Sumarios del STJ

En un análisis “ex post facto” de lo acontecido y en procura de determinar la causalidad jurídica que determina finalmente la responsabilidad, basta verificar que la acción u omisión del servicio penitenciario resultó apto para crear el riesgo que derivó en el evento dañoso, cabiendo imputársele objetivamente a la accionada la responsabilidad atribuida; ello por mediar una causa adecuada a tenor de lo normado por el art. 520 del Código sustantivo. Es que para ésta y por directa derivación de haber incurrido en un incumplimiento y/o ejercicio irregular del deber de custodia y vigilancia a su cargo, era probable representarse alguna consecuencia dañosa de la fuga -con prescindencia, claro, de la magnitud del hecho a la postre acaecido- bastando la debida atención y el conocimiento de la cosa para así preverlo (art. 904, Cód. Civil) y evitar el perjuicio. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto que quien contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o su ejecución irregular (cf. CS, “Vicente” del 30/9/2003, LA LEY, 2004-B, 336; idem Fallos: 312:1656; 315:1892, 1902; 316:2136; 320:266; 325:1277; 328:4175; 329: 3065). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Al ser previsible que de la fuga del interno podía derivar en algún resultado dañoso, no sólo se configuró un incumplimiento y/o ejercicio irregular del poder de policía de seguridad imputable a la recurrente, específicamente del servicio penitenciario encargados de la guarda y custodia del detenido, sino también la relación de causalidad adecuada entre la fuga y los daños que emergen del homicidio. Es que la responsabilidad del Estado de brindar la debida y esperada guarda y cuidado a las personas detenidas o privadas de su libertad es de carácter objetivo con lo que si sus dependientes no han cumplido con esa premisa básica causando el fugado los daños de que dan cuenta estas actuaciones, el Estado por aplicación de la teoría del órgano (CSJN, in re: “VADELL”) es responsable directo y queda comprometido civilmente en los términos de los preceptos contenidos en los arts. 43, 901 a 906 y 1112 y cc. del Código Civil. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La responsabilidad por omisión existe cuando quien se abstiene de actuar infringe una obligación jurídica de obrar, “entendiéndose por tal no sólo la que la ley consagra de modo específico, sino la que surge inequívocamente del conjunto del ordenamiento jurídico y que está impuesta por la razón, el sentido común y por el estado de las costumbres” (cf. CNCC, Sala III, causa “Pereyra, C. H.", LA LEY, 2009-B, 484). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La idea objetiva de la falta de servicio -por acción o por omisión- encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 del Código Civil y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público (cf. “Securfin S.A.”, Fallos: 330:3447) que no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil (cf. Fallos: 306:2030). En efecto, no se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se compromete toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (cf. Fallos: 312:1656; 317:1921; 318:192, 1862; 321:1124; “Serradilla, R. A.”, Fallos: 330:2748)”. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Para establecer la existencia de una falta de servicio por omisión se debe efectuar una valoración en concreto, con arreglo al principio de razonabilidad, del comportamiento desplegado por la autoridad administrativa en el caso, teniendo en consideración los medios disponibles, el grado de previsibilidad del suceso dañoso, la naturaleza de la actividad incumplida y circunstancias de tiempo, modo y lugar. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La Provincia incurrió en incumplimiento o ejecución irregular del servicio penitenciario a su cargo. Ello atento las características que reviste el régimen carcelario y que, cuando mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos (art. 902, Cód. Civil). Su incumplimiento radica en la omisión de aquellas diligencias que exige la naturaleza de la obligación y que corresponden a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 512, Cód. cit.) y en ese marco tal incumplimiento y/o cumplimiento irregular actúa como factor de atribución de responsabilidad. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Como señalara recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente “contractual”, y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización “más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato” carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil” (cf. CSJN., “Flores”, del 6/06/17).(Voto del Dr. Barotto, Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui y Dr. Apcarian sin disidencia)

La Corte Suprema ha expresado que el plazo establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para deducir el recurso previsto en el art. 14 de la ley 48 reviste carácter de perentorio y no se interrumpe ni suspende por la interposición de otros recursos declarados improcedentes por los Tribunales de la causa, que no alteran las decisiones que se impugnan (cf. CSJN., Fallos: 286:83; 308:2423; 311:1242, y recientemente Dictamen de la Procuración General al que la Corte remite en: “Agua y Saneamientos Argentinos y otros s/ejecución de sentencia” A. 224. L. RHE06/10/15).

Como señalara el Ministro de la Corte Suprema, Dr. Carlos F. Rosenkrantz en el fallo antes citado, “el seguro obligatorio del automotor tiene, como muchas otras instituciones jurídicas, una finalidad social que excede el interés individual de los particulares que se encuentran alcanzados por el plexo normativo en cuestión. En este sentido, la regulación de la actividad aseguradora debe tender a salvaguardar fines que benefician a todos y, por supuesto, al bien común. Ahora bien, la finalidad social del seguro de responsabilidad civil, que según la ley y la autoridad regulatoria es tanto proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito como permitir un fácil acceso de la comunidad al seguro, no autoriza per se a los jueces a declarar inoponible al actor el límite de la cobertura pactada entre aseguradora y asegurado”.(Voto del Dr. Barotto, Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui y Dr. Apcarian sin disidencia)