su decisión en doctrina autorizada en la materia y manifestó que el monto base se integra por el capital de la pretensión y sus accesorios, y que las costas no son accesorias del capital; en el recurso en examen el recurrente no realiza una crítica capaz de rebatir fundadamente la solución. Por el contrario, lo que sí se advierte es una discrepancia subjetiva con la tarea de valoración efectuada por los Jueces de grado, tanto de la fijación del monto del proceso (conf. art. 19 L.A.), como de las pautas adoptadas para fijar finalmente el monto de los honorarios, cuestiones estas de hecho, y por ende ajenas al recurso de casación. (Conf. [STJRNS1 Se. 25/10 “LASTRETO”). Sobre la cuestión resuelta puede recordarse que tiene dicho la Corte que “en los casos en que es rechazada la demanda debe computarse como monto del juicio el valor íntegro de la pretensión” (CSJN, “Acuña, G. R. J. c/ F., H. A. y otros”, Fallos: 317:1123 y 315:2353, entre otros.) Por lo tanto, es de lógica que si los emolumentos de los abogados no integran lo reclamado inicialmente por el justiciable, no resulta razonable que los mismos sean incluidos en el monto base del art. 19 de la L.A.. (Voto del Dr. Barotto, Dra. Zaratiegui y Dr. Mansilla sin disidencia)

El análisis de los convenios suscriptos por las partes, la interpretación de sus cláusulas, la asignación de efectos jurídicos, dilucidar si existen rubros liquidatorios reconocidos por el actor o precisar su cuantía e intereses correspondientes, son cuestiones ajenas a esta instancia extraordinaria. (Voto de los Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui Barotto sin disidencia)

Debe advertirse que el recurso no cumple con el requisito de autosuficiencia que impera en esta instancia extraordinaria, relativa a la queja por denegatoria de la casación. Ello así, dado que se ha omitido acompañar copia de la contestación de demanda en la cual se habría planteado la excepción de nulidad, el traslado de contestación de demanda en el cual el actor habría reconocido los rubros abonados y el convenio -suscripto entre las partes- que la quejosa acusa de nulidad. Tal omisión impide controlar si los planteos esgrimidos han sido introducidos en la primera oportunidad procesal que tuvo la parte, tal como lo prescribe el art. 286 in fine del C.P.C.C. o si muestran verosimilitud los agravios esgrimidos referidos a la nulidad del convenio suscripto o la arbitrariedad en la valoración de la prueba. La falta de tales elementos impiden a este Cuerpo decidir si el recurso ha sido bien o mal denegado. (Voto de los Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui Barotto sin disidencia)