Sumarios del STJ

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los representantes de la Fiscalía de Estado, en atención a que la vía del amparo no resulta la adecuada para abordar cuestiones como las suscitadas en el sub examine relacionadas con diferencia de criterios respecto a los valores que reglamentariamente están fijados por el IPROSS para el ejercicio de los Acompañantes Terapéuticos. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

La Corte Suprema ha considerado que el derecho a la vida -salud- es el primer derecho de la persona garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales, y constituye un valor fundamental respecto del cual los restantes valores -en particular, los de carácter patrimonial- tienen siempre carácter instrumental (Fallos 323:3229 y 324:3569). Es decir que la accionada funda su derecho en normas de jerarquía inferior cuya aplicación invoca con prescindencia de las concretas circunstancias del caso y de sus consecuencias lesivas respecto de derechos garantizados por la Ley Fundamental (art. 28 de la Constitución Nacional), sin haber demostrado siquiera que el mantenimiento de la afiliación del accionante afecte de algún modo el equilibrio patrimonial de la relación. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Este Superior Tribunal de Justicia ha señalado anteriormente que resulta necesario tener como principio rector la calidad de vida del paciente. Las personas tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, no pudiendo negarse al actor el acceso al tratamiento aconsejado por su médico tratante (cf. [STJRNS4 Se. 166/15 “CHIRINO”], [STJRNS4 Se. 42/15 "SCHWERTER SANDOVAL”] y [STJRNS4 Se. 144/16 “ZAPATA”], entre otros). En lo que aquí importa en el sublite ha quedado acreditada -tal como lo sostuvo el Tribunal de Amparo- la urgencia y el mayor daño a la salud de la joven que implicaría retrasar el tratamiento integral requerido. Por lo tanto resulta evidente que en el caso nos encontramos frente a una restricción clara y manifiesta al derecho constitucional a la salud y a la vida de la hija del amparista, habiendo obrando la Obra Social requerida con arbitrariedad manifiesta al respecto, sin que la reglamentación provincial del IPROSS (resolución nº 72/94, ley K nº 2753 y decreto reglamentario nº 839/14) pueda restringir el derecho a la cobertura urgente que se reclama por esta excepcional vía.