Sumarios del STJ

Es vigente aquella jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo a la cual “...cabe recordar que si bien es cierto que el principio de irretroactividad de las leyes establecido por el art. 3º del Código Civil no tiene jerarquía constitucional” (cf. Fallos, 214:104; 216:303; 238:496; 270:201; 284: 218; 315:2999), no lo es menos que el mismo “es una norma de interpretación que debe ser tenida en cuenta por los jueces en la aplicación de las leyes” (cf. Fallos, 315:2999) y “que la facultad de legislar sobre hechos pasados no es ilimitada, ya que la ley nueva no puede modificar o alterar derechos incorporados al patrimonio al amparo de una legislación anterior sin menoscabar el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional (cf. Fallos, 305:899)” (C.S.J.N., “Cía de Intercambio Regional S.A. s/conc. Prev. S/ inc. de revisión por Banco de la Nación Argentina” -octubre 14,1997-; “Schcolnik S.A. s/ quiebra” -julio 15, 1997-), máxime si se tiene en cuenta que la aceptación de tal menoscabo importaría una disvaliosa afectación de primarias exigencias de seguridad jurídica, valor éste cuya jerarquía constitucional ha sido reconocida por el Máximo Tribunal nacional, que la ha destacado como “una de las bases fundamentales de sustentación de nuestro ordenamiento jurídico, cuya tutela innegablemente compete a los jueces”, llegando incluso a afirmar que “sin seguridad jurídica no hay en rigor orden jurídico” (cf. Fallos, 243:465; 252:134; 296:129; 299:373; 301:762; 306:150; 307:1289 y 1796; 308:117 y 139; 317:218; T.303:1354; 308:139).” (reseña contenida en el pronunciamiento de la CSJ de Santa Fe de fecha 02.03.2010, en autos “Ferrando, Guillermo Daniel y Forchetti, Alicia Gladys c. Provincia de Santa Fe”, LLLitoral 2010 (junio), 519, Cita OnLine: AR/JUR/4454/2010, en donde se declaró la inconstitucionalidad de una ley provincial en cuanto dispuso su aplicación en todo proceso en que no hubiere honorarios regulados por resolución firme a la fecha de su publicación, en tanto su entrada en vigencia es posterior a la época de la realización de los trabajos desarrollados por los profesionales intervinientes importando por tanto un menoscabo del derecho de propiedad). (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)

La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci enseña que es regla para la regulación de honorarios profesionales en juicio, la aplicación de la ley vigente al momento de la realización de los trabajos correspondientes(cf. “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1a. ed., Santa Fe, 2015, p. 114/117). (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)

El actor en su presentación se remitió a cuestiones ya resueltas y los planteos en análisis constituyen una crítica aparente por inscribirse en el ámbito de la pura discrepancia dogmático-subjetiva frente a una conclusión jurídica desfavorable, no haciéndose cargo de los argumentos contundentes de la Cámara, pues la decisión impugnada no ha merecido una expresión suficiente que respalde su necesaria corrección. Ello, ya que para acreditar la arbitrariedad de una sentencia no basta con que el impugnante presente su propia versión sobre el mérito de las cuestiones debatidas en autos, sino que es necesario realizar un juicio crítico del razonamiento desarrollado por el sentenciante y demostrar cabalmente que padece de un error grave, grosero, palmario y fundamental, extremos éstos que de modo alguno se han logrado evidenciar. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Se ha dicho que: “… El art. 200° de la Constitución Provincial establece como un deber de los magistrados el resolver las causas con “fundamentación razonada y legal” (cf. STJRNS1 - Se. 17/2013, “WIMBLEY”); “La razón de ser del requisito de motivación de sentencias tiene su origen en el régimen republicano de gobierno y los principios que lo informan: igualdad ante la ley, soberanía popular, racionalidad, etc. Por ello, constituye además un requisito de carácter constitucional, sustentado en los principios dogmáticos que conforman la base de la Constitución Nacional -art. 18 C. N.-, y que es receptado positivamente por nuestra Constitución Provincial en su art. 200° al disponer que: Son deberes de los magistrados y funcionarios judiciales, sin perjuicio de otros que la reglamentación establezca, resolver las causas en los plazos fijados por las leyes procesales, con fundamentación razonada y legal...”. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El progreso de la vía recursiva de la parte actora se encuentra condicionada toda vez que no se autoabastecen los motivos del recurso y los agravios no pasan de ser meras discrepancias, sin el debido desarrollo argumental que permita demostrar el hipotético error en que habría incurrido la Cámara, resultando -por ende- ineficaces para lograr el cometido de revocación que impetra. Es dable reiterar que: “…pesa sobre el apelante la carga de efectuar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que serían a su criterio equivocadas, exigencia que se cumple mediante la indicación detallada de los errores, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, y la refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión...” (cf. STJRNS4 Se. 36/14 “MENDEZ”). Dicha carga resulta incumplida al no lograr conmover con el intento recursivo articulado el temperamento expuesto en el fallo atacado, ni demostrar su carencia lógica o apoyo racional, resultando lo alegado una mera discrepancia subjetiva con la apreciación realizada. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Teniendo especialmente presente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que emana de los autos: “Recurso de hecho deducido por la Comunidad Mapuche “Las Huaytekas” en la causa Martínez Pérez, José Luis c/ Palma, América y otros s/medida cautelar s/casación”, del 10 de noviembre de 2015 (Fallos 338:1277), cabe concluir que la prosecución de las presentes actuaciones en pos del lanzamiento y restitución de las tierras en litigio a la parte actora vulneraría la Ley 26.160, que prohibió de modo expreso el desalojo de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Este Superior Tribunal de Justicia ha hecho suya la opinión doctrinaria de Dromi, según la cual “La sociedad anónima con participación estatal mayoritaria es un ente mixto. No tiene los privilegios de la administración ni sus competencias, dado que sus actos no gozan de ejecutoriedad, sus bienes -en principio- no serán inembargables ni se requerirá la reclamación administrativa previa para demandarlas judicialmente. La sociedad, regida en muchos aspectos por el derecho común, no emite actos administrativos, sino actos jurídicos privados e igualmente son privados los contratos que celebra” (cf. Dromi Roberto, “Derecho Administrativo, p. 552/553 - STJRNS3: Se. 17/16 “ISAAC”). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

En consonancia con lo señalado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “...un pleito puede ser resuelto a la luz de cierto precedente judicial, siempre y cuando las circunstancias de ambos, tales como los hechos, los planteos y las normas involucradas, sean análogos entre sí”(cf. Fallos 33:162; 242:73; 286:97; voto del Dr. Petracchi en autos "Sociedad Anónima Azucarera Argentina Comercial e Industrial" S.152.XXXII, 10.02.1997). Aún cuando los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resultan -por inexistencia de imperativo constitucional o legal- de receptación obligatoria por parte de los Tribunales de grado inferior, y teniendo en cuenta que la misma Corte tiene como línea jurisprudencial más afiatada en la cuestión aquella que pregona el “...deber que tienen las instancias inferiores de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares, en virtud de su condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia...”(cf. Fallos: 307:1094; 319:2061; 320:1660; 321:2294 y 3201; 325:1227) y, además, recuerda preceptivamente la “fuerza moral” que dimana de sus sentencias(cf. Fallos 322:1488, del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, como ejemplo), tengo para mi que las decisiones del más Alto Tribunal Nacional deben ser emuladas con el instituto de la doctrina legal obligatoria. (Voto del Dr. Barotto por sus fundamentos)

Nuestra propuesta consiste en otorgar obligatoriedad a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se expide en casos de derecho federal o común, en ocasión de haber activado su competencia por la vía extraordinaria (arts. 14 y 15, ley 48) u ordinaria....” (cf. Jorge Alejandro Amaya, “Control de Constitucionalidad”, 2da. Edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, 2015, pág. 180). (Voto del Dr. Barotto por sus fundamentos)

Las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria son personas de derecho privado que no se hallan sometidas a la autoridad de la Administración Pública, no tienen los privilegios de la administración ni su competencia, sus actos no gozan de ejecutoriedad, sus bienes no son inembargables y no es necesaria la reclamación administrativa previa para demandarlas” (cf. José María Cristia en la obra “Código de Comercio Comentado y Anotado”, dirigida por Adolfo A. N. Rouillon, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, Tomo III, pág. 767). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)