Sumarios del STJ

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de OSDE, revocando la sentencia de amparo. En el sub examine no surge negativa a la cobertura de la cirugía reclamada por el amparista, sino que por el contrario puso a disposición de su afiliado los datos de sus prestadores autorizados en la ciudad Autónoma de Buenos Aires que pudieron haber intervenido quirúrgicamente al amparista -según su plan de cobertura-(…) En consecuencia se observa que el deber concreto de la requerida no ha sido motivo de negativa infundada, sumado a que el amparista no acreditó que la intervención de los prestadores escogidos sea imprescindible para la adecuada atención de su patología debido a su indiscutida experticia o conocimiento científico destacado. (voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

La sentencia “política” cuya nueva revisión aquí se peticiona fue oportunamente impugnada por el accionante, llegando en su intento recursivo a interponer Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que fue desestimado en fecha 30 de septiembre de 2008 (cf. Fallos 331:2156, en autos "Recurso de hecho deducido por A. G. C. en la causa Rodríguez, A. J. s/ presentación", Causa R. 891. XLIII). En dichas actuaciones la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia que declaró inadmisible la casación [STJRNS4 Se. 73/07 “CARIATORE”]. El recurso de revisión intentando por el recurrente solo es de aplicación frente a sentencias judiciales y que la sentencia adoptada por el Consejo de la Magistratura que dispuso la destitución del Dr. C. no constituye precisamente una decisión jurisdiccional que sea pasible de tal recurso (cf artículos 196 y 207 inc. 2 c) de la Carta Magna provincial). (Voto de la Dra. Zaratiegui y Dr. Mansilla por sus fundamentos)

Corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto. El enjuiciamiento que lleva adelante el Consejo de la Magistratura tiene por objeto constitucionalmente establecido determinar la responsabilidad política en el desempeño de las funciones del magistrado. Su naturaleza no corresponde a la del proceso penal dado que no se encuentra encaminado a la comprobación de la existencia de un delito. Por ello, las sentencias traídas como fundamento de la pretensión del aquí actor, que fueron sustanciadas ante tribunales judiciales a fin de analizar la responsabilidad penal y civil del recurrente, no tienen la implicancia que el aquí recurrente pretende asignarles en el proceso de juicio político. (Voto de la Dra. Zaratiegui y Dr. Mansilla por sus fundamentos)

El recurrente ha errado en su reclamo, al no haber advertido que el instituto de la revisión por él utilizado es de aplicación frente a sentencias judiciales -en general- y en particular, de aquellas producidas en el Fuero Penal. Más una sentencia de destitución dispuesta por el Consejo de la Magistratura no constituye obrar judicial alguno, por la circunstancia evidente e inobjetable que el órgano mencionado no es parte del Poder Judicial y, por tanto, no actúa jurisdiccionalmente, potestad que solamente posee, reitero, el Poder Judicial, por imperativo constitucional (cfme. juego armónico de artículos 196 y 220 y 222 de la Carta Magna provincial). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia).

Dada la similitud del caso presentado en autos con respecto a los planteos de los precedentes antes aludidos ([STJRNS4 Se. 126/16 “ARNALDO”], [STJRNS4 “PURRAYAN” Se. 127/16] y [STJRNS4 Se. 73/17 “RODRIGUEZ”]), es dable reiterar que la vía del amparo no resulta la adecuada para abordar cuestiones como las suscitadas en el sub examine relacionadas con diferencia de criterios respecto a los valores que reglamentariamente están fijados por el IPROSS para el ejercicio de la asistencia de cuidadores y enfermeros. A todo evento, siempre queda abierta la posibilidad para los presentantes de ejercitar sus derechos en el procedimiento administrativo o judicial idóneo que brinde la posibilidad de su abordaje con mayor debate y prueba y requerir en ese ámbito las medidas cautelares que estimen pertinentes. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Asiste razón al recurrente respecto a que en el caso de autos resulta aplicable lo expresado por este Superior Tribunal de Justicia en sus precedentes ([STJRNS4 Se. 126/16 “ARNALDO”], [STJRNS4 “PURRAYAN” Se. 127/16] y [STJRNS4 Se. 73/17 “RODRIGUEZ”] … ). En autos no existe denegatoria alguna al pedido de la amparista. Por el contrario, se postula una cobertura del 100 % de las prestaciones pero conforme a los valores que reglamentariamente están fijados por el IPROSS. Es más, el organismo hizo un ofrecimiento de mayor cobertura en atención a la situación particular de su afiliado, la que fue rechazada por la accionante. Es decir, no existe una negativa por parte de la requerida, dado que el IPROSS en su oferta se acercó sustancialmente al precio presupuestado -correspondiente a los honorarios del equipo de enfermería profesional elegido por la accionante-, sin que se presente una palmaria restricción a las garantías constitucionales invocadas, toda vez que el Instituto autorizó el incremento del 12% a partir del 1° de junio de 2017 y del 11,5% a partir del 1° de octubre de 2017. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Este Tribunal ha sostenido oportunamente que “La suspensión de la relación laboral por motivo de huelga no da derecho, en principio, al cobro de salarios por los días no trabajados” (cf. Oliva Funes - Saracho Cornet: Conflictos Colectivos..., p g. 144, DT. 1990-A-178, 554 y 816; LL. 112-197 y 155-372; […] [STJRNS3 Se. 298/02 “UNTER”]). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

En el marco del ejercicio del derecho de huelga, el no pago de los salarios por los días no trabajados es una consecuencia del ejercicio de tal derecho. La remuneración es la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia de su trabajo o por la mera circunstancia de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. De no cumplirse la prestación de trabajo, ni mantenerse el trabajador a disposición, tampoco se debe la contraprestación (cf. “Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén vs. Provincia de Neuquén s. Acción de inconstitucionalidad”, Tribunal Superior de Justicia, Neuquén; 10-abr-2014; […]). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Quien pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe desarrollar su demanda con absoluta precisión, fundando en términos claros cuál es la norma constitucional que sostiene se estaría avasallando, no bastando para ello con la mera enunciación, más o menos genérica, de preceptos constitucionales lesionados [STJRNS4 Se. 109/01 “FISCALIA MUNICIPAL DE VILLA REGINA”]. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

No corresponde el pago de salarios por los días de huelga, salvo que ella se funde en causas exclusivamente imputables al empleador. Mientras la responsabilidad del empleador no se funde en ley que razonablemente la imponga, ni en su conducta culpable o en una convención, la imposición del pago de salarios en los días de huelga vulnera los derechos que garantizan los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional, que no pueden desconocerse con base en lo prescripto en el art. 14 de la Constitución Nacional. La sola circunstancia de que los salarios reclamados correspondan al lapso durante el cual ha tenido lugar una huelga no calificada por la administración, no justifica el reconocimiento judicial del derecho a su cobro por parte de quienes intervinieron en el movimiento (CSJN ”Buhler, Erico F., y otros c/ Talleres Galc y Cía. S.R.L.”, 1963, Fallos: 256:307).(Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)