Sumarios jurisdiccionales

La sentencia ha ponderado la prueba desde el marco que imponen la normativa vigente en delitos de violencia contra la mujer, con rigurosidad analítica y con atención al principio de inocencia desde que particularmente se ha ocupado tanto de verificar la acreditación de la hipótesis fiscal como de descartar la teoría del caso que ha traído la defensa. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

La ausencia de habilitación de día y hora es una forma que se subsanó con la efectiva realización de la audiencia con la intervención de las partes -atendiendo a las particularidades del caso reseñadas por el Juez de Garantías y antes citadas- pues en la misma se “ha conseguido su fin respecto de todos los interesados” (art. 86 último párrafo, CPP). (voto del Dr. Adrián Fernando Zimmermann por sus fundamentos)

El planteo que realiza el defensor en relación a la supuesta errónea aplicación de las reglas del Art. 58 del CP, debo decir que no son tales ya que es deber del Juez proceder a la unificación de condenas (art. 58 del Código Penal, primer párrafo, primera regla), siendo que el planteo que hace el defensor en relación a que debe hacerlo el que dicta la pena mas grave, es para el supuesto que no se hayan seguido las reglas del primer párrafo. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Los agravios la defensa se desmoronan y sus quejas de la falta de levantamiento de rastros en el interior del domicilio de R. o si él vivía allí o no, no pueden desacreditar la sentencia de condena que acepto la hipótesis de acusación -más allá de toda duda razonable- por haberse acreditado con la prueba surgida del juicio. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Corresponde rechazar la impugnación deducida por la Defensa por ausencia de críticas serias, concretas y razonadas, desde que la conducta del encartado no se motivó en una errónea interpretación de la pauta impuesta por el Juez Baquero Lazcano sino por razones bien distintas como son la irresolusión del conflicto primario.

Resultan infundados los supuestos de arbitrariedad invocados por la defensa por cuanto el sustento sobre el cual se erige la necesidad de la medida (amenazas a testigo) aparece como suficiente en orden al aseguramiento contra riesgos procesales, resultando instrascendente las consideraciones que realiza tangencialmente la jueza sobre la actividad fiscal en orden la protección de los testigos. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Corresponde rechazar la impugnación presentada por el defensor del imputado y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de juicio de General Roca, desde que la prueba ponderada por el a quo cumple sobradamente el estándar de prueba (“más allá de toda duda razonable”) para arribar a la sentencia de condena. (voto del Dr. Fernando Adrián Zimmermann por la mayoría)

Analizados los antecedentes de la condena, cabe concluir que no se vislumbra siquiera una afectación al derecho de defensa que amerite la nulidad del juicio. En ese sentido, se ha sostenido “como requisito de procedencia de un requerimiento de nulidad, este Superior Tribunal de Justicia exige el señalamiento del perjuicio sufrido y el interés que se persigue con dicha declaración. Para ello, el agravio debe completarse con la mención suficiente de las defensas que el nulisdicente se vio privado de oponer; de lo contrario, el planteo deviene abstracto, ya que la nulidad tiene por fin subsanar tal perjuicio (Se. 66/02 STJRNSP). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí sin disidencias)

Del repaso de la sentencia surge con absoluta certeza que la misma ha dado respuesta a cada uno de lo puntos desarrollados como agravios por el defensor, y ha quedado demostrado que la sentencia no es arbitraria ni absurda, por el contrario la misma contiene una valoración integral de la prueba producida en el debate y mas aún aplicando los criterios de violencia de género y de perspectiva de género, logrando acreditar los extremos de acusación. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi sin disidencias)

Los agravios presentados por la Defensa no demuestran la existencia de arbitrariedad en la valoración realizada por el Tribunal de juicio, cuando ese estado existe, debe contener una entidad destructora, por ser contrario a la justicia, a la razón o a la ley, y/o ejercida por capricho. Repito, una causal de arbitrariedad sobre la decisión debe ser visiblemente injusta, por lo tanto, el planteo de la defensa, en definitiva, no deja de ser un desacuerdo subjetivo con la valoración del Tribunal. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardellal sin disidencias)