Sumarios del STJ

Respecto al agravio sobre errónea aplicación del art. 63 ap. I inc. f) de la Ley Nº 2430 (actual art. 76 ap. I inc. e Ley Nº 5190), en cuanto entiende que la resolución para admitir o denegar la perención de instancia debió dictarse por el Juez Letrado (no por el Juez de Paz), se advierte que nos encontramos ante un conflicto de similares características al resuelto recientemente por este Superior Tribunal de Justicia en los autos: [STJRNS1 Se. 71/16 “GAVAZZA”]. En tal orden de situación siendo que el precedente mencionado reviste el carácter de doctrina legal en los términos de los artículos 286, inc. 3) del Código Procesal Civil y Comercial y 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Nº 5190), corresponderá remitirse a los fundamentos del precitado pronunciamiento -en lo pertinente- por razones de brevedad. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

En lo que respecta al planteo referido al art. 315 primer párrafo del CPCyC., no queda duda que lo que ha reclamado en la expresión de agravios la recurrente, y que le asistía razón, es que debió corrérsele traslado a su parte del segundo pedido de caducidad […]. En efecto, si bien es cierto como se señalara en la sentencia sub examine que de conformidad al art. 315 del CPCyC. la intimación a instar el proceso se produce una sola vez, ello no quiere decir que de los pedidos de caducidad efectuados con posterioridad a dicha primer oportunidad no se le deba correr traslado a la contraparte. Por el contrario, de una interpretación armónica del mencionado artículo (en particular de los párrafos primero y tercero) con el resto del plexo normativo (especialmente art. 135, inc. 7) y con el derecho constitucional de defensa en juicio, surge evidente que el art. 315 del rito parte de la regla general (primer párrafo) al supuesto particular (tercer párrafo). Es decir, en el contexto de una interpretación que garantice el derecho de defensa se puede colegir que la norma establece que, en principio, todos los pedidos de caducidad deben sustanciarse y que, excepcionalmente, una sola vez conlleva la intimación a instar el proceso.(Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

El apelante, al erróneamente pretender la intervención del señor Gobernador al interponerse el recurso jerárquico, equivocó la vía elegida. En efecto, ello es así atento a que el art. 187, inc. 7* de la Constitución Provincial prescribe que aquél: “…7. Conoce y resuelve los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entes autárquicos provinciales, siendo sus decisiones recurribles ante la justicia…”, de lo cual claramente resulta que al referirse a los entes autárquicos lo hace en referencia a la Administración Central en la que interviene y participa el Estado Provincial no Municipal. Por ello el plazo de treinta días a los fines de instar la acción contenciosa administrativa se inició una vez agotado el procedimiento en fecha 09/04/14, el cual, cumpliéndose las dos primeras horas del 03/06/14, objetivamente configuró la caducidad de la instancia procesal, sin perjuicio del trámite que se le hubiera impreso, ya que la mutación normativa de modo alguno incidió en el temperamento adoptado. En rigor de verdad, de acuerdo con el modo de aplicación reglado mediante la Acordada Nº 20/16-STJ estipulado para los procesos en trámite, el planteo de desistimiento efectuado por el aquí recurrente el día 02/06/16 quedó en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 5106. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El planteo referido a que la perención de instancia no procede en el beneficio de litigar sin gastos no puede tener acogida puesto que no se advierten fundamentos trascendentes tendientes a demostrar tal posición. En efecto la recurrente no explica por qué la contraria tiene vedado reclamar la caducidad del beneficio de litigar sin gastos, y si bien es cierto que este proceso no reúne las características propias del contradictorio, la intervención limitada -ver arts. 80 y 81 del CPCyC.- que se le da tanto a la contraparte en el proceso principal como a la Dirección General de Rentas (actual Agencia de Recaudación Tributaria), no es indicativa para nada de la alegada imposibilidad de declaración de la caducidad de instancia. Tampoco da motivos suficiente cuando asevera que del análisis del art. 310 del CPCyC. se deduce que la perención no se encuentra prevista para el beneficio de litigar sin gastos; puesto que dicha norma enumera en forma genérica cada uno de los procesos, sin hacer -lógicamente- una especificación de cada clase de controversia (daños y perjuicios, desalojo, etc.). Por lo que, es razonable considerar que el beneficio de litigar sin gastos se encuentra contenido en el inc. 1* del art. 310, cuando se refiere a los incidentes. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

<77307> No se advierte en el pronunciamiento cuestionado el carácter de definitivo en los términos exigidos por el artículo 285 del CPCyC.. Ello así por cuanto la resolución mediante la cual se declaró la nulidad de la intimación de pago […], si bien retrotrae el proceso con el objeto que se practique nueva diligencia, no pone fin al mismo ni agota el fondo del litigio; no impide su continuación y resultan las actuaciones en estudio sólo un incidente que de modo alguno decide en forma fatal sobre el conflicto jurídico suscitado y menos aún se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. (Voto del Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui y Dr. Barotto sin disidencia)

<77308> La sentencia interlocutoria que declara la nulidad de una intimación de pago en juicio ejecutivo - ejecución fiscal en el caso -, como la aquí atacada - asimilable a la notificación del traslado de una demanda-, no es definitiva ni puede ser equiparable a tal y tampoco se verifica ninguno de los supuestos de excepción. (Voto del Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui y Dr. Barotto sin disidencia)

[No] se observa una violación a los precedentes jurisprudenciales de este Cuerpo en la aplicación del ocho por ciento (8%) de interés desde el siniestro hasta la sentencia, pues el STJ. ha aplicado dicha tasa de interés puro en las deudas de valor desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia. (Conf. [STJRNS1 Se. 80/16 “HARINA”]). (Voto del Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui y Dr. Barotto sin disidencia).

La recurrente ha omitido acompañar copia del escrito de interposición de demanda, de las contestaciones de las demandadas, de las terceras citadas, y de las correspondientes expresiones de agravios. Dichas piezas procesales resultan necesarias para evaluar prima facie si existe verosimilitud en el planteo de supuesta violación al principio de congruencia por cambio del ligamen obligacional del litisconsorcio pasivo demandado o en la exclusión de condena a las empresas contratistas y sus correspondientes aseguradoras. Tal omisión impide controlar como se ha trabado oportunamente la litis y que agravios han presentado las condenadas ante la Cámara o si los planteos esgrimidos han sido introducidos en la primera oportunidad procesal que tuvo la parte, tal como lo prescribe el art. 286 in fine del CPCyC.. La omisión de acompañar las piezas procesales antes mencionadas implica el incumplimiento del requisito de autosuficiencia, pues su falta impide a este Cuerpo decidir sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado. (Voto del Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui y Dr. Barotto sin disidencia).

Sin perjuicio de lo expuesto y de que el incumplimiento al art. 299, inc. 2* del CPCyC. resulta suficiente para el rechazo del remedio interpuesto, en virtud de imposibilitar el análisis de los primeros agravios -cambio en el ligamen obligacional y exclusión de la condena de terceras citadas-, de la simple lectura de la sentencia en crisis que luce agregada en copia a fs. […] se advierte que los agravios esgrimidos en el recurso de hecho resultan inatendibles. En efecto, es inadecuado el planteo referido a la configuración de la responsabilidad de las condenadas, toda vez que corresponde al Juez de grado determinar qué tipo de vinculación han tenido las partes y qué derecho corresponde aplicar cuando existe diversidad en las fuentes de responsabilidad; además de ello, merituar la naturaleza jurídica de las obligaciones en cada caso dependerá de una valoración de hecho y prueba, exenta de análisis en casación. (Voto del Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui y Dr. Barotto sin disidencia).

La cuestión sometida a decisión de este Superior Tribunal se encuentra delimitada a establecer en que domicilio corresponde notificar al ejecutado la sentencia monitoria dictada en una ejecución fiscal. Si bien la Ley P Nº 4142 dispuso en el Código Procesal Civil y Comercial que la sentencia monitoria se notificará en el domicilio real mediante cédula o acta notarial (art. 490), cierto es que con posterioridad a la misma el legislador dispuso un modo diferente de notificación en los casos de ejecuciones fiscales. Así pues en el art. 128 ter del Código Fiscal (Ley Nº 4815) se estableció que “Las notificaciones de las sentencias monitorias de las ejecuciones fiscales se efectuarán en el domicilio fiscal del contribuyente con los alcances del artículo 40 del Código Procesal Civil, Comercial y de Minería”. De modo tal que nos encontramos ante una norma especial y posterior que ha venido a establecer, en los supuestos como el de autos, un régimen distinto del determinado en forma general en el Código del rito (art. 490), de excepción, para la notificación de las sentencias monitorias. En este contexto, efectuando una interpretación armónica de las leyes en cuestión, se impone - a mi entender - que en las ejecuciones fiscales se debe aplicar el art. 128 ter del Código Fiscal (Ley Nº 4815). A la misma conclusión conduce una interpretación literal de la norma dado que su letra es clara, precisa, y no requiere de ningún esfuerzo para su inteligencia. En efecto, reza el artículo en cuestión que las notificaciones se deben realizar en el domicilio fiscal, y por lo tanto ésa es la aplicación que del mismo corresponde hacer en la especie, y no apartarse de su letra, como ha ocurrido en la sentencia sub examine. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)