Sumarios del STJ

<52178> En función de lo expuesto y atento a los planteos constitucionales del recurrente, dadas las consecuencias irreversibles que produce impedir toda reparación efectiva ulterior, corresponde hacer lugar al recurso de queja deducido a fs.[…] de las presentes actuaciones, y en consecuencia declarar admisible el recurso de casación interpuesto y que fuera denegado por el Consejo de la Magistratura. (Voto del Dr. Mansilla por la mayoría)

<52177> La irrecurribilidad prescripta por la ley local (art. 45 ley K 2434) no es óbice para la revisión judicial en aquellos casos y con los alcances que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha habilitado. Ha dicho el Tribunal cimero que la impugnación judicial y su admisibilidad solo serán viables en aquellos supuestos donde se señale la violación del debido proceso y de la defensa en juicio y siempre que el recurrente muestre que la reparación del perjuicio será conducente para variar la suerte del proceso (Fallos: 276:264; 291:259; 292:157, entre varios; cf. [STJRNS4 Se. 71/12 "Meynet] […]”, [Se. 74/14 “Vila Llanos] […]”). (Voto del Dr. Mansilla por la mayoría)

La presentación en estudio no consigue demostrar el hipotético desacierto en que habría incurrido el Juez a quo al rechazar la acción de habeas corpus, toda vez que el recurso intentado no configura una crítica concreta y razonada de la decisión adoptada, circunstancias éstas que obstan por sí mismas a la admisibilidad del remedio incoado. No surge la configuración flagrante o evidente del agravamiento de las condiciones de detención que ameriten la urgencia requerida para habilitar la acción de habeas corpus. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Sabido es que, no obstante el “nomen iuris” que las partes invoquen, es obligación de los jueces dar a cada petición el encaminamiento adecuado. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

El Superior Tribunal de Justicia señaló la improcedencia de las garantías procesales específicas de corte constitucional cuando supongan obviar las atribuciones legales correspondientes a otras autoridades; y que es el juez natural, autoridad regular de la causa, ante quien deben articularse todas las defensas y transitarse por la vía procesal de los recursos disponibles legalmente, con prohibición de serle sustraída por vía de las excepcionales garantías procesales específicas plasmadas en la Constitución de la Provincia y que no cabe desplazar sin más al juez competente, en ejercicio de la potestad que la Constitución y la leyes procesales le acuerdan (cf. STJRNS4 Se. 1/14 “BUSTOS” y Se. 162/15 “RALINQUEO”). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Son reiterados los precedentes de este Tribunal en los que se ha señalado la improcedencia del habeas corpus cuando ello implica desplazar sin más al juez competente ante quien se encuentra a disposición tanto el condenado como el procesado (cf. STJRNS4 Se. 119/11 "LLAMBAY", Se. 107/13 “CASTRO”, Se. 162/15 “RALINQUEO” y Se. 166/16 “GALIANO”). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Estamos ante una excepción al principio general en punto a los límites del recurso de apelación en el acotado margen procesal del amparo colectivo (cf. art. 20 Ley 2779), en tanto en el caso en examen se advierte la afectación del derecho de defensa que asiste a los requeridos y corresponde revocar la sentencia impugnada. A fin de evitar un dispendio jurisdiccional deberá reenviarse la causa al mismo magistrado para que dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho, indicando los incumplimientos eventuales de cada uno de los requeridos, según el ámbito de sus respectivas incumbencias, y determinando con precisión la legitimación pasiva de los responsables (cf. Art 12 ley 2779) y las obligaciones que habrá de imponerle a cada uno de ellos. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Cada uno de los organismos involucrados en el ámbito de la competencia legalmente asignada, tienen deslindados sus respectivos marcos de actuación en los cuales deben cumplir sus obligaciones, como así también ejercer sus derechos desplegando las potestades de control, vigilancia y regulación atinente a la defensa del medio ambiente. Al condenar indiscriminadamente a los demandados en estos autos el Juez se apartó de un principio rector en materia de derecho público, cual es que los entes estatales deben desarrollar su actividad en el marco de sus competencias. Es por ello que el magistrado deberá dictar una sentencia que individualice los incumplimientos incurridos por cada uno de los demandados y -en su caso- les imponga la condena de conformidad a las esfera de competencia -atribuciones y obligaciones- que tienen constitucional y legalmente asignada cada uno de los demandados, a fin de poder fiscalizar de manera efectiva el cumplimiento de su decisión. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Resulta aplicable lo dicho por este Superior Tribunal de Justicia recientemente en el precedente “REYES” (STJRNS4 Se.74 /17). Allí se sostuvo que: “...tal como ha sido sentado en autos “CEPEDANO” (STJRNS4 Se. 189/15) la fijación de políticas educativas, como así también la planificación, organización y administración del sistema son, por imperio Constitucional, privativas de las autoridades educativas (cf. STJRNS4 Se. 35/16 “CÓRDOBA”). Sabido es que no incumbe al Poder Judicial juzgar sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones propias de los otros poderes del Estado y que la misión más delicada de la justicia es la de saber mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las facultades que incumben a otros poderes (cf. CSJN Fallos: 98: 20; 147: 402; 150: 89; 160: 247; 238: 60; 247: 121; 251: 21, 53; 275: 218; 293: 163; 303: 1029; 304: 1335 - STJRNS4 Se. 189/15 “CEPEDANO” y Se. 35/16 “CÓRDOBA”)”. La vía del amparo no resulta la adecuada, pudiendo procurarse a través de los mecanismos administrativos pertinentes la relocalización del niño en otras Escuelas de la zona, sin que se vislumbre una violación actual o inminente al derecho a la educación. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El Superior Tribunal de Justicia ha enfatizado en punto al recurso de apelación en las acciones de amparo, que debe estarse al texto expreso de la ley P Nº 2921 en cuanto a que sólo cabe dicho recurso en contra de la sentencia definitiva que resuelve la cuestión de fondo del amparo: es decir, la cuestión constitucional(cf. STJRNS4 75/13 “BELLO”, Se. 44/14 "PROVINCIA DE RÍO NEGRO” y Se. 27/15 "BARDEGGIA”). No resultan apelables, en cambio, aspectos procesales o colaterales que no hacen a la citada cuestión sustancial (cf. STJRNS4 Se. 91/14 “UNIÓN PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN”, Se. 99/15 “GONZALEZ” y Se. 75/16 "KOBERSTEIN”). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)