Sumarios del STJ

No se advierte la configuración de un supuesto que habilite una excepción a la citada regla de la ley P nº 2921, en tanto no se ha afectado el derecho de defensa que asiste a los requeridos a quienes se les impusieron astreintes, ni se ha configurado un supuesto de arbitrariedad manifiesta. (voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La doctrina sobre el alcance y el carácter de esta vía excepcional no ha sido alterada por la reforma constitucional de 1994, al incluirla en el art. 43, pues cuando éste dispone “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo”, mantiene el criterio de excluir dicha vía en los casos que por sus circunstancias requieran mayor debate y prueba y, por lo tanto, sin que se configure la “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, requisito cuya demostración, como se dijo, es imprescindible para la procedencia de esa acción (Fallos: 306:788; 319:2955 y 323:1825, entre otros).” (p. ej., “Melano..., Fallos: 331:1403, Dict. de la Procuración General de la Nación). (voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Si bien asiste razón a los apelantes en cuanto la solución habitacional no implica necesariamente la entrega de una vivienda en propiedad, como también que el ofrecimiento parte de la elección de quien lo hace, ello no justifica que se puedan desatender las necesidades del amparista y de su esposa en función del tipo y grado de discapacidad que padecen y dados los requerimientos habitacionales que derivan de aquellas. En el caso se advierte que los ofrecimientos efectuados no resultaron suficientes para cumplir lo ordenado por la Jueza de amparo ya que los mismos debían adecuarse y contemplar las necesidades del amparista y su cónyuge en razón de las afecciones y la discapacidad que detentan. […] (voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado inveteradamente que “... la acción de amparo constituye un remedio de excepción y es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba. Dichos extremos, cuya demostración es decisiva para su procedencia, V.E. los ha calificado de imprescindibles (doctrina de Fallos: 319:2955 -con sus citas-; 321:1252 y 323: 1825, entre otros). (voto del Dr. Barotto sin disidencia)

El Tribunal ha señalado, al delimitar la acción prevista en la ley 16986, que si bien [...] no es excluyente de las cuestiones que requieren trámites probatorios, descarta aquellas que son complejas o de difícil acreditación y que, por lo tanto, exigen un aporte mayor de elementos de juicio que no pueden producirse en el breve trámite previsto en la reglamentación legal (Fallos: 307:178). (voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Repárese que la Jueza si bien en los considerados de su fallo ha delimitado las incumbencias que le cabe a cada uno de los requeridos declara la responsabilidad “in solidum” de las demandadas, ordenando genéricamente “hacer cesar en forma inmediata el daño ambiental”, “recomponer el daño ambiental generado” y “mitigar los efectos nocivos que generan los agentes contaminantes...”, remitiendo a tal efecto a lo sostenido en la sentencia de fs. […] en cuanto al ejercicio y deslinde de competencias cuando, justamente, lo señalado por este Cuerpo en el pronunciamiento anterior ponderaba que “… la normativa que rige a los entes requeridos define con precisión los distintos roles y, por ende, sus respectivas responsabilidades” (fs. […]). Para finalizar las consideraciones diciendo este Cuerpo que corresponde “… a fin de evitar el dispendio jusrisdiccional aludido, reenviar la causa a la misma magistrada para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho, indicando con precisión los incumplimientos individuales de cada uno de los requeridos y procediendo en la condena según el ámbito de sus respectivas incumbencias” (fs. […]). (Voto del Dr. Mansilla por la mayoría)

Nótese que la decisión de este Superior Tribunal se basó en los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia del día 11 de octubre de 2016 (fs.), toda vez que se entendió que la obligación de información impuesta por el Juez del amparo respecto al proceso encomendado al GEAMIN no garantizaba la efectiva remediación ambiental vinculada a resguardar el derecho colectivo de los niños, niñas y adolescentes de San Antonio Oeste y su zona suburbana ante la existencia en la zona de contaminación ambiental con plomo y otros metales pesados. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

[…] siete años transcurrieron desde el dictado de aquella cautelar, que perdió vigencia cuando se presentó el informe aludido. Es por ello que se considera que la sentencia impugnada se encuentra adecuadamente fundada en los términos del artículo 200 de la Constitución Provincial; máxime dado que los agravios de la recurrente no consiguen demostrar el hipotético desacierto en que habría incurrido el Tribunal de amparo al rechazar el nuevo requerimiento de la accionante de fs. […], basado en una decisión cautelar que ya ha perdido vigencia, circunstancia que ha sido puesta en relieve por el sentenciante en el fallo impugnado. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Con relación a la atribuida conculcación de las garantías constitucionales no evidencia el escrito impugnaticio un desarrollo eficiente a fin de otorgarle carácter autónomo, en la medida que la recurrente no ha demostrado la necesaria e insoslayable existencia de “relación directa e inmediata” entre los derechos constitucionales invocados y la cuestión objeto del pleito (art. 15 Ley 48). Ello reviste particular importancia en la medida que “la sola mención de preceptos constitucionales no basta para aquél fin” ([Fallos 165:62; 181:290; 266:135]). La relación directa que la ley citada exige existe sólo cuando la solución de la causa requiere necesariamente de la interpretación del precepto constitucional aducido ([Fallos 187:264; 248:129; 268:247]). De otro modo la jurisdicción de la Corte Suprema sería ineludiblemente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional ([Fallos 238:488; 295:335]). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Si bien a fs. […] se verifica en el escrito de la recurrente la existencia de un exceso de renglones respecto del máximo permitido por la norma -nótese que son unos veintisiete (27) renglones-, conteniendo además el texto distintos tamaños de letra; lo cierto es que el advertido incumplimiento del art. 1º de las reglas aludidas se circunscribe exclusivamente a los extremos mencionados. Luego, en relación a la carátula exigida en el art. 2º de la Acordada, que la recurrente acompaña, se observan diversos errores u omisiones, en tanto no cumple con los incs. e), g) e i) referidos a indicar el carácter en que interviene en el juicio toda vez que se consignó en el acápite destinado a los representados “Provincia de Río Negro (Dirección de Comercio e Industria)”, mencionar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino a fs.[…] y contener la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal, con simple cita de las normas involucradas en tales cuestiones y de los precedentes de la Corte sobre el tema, si los hubiere. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)